Los expertos de la Junta proponen incentivos para retrasar la jubilación voluntaria

Estas son algunas de las medidas que plantea la comisión formada por Pedro Brufao, profesor de la Universidad de Extremadura; Carmen Bravo, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura; y Juan José Torres, letrado en ejercicio y abogado del Estado en excedencia.

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Elena Manzano, ha presentado este miércoles el informe elaborado por los tres expertos con distintas propuestas para mejorar la función pública autonómica, lo que incluye una reforma de la ley extremeña que fue aprobada en 2015.

Manzano ha señalado que las propuestas se estudiarán y aquellas que se consideren más oportunas se llevarán en primer lugar a la mesa general de negociación de la Junta de forma inminente para iniciar un diálogo con los sindicatos. Tras esto, se llevarán a cabo los cambios necesarios a través de decretos y de la reforma de la Ley de función pública, lo que requerirá un acuerdo en el Parlamento regional. Según ha indicado, la intención es promover estas mejoras, aunque no ha querido dar fechas concretas.

La elaboración de este informe se enmarca en un proceso de cambios en la Junta de Extremadura, que en los próximos años afrontará un alto número de jubilaciones. Un estudio encargado en 2022 señala que uno de cada cinco empleados públicos de la Administración regional pasará al retiro antes de 2030, un porcentaje que se eleva al 60% si se toma como horizonte el año 2040. Para el director general de Función Pública de la Junta, Domingo Expósito, esto no debe verse como un problema, sino como una oportunidad para renovar las plantillas y «sustituir determinadas ocupaciones por otros perfiles profesionales».

El informe de los expertos plantea varios ejes de actuación. En lo referente a la clasificación profesional, Pedro Brufao ha expuesto la necesidad de promover «la movilidad y la agilidad para la prestación del mejor servicio público». A su juicio, la organización actual presenta demasiada rigidez, heredada también del propio sistema educativo. Por ese motivo, plantea reformar las divisiones en grupos y especialidades, para dar cabida a títulos que actualmente no pueden acceder al empleo público, y fomentar una mayor adaptabilidad de los trabajadores de la administración a las necesidades actuales.

Sobre los sistemas de selección y la provisión de puestos, Carmen Bravo ha planteado evitar los procesos masivos y acudir en su lugar a convocatorias anuales para plazas que sean imprescindibles. También sugiere más peso para la oposición y menos para el concurso, ya que hay jóvenes recién titulados que tienen difícil acceder a la Junta porque no tienen méritos, o bien valorar cuestiones como el expediente académico durante la carrera o los servicios prestados en otras administraciones. «Hay que ser más atractivos y facilitar el acceso», ha indicado. En la misma línea, ha señalado que «la antigüedad no puede ser el mérito principal en los concursos de traslado», sino que hay que primar a «los que se están matando a trabajar» y se forman mediante cursos o el estudio de idiomas.

En cuanto a la carrera profesional, Juan José Torres ha pedido profundizar en la evaluación del desempeño y premiar el esfuerzo por la formación continua y la mejora de las capacidades, sobre todo en los puestos de especial dificultad. Respecto a las jubilaciones, propone fórmulas como el funcionario tutor para las nuevas incorporaciones o programas de relevo. Ante las previsiones de los próximos años, el informe indica que se puede desincentivar la jubilación voluntaria con medidas económicas y laborales.

El informe del grupo de expertos también sugiere crear un tribunal administrativo especializado en empleo público que resuelva recursos en materia de personal y reforzar el papel de la Escuela de Administración Pública en los procesos de selección y formación.