Extremadura dice que aceptar la condonación es «inadmisible»

«Aceptar la condonación es inadmisible. No se puede aceptar como justo y equitativo las condiciones fijadas en un pacto que han determinado dos partes, sin contar con las 16 comunidades autónomas restantes. Y es que ese pacto no nace con el objetivo de mejorar los problemas financiación de las regiones, sino de ser presidente a toda costa, de un lado, y de obtener privilegios y avanzar en la hoja de ruta independentista y la fragmentación de España, del otro. Y en, segundo lugar, para defender los intereses de los extremeños y el principio de solidaridad interterritorial iremos donde sea necesario», indica a HOY el Ejecutivo regiona.

Los populares, que gobiernan en 13 autonomías, prometen plantar batalla y reclaman una financiación justa. Insisten en que debe negociarse de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Desde el Ejecutivo extremeño se indica a HOY que no son asuntos «bilaterales», pues «conciernen a todas las comunidades autónomas y requieren consenso».

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, advierte que «ningún gobierno del PP va a permitir que haya ciudadanos de primera y de segunda».

En Génova avisan de que no se van a quedar «callados ni quietos» y trazan ya una estrategia de oposición contra los planes de Pedro Sánchez para logran los apoyos para repetir en Moncloa. «Este no es un acuerdo de investidura. Son todas las cesiones que está dispuesto a llevar a cabo Sánchez para mantenerse en el poder», aseveró Gamarra.

Pese a que los populares denuncian esas «cesiones» para granjearse el apoyo de los soberanistas, en la cúpula del partido no descartan que los gobiernos que dirigen se vayan a negar a aceptar esa ayuda.

En Extremadura el acuerdo entre PSOE y ERC abre la puerta a la condonación de hasta 500 millones de euros de deuda con el Estado. La medida se llevaría a cabo mediante una refinanciación de los mecanismos extraordinarios del Gobierno, entre los que destaca el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

«Alguien quiere que caigamos en la trampa de que este planteamiento es de Estado y forma parte de un criterio de búsqueda de financiación de las comunidades», señaló Gamarra, aunque insistió en que sea a través de un acuerdo multilateral que implique a todas las regiones.

La presidenta María Guardiola mostró rotundo rechazo al acuerdo suscrito entre el PSOE y ERC para la investidura. «Este acuerdo es absolutamente indigno, supone demoler el principio de igualdad entre las comunidades autónomas y otorga privilegios incompatibles con el marco constitucional que nos ampara a todos los españoles», ha señalado la presidenta extremeña en la red social X.

A través del mismo medio respondió a un mensaje del expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien manifestó: «Habrá gobierno. En unos meses habrá presupuesto. España habrá conseguido que los que antes la querían romper ahora se sumen a hacer posible su presente y su futuro. Ese es el cambio. Con el PP hacían referéndum y declaraciones de independencia. Ahora se implican en un futuro en común».

Unas palabras de Vara que no han gustado nada a Guardiola y a las que ha replicado diciendo a través de la antigua Twitter: «No, Guillermo. Habrá gobierno y lo pagaremos muy caro todos los españoles. Se perpetrará un ataque inédito a nuestra democracia, se aplastará la igualdad entre regiones y se premiará a delincuentes. Y todo ello con tu connivencia y aplauso. Increíble».

Entre los presidentes autonómicos del PP han surgido las primeras voces dispuestas a llevar la quita de la deuda ante los tribunales si se producen cambios en el sistema de financiación autonómica «y no se abordan de forma multilateral en el Consejo de Política fiscal y Financiera. «Iremos a los tribunales y a la calle si hay que ir para detener esta injusticia», avisó la consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

El Gobierno andaluz reclama el mismo trato que se va a dar a Cataluña y que se traduciría, por población y por la infrafinanciación que padece, en 17.800 millones y no en los 5.200 millones que le condonaría aplicando el 20% sobre la deuda en el FLA. «Nosotros lo que reclamamos es igualdad entre los españoles y además la defendemos para Andalucía y para el resto de España», afirmó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para quien es «completamente indigno», que Sánchez esté dispuesto «a cualquier cosa y a cualquier precio por el sillón de la Moncloa».

Desde el Ejecutivo murciano insisten en que «es inaceptable» que el presidente en funciones y los independentistas catalanes «negocien un trato privilegiado que premia la deslealtad y deja fuera al 84% de los españoles que no residen en Cataluña». Y es que, recuerdan, la región es « la comunidad peor financiada de España y el 80% de la deuda actual tiene su origen en la infrafinaciacion». «No permitiremos más desigualdad y, si es necesario, buscaremos amparo en los tribunales», avisó el presidente murciano, Fernando López Miras.

Castilla y León está también dispuesta a estudiar la vía jurídica. Alfonso Fernández Mañueco ha convocado para este sábado un Consejo de Gobierno extraordinario para acordar acciones frente al «abuso de poder» de Sánchez. «Ha regalado a los desleales, a los huidos de la justicia y a los separatistas 15.000 millones. Es más que nuestro presupuesto anual», denunció Mañueco, que contrapuso la situación en Cataluña con la de la su comunidad, que cuenta con «cuentas públicas saneadas». «Hemos pasado de una compraventa de votos a una absoluta estafa, si alguien piensa que vamos a mirar para otro lado no nos conoce», aseveró confirmando que acudirán a los tribunales contra este «abuso de poder».

Al frente judicial se suma el Gobierno de Cantabria «que no va a tolerar que se pisoteen los derechos y los intereses de los cántabros» y lo va a hacer «en todos los órdenes, hasta las últimas consecuencias y con «todos los instrumentos», incluido un recurso ante el Tribunal Constitucional. «Cualquier reforma del sistema de financiación autonómica, que es lo siguiente que pretende ser dinamitado por el independentismo, se tiene que abordar de una forma conjunta, porque estamos hablando del ser o no ser del estado de las autonomías, de cosas tan sagradas como la igualdad de los españoles y la solidaridad entre regiones», insistió la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga.

El sucesor de Feijóo al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, ya ha advertido de que Galicia «no va a quedarse callada ni será sumisa» y exige la convocatoria urgente de una conferencia de presidentes. «Lo que nos afecta a todos, se decide entre todos. No a puerta cerrada entre dos partidos», declaró Rueda pese a que el acuerdo al que ha llegado el Bloque Nacionalista Galego (BNG) con el PSOE a cambio de su apoyo a la investidura incluye una compensación «análoga» de su deuda. «Debe nacer de un consenso multilateral, y no hay otro lugar para alcanzarlo que el Consejo de Política Fiscal y Financiera», zanjó al respecto.

Pese a que la Comunidad Valenciana o La Rioja son algunos de los territorios que podrían verse más beneficiadas por el mecanismo anunciado por Moncloa, sus respectivos presidentes han cerrado filas con el resto de autonomías del PP. «Vamos a seguir defendiendo que hay una realidad de injusticia extraordinaria, que nos merma en cohesión social independientemente del contexto», confirmó este viernes el presidente valenciano, Carlos Mazón, que siempre ha defendido siempre la necesidad de una «compensación» del Gobierno central para su comunidad por lo que considera su infrafinanciación histórica. Mazón garantizó además que su Ejecutivo hará valer su posición, «incluso en los tribunales», ante «cualquier trato bilateral injusto».

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, al igual que el aragonés Jorge Azcón incidió en que cualquier decisión «en la medida en la que afecta a los recursos de los españoles debe hacerse en el seno de la Conferencia de Política Fiscal y Financiera». «Nos opondremos con todos los medios. Cuando se negocia el dinero de todos se negocia con todos, no solo con los catalanes», apuntó, por su parte, Azcón.

La Comunidad de Madrid que no ha recurrido a FLA y que insisten desde el Ejecutivo regional es «la que más aporta» esperará a estudiar bien la letra pequeña del acuerdo entre el PSOE y ERC antes de tomar una decisión política o elevar nada a los tribunales. «Si empezamos a reclamar miseria lo que haremos es multiplicar la miseria», afirmó Isabel Díaz Ayuso. Para la presidenta madrileña, el futuro de España «lo tenemos que decidir entre todos, no una minoría que cada vez era más pequeña hasta que el proyecto de Pedro Sánchez en Moncloa le está dando las alas que no tenía».