Extremadura es la cuarta región que suprime el impuesto de patrimonio, todas del PP

Este impuesto grava el patrimonio neto, es decir, el conjunto de bienes y derechos de los que es titular una persona. Están obligados a declarar quienes sumen más de 2 millones de euros o bien aquellos que, una vez realizadas las deducciones y bonificaciones, superen el mínimo exento. Con carácter general es de 700.000 euros, pero en Extremadura, en ejercicio de sus competencias, está situado en 500.000 euros. Esto hace que en comparación con otras comunidades haya más declarantes, pero con una cuota menor porque no son tan ricos.

El resto de regiones también ha recurrido en su mayor parte a introducir cambios en el mínimo exento. Según recoge el Ministerio de Hacienda, las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, Canarias, Baleares y Madrid han equiparado la cuantía a lo regulado en la normativa estatal (700.000 euros), mientras que Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana lo han fijado en 500.000 euros. Aragón tiene el tope más bajo, 400.000 euros, lo que implica más presión fiscal; mientras que Murcia lo ha fijado para este año en 3.700.000 euros, lo que supone una supresión en la práctica, ya que a partir de esa cifra hay que pagar el nuevo impuesto estatal a las grandes fortunas. Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana tienen mínimos más altos para personas con discapacidad.

En cuanto a la tarifa, hay nueve comunidades que han aplicado modificaciones. En casi todos los casos consisten en tipos impositivos superiores al estatal, como es el caso de Extremadura.

Pero donde hay cambios sustanciales es en las bonificaciones. En Madrid y Andalucía hay una exención del 100%, mientras que en Galicia se ha elevado este año del 25% al 50%. En otras comunidades hay reducciones puntuales, como por ejemplo en Cataluña para determinadas propiedades forestales. Extremadura no tiene deducción de ningún tipo.

El decreto-ley aprobado por el Gobierno regional el pasado martes contiene una bonificación del 100% del impuesto de patrimonio, con lo que se iguala con Madrid y Andalucía.

El PP de María Guardiola ya planteaba en su programa electoral elevar el mínimo exento y regular la tarifa para equipararse en ambos casos con la norma general. Pero el acuerdo de gobierno con Vox planteó ir más allá y llegar a la supresión completa del impuesto en la comunidad. Así ha sido finalmente.

En otras regiones donde también hay acuerdos de gobierno entre PP y Vox se ha llegado a decisiones similares. El pacto en la Comunidad Valenciana contempla la supresión del impuesto, aunque ya era una medida recogida en el programa electoral de los populares. En Aragón se mantendrá, pero se elevará el mínimo exento a 700.000 euros (como se ha indicado, actualmente es el más bajo del país con 400.000) y se bonificará al 100% el patrimonio formado por inversiones en empresas y servicios generadores de empleo. Y en Baleares se plantea reducirlo de forma progresiva hasta su eliminación total durante la legislatura, aunque supeditado a la derogación del impuesto estatal de solidaridad de las grandes fortunas aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El efecto de la supresión del impuesto de patrimonio en Extremadura es limitado, ya que apenas se recauda 6 millones de euros al año. Pero el Gobierno regional no sólo pretende dinamizar la economía dejando de ingresar esa cifra, sino que también aspira a que personas que fijaron su domicilio en otras comunidades para evitar este impuesto puedan regresar ahora a la región, lo que implicaría tributar por otras figuras.

Para ello pone como ejemplo a Andalucía, que inició en 2019 una senda de bajada de impuestos que se ha visto acompañada por un aumento en el número de contribuyentes, con cerca de 400.000 nuevos declarantes en el IRPF. Esas políticas de rebaja fiscal incluyen al impuesto de patrimonio, que fue suprimido en la región andaluza el pasado año.