¿Y EN EXTREMADURA?

En Extremadura hemos escuchado al presidente Fernández Vara salir en defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Llamó «progres de pacotilla» a quienes desde el buenismo no son conscientes de que, en un estado de derecho, la fuerza es a la que a veces le toca proteger a la sociedad de quienes atentan contra sus derechos. Distinto es si su acción es oportuna o proporcionada en todo momento, pero ahí la responsabilidad es política, no de los policías. Una vez que se envía a dos equipos antidisturbios a cerrar un colegio o impedir una manifestación no autorizada, no esperemos que profesionales preparados para usar la fuerza se pongan a disertar sobre Aristóteles, Hobbes o Locke. No es su trabajo. Estuvo bien Vara. Pero aunque no lo crea, sus reflexiones se encuentran en el polo opuesto de la propuesta de reprobación planteada por el PSOE en el Congreso contra la vicepresidenta, precisamente por su responsabilidad política, sí, en las cargas policiales del domingo. Porque es de papanatas salir, justo ahora, con esa iniciativa. Porque es como preguntarle a un bombero por la vajilla de la abuela mientras trata de sofocar un incendio del edificio entero, con sus inquilinos todavía dentro... Un alto dirigente socialista me ponía el viernes el siguiente ejemplo: «Esto es como una guerra. Y en las guerras lo primero que se destruyen son los puentes. El PSOE ha decidido situarse precisamente en los puentes». Pues como no espabilen lo que pueden conseguir es saltar por los aires.

En efecto, la cosa de Cataluña va (también) de dos bandos: el de los que están con la Constitución y las leyes y el de los que tratan de sortearlas o acabar con ellas en el Parlament, en la calle, en TV3 y en esas tertulias e intervenciones públicas de los independentistas en las que se han instalado, desde el mismo lunes -ya lo rechacé el domingo pasado en mi carta- las palabras 'mediación' y 'diálogo'. Como si Rajoy y Puigdemont, España y Cataluña, convencer e imponer, interlocutaran de igual a igual. También lo advertí hace una semana, algo que hoy es mucho más evidente: los promotores de este inmenso desastre para aquella comunidad y el resto del país con quienes tienen que dialogar, pero cuanto antes, es con jueces y fiscales. Y no pedir 'rescates'.

El Partido Popular extremeño también estuvo bien concretando su postura a través de una propuesta de impulso en la Asamblea para situarse, sin conceder un milímetro a la duda, del lado de la Guardia Civil y la Policía Nacional, condenar el acoso al que se han visto sometidos en Cataluña y apoyar a las instituciones del Estado en su defensa de la ciudadanía frente a quienes conculcan nuestras leyes. Es un modo de apartar del politiqueo declarativo un asunto tan serio. Supongo que, con matices, esa propuesta contará con respaldo del PSOE y Ciudadanos, al menos. La unidad de los partidos constitucionalistas aquí es clave. Aunque solo sea por la voz que, ante el desafío que enfrentamos como españoles, podamos ofrecer desde Extremadura. Estos días se están cociendo decisiones importantes respecto al eje de mercancías del Mediterráneo, por ejemplo. En río revuelto, ya se sabe. La crisis catalana está costando mucho dinero. Y más que costará. Saldrá de nuestras costillas y de las inversiones estatales. Procuremos al menos que no salga de que en Madrid vuelvan a olvidarse de nosotros porque, encima, no tenemos claras algunas cosas.

Otro político que se expresó esta semana con nitidez, conectado perfectamente con el sentir de la ciudadanía, fue el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. «Rechazo la negociación con golpistas y creo en el diálogo dentro del marco legal que supone la Constitución». Lo triste es que, a estas alturas, el alcalde de un municipio del tamaño de Villanueva tenga que explicitar semejante perogrullada porque su gente quizás no tenga del todo claro qué opina, a tenor del desorden interno en el que vive el PSOE.

Hace dos semanas titulaba esta carta diciendo que Cataluña nos concierne a los extremeños. Sensiblemente. En muchos sentidos. Sociales, económicos y políticos. Hoy insisto. Convencido además de que lo sucedido en Cataluña puede ser también, como dice un gran amigo mío, una oportunidad a modo de vacuna contra los nacionalismos. El viernes ya sabíamos cuántas empresas y de qué importancia estaban huyendo de Cataluña a otras ciudades de España: Caixabank, Banco Sabadell, Dogi... Lo hacían para garantizarse un marco de seguridad jurídica, lo que indica que a esa fecha Cataluña seguía siendo un incendio activo y descontrolado. Pero sobre todo acuciadas por un efecto de rechazo, por una cuestión reputacional. No acabarán los problemas de esas compañías cambiando de sede. Otra piedra de toque fueron las palabras de Artur Mas en Financial Times: «Cataluña no está preparada para una independencia real». Claro. Ni Cataluña ni ninguna otra comunidad que pretenda hacerlo por las bravas y fuera de la legalidad. Diría más, si alguna, como País Vasco, quisiera hacerlo a buenas, ahora se lo pensará mucho más. España puede protegerse contra el nacionalismo que ha usado la amenaza de la ruptura como un arma de negociación. PP y PSOE deberían ser conscientes de que los nacionalistas, siendo importantes, no lo son si se sitúan frente al resto del país, a lo que representa la economía globalizada, la moneda única o el abrigo de Europa. PP y PSOE deberían sellar un discurso de verdadera igualdad territorial. Como el Pacto de Toledo, cuestión de estado. Las asimetrías, los inventos federalistas o los hechos diferenciales quedarán seriamente tocados después de estas semanas. Y eso será una gran noticia para aquellas comunidades que somos nada más (y nada menos) que españolas.