Otras 56 medallas a las víctimas del terrorismo se conocieron en el día ayer. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó la relación de personas ... que reciben esta distinción honorífica y que se suman a los 80 ciudadanos cuya medalla ya fue concedida en el pasado mes de mayo. «56 víctimas extremeñas, 56 familias que debido a la barbarie terrorista vieron truncadas sus vidas y que hoy reciben este reconocimiento», manifestó ayer José Ángel Sánchez, portavoz del Partido Popular de Extremadura.
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Así, son 136 extremeños quienes recibirán una distinción que entrega la Junta de Extremadura a propuesta del órgano competente en materia de Interior. Por eso, el decreto con la relación de las medallas de mayo lo firmó Guillermo Fernández Vara, expresidente regional, y el que recoge el último listado está rubricado por Abel Bautista, consejero de Presidencia e Interior.
Las medallas, que no tienen contenido económico, se conceden en base a la ley de apoyo, asistencia, y reconocimiento a las víctimas de terrorismo de Extremadura con la que los grupos políticos de la región reforzaron en la pasada legislatura su compromiso con la asistencia a las víctimas.
Por supuesto, la concesión de estas medallas está reservada para las personas que son consideradas víctimas de terrorismo, en las que se incluyen tanto a las que han sufrido las consecuencias directas de un acto terrorista como a los familiares de éstas hasta el segundo grado de consanguinidad.
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La misma ley también creó las medallas a la defensa de las víctimas del terrorismo, que en mayo de este año se concedió a la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre, y con la que se pretende reconocer la labor de «personas, instituciones o entidades que se hayan distinguido por sus actuaciones en la lucha contra el terrorismo y la defensa y atención a las víctimas», según se lee en la propia ley.
Tras la publicación de la ley en el BOE (Boletín Oficial del Estado) en marzo de 2020, pocos días antes del inicio de la pandemia, para el desarrollo de la regulación de la concesión de las medallas hubo que esperar hasta noviembre de 2022.
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Esa regulación detalla que el plazo para la solicitud de las medallas se abrirá todos los años entre el 1 de enero y el 20 de febrero y que la ceremonia de entrega de las distinciones se celebrará de manera anual el día 6 de septiembre, que se establece como la jornada de reconocimiento y memoria a las víctimas extremeñas.
Será, por tanto, el miércoles de la semana próxima cuando tenga lugar el acto en el que se impondrán las condecoraciones a las 136 personas víctimas del terrorismo que se han reconocido en el presente año y a la Federación de Hermandades de Donantes de Sangre.
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Los nombres de todos ellos serán los primeros que se inscriban en el libro de condecoraciones a las víctimas del terrorismo de la comunidad autónoma de Extremadura que se ha creado y que funcionará como registro de las mismas.
Más allá de las medallas, la ley también incluyó el cambio de denominación del Centro Extremeño de Estudios para la Paz, que pasó a ser el Centro Extremeño de Estudios para la Erradicación de la Violencia y Atención a sus Víctimas. Mantendrá su sede en la ciudad de Cáceres y entre sus objetivos están la defensa de los derechos humanos y la asistencia y atención especializada a las víctimas del terrorismo.
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Igualmente, la ley crea una tarjeta identificativa de víctima de terrorismo que debe servir para agilizar la tramitación de ayudas o prestaciones. Porque otro de los aspectos que recoge el texto legislativo es el impulso que se hará desde Extremadura a las indemnizaciones a las víctimas: desde la región se incrementarán el 30% las concedidas por el Estado en casos de fallecimiento de familiares o de daños personales.
Se establecen, en esa misma línea, ayudas de hasta 45.000 euros por daños materiales en viviendas, sedes de partidos políticos o vehículos, así como la concesión de subvenciones para la instalación de elementos de seguridad para las personas amenazadas.
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Por último, se regulan las acciones asistenciales para quienes hayan sufrido las consecuencias del terrorismo. Entre ellas se incluyen la asistencia educativa, la sanitaria y la psicológica, pero también la que sea necesaria en el ámbito de la autonomía personal en casos de dependencia. De la misma forma, las víctimas de terrorismo serán consideradas miembro de un colectivo preferente en las ayudas en el ámbito de la vivienda y se tratará de favorecer su acceso al empleo.
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