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La exsecretaria general de la Universidad de Extremadura (UEx) Inmaculada Domínguez acepta la condena de un año y seis meses de prisión, además de pagar una multa de 3.600 euros y estar inhabilitada un año para ocupar un cargo directivo en la Universidad, acusada de falsificación de documentos públicos para tratar de favorecer a su marido y que ocupara una plaza de profesor sin tener la titulación necesaria para ello.
Su esposo, Juan José Alonso, asume una condena de siete meses de prisión y una multa de 1.080 euros por presentar un falso título de licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, que fue validado por la Secretaría General.
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Estas penas forman parte del acuerdo de conformidad al que han llegado los dos acusados, la Fiscalía y la acusación particular, representada por la Universidad extremeña.
La UEx denunció ante la Fiscalía la posible falsedad del título que se le había presentado y que ya había permitido a Alonso participar en varios concursos para obtener plaza de profesor en la Universidad. No los había ganado, pero en esos momentos ya había sido contratado por la Universidad extremeña, que le había dado una dirección de correo electrónico oficial y un despacho para desarrollar sus tareas académicas como investigador. Alonso, sin embargo, nunca llegó a licenciarse en Económicas por la Complutense, como indicaba el título que presentaba. Al presentarse a un tercer concurso para optar a una plaza de profesor asociado del departamento de Economía Financiera y Contabilidad es cuando fue descubierta la irregularidad, en febrero de 2017. La voz de alarma la dio el presidente del tribunal.
El Rectorado, ocupado en esos momentos por Segundo Píriz, tomó la decisión de cesar a Inmaculada Domínguez como secretaria general de la UEx al tener conocimiento de la posible falsedad. La esposa de Alonso negó estar al tanto de que su marido no era realmente licenciado universitario y de que el documento presentado era falso.
La sentencia de conformidad, a la que se ha llegado tras un largo período de instrucción, parece indicar lo contrario. Domínguez podrá seguir impartiendo clases en la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo, centro al que se reincorporó tras abandonar la Secretaria General, el órgano encargado precisamente de certificar la validez de cualquier documentación que se presente.
La Audiencia Provincial de Cáceres debe emitir ahora una sentencia que se ceñirá, si no existe error formal, al acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, a cuyo contenido ha tenido acceso HOY. No cabrá recurso contra la decisión del tribunal por lo que será firme.
Los dos acusados han aceptado la condena que no supone el ingreso en prisión para ninguno de ellos, por ser la pena inferior a dos años y no tener antecedentes penales.
Además, Inmaculada Domínguez no se verá obligada a dejar la docencia, ya que la inhabilitación de un año que se le impone es solo para ocupar cargos directivos en la Universidad. Domínguez recibe una condena superior a la de su marido porque está más penado el hecho de ostentar un puesto de autoridad en el caso de cometer el delito de falsedad en documento oficial.
Por otra parte, las acusaciones han aplicado la atenuante de reparación del daño, ya que el matrimonio ha devuelto el dinero que Alonso ingresó de la UEx desde que fue contratado como investigador.
La investigación de este caso ha sido realizada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres. Cuatro testigos coincidieron en afirmar que sabían que Alonso no había terminado carrera alguna, lo cual era conocido «en su entorno». También se constató, sin embargo, que Juan José Alonso optó en varias ocasiones a plazas convocadas por la UEx, presentando documentación falsa que era compulsada en la Secretaría General.
«Alonso había confeccionado con anterioridad personalmente la certificación falsa simulando las firmas que figuran en la misma, compulsando las fotocopias su esposa, doña Inmaculada Domínguez, en aquel momento secretaria General de la Universidad de Extremadura, a sabiendas de que su esposo no estaba en posesión de dichos estudios de licenciatura, utilizando a tal efecto los sellos de la Secretaría General de la Universidad», se puede leer en un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres.
La instrucción se ha dilatado por las pruebas recabadas de tipo caligráfico, por ejemplo, y también por el hecho de que hasta cuatro jueces se inhibieron para resolver algunos de los recursos presentados por Domínguez y Alonso durante el procedimiento.
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