Extremadura tendrá en dos años las primeras viviendas de alquiler asequible

El programa de vivienda de alquiler asequible forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia y es un ejemplo de cooperación. Se financiará con fondos europeos, concedidos por el Gobierno y gestionados por las comunidades autónomas, en suelo cedido por los ayuntamientos y con la implicación del sector privado.

El Gobierno regional puso en marcha en la pasada legislatura este programa con la construcción de 45 viviendas en el barrio de La Calzada en Mérida, que ya se levantó en su día gracias a una iniciativa pionera de la Junta de Extremadura, el Plan 60.000. A esto se sumaron 80 pisos en dos parcelas de Badajoz, en Cuartón Cortijo y San Roque; y 87 en la zona de Maltravieso en Cáceres. En Almendralejo el solar escogido se encuentra en la calle Brasil.

En todos los casos se trata de suelo cedido por los respectivos ayuntamientos, lo que permite reducir el precio de coste y facilita el arrendamiento a precio tasado. La constructora deberá terminar las viviendas antes de junio de 2026, plazo previsto para la finalización del Plan de Recuperación. Después podrá explotarlas en régimen de alquiler por un plazo de cincuenta años, tras lo que pasarán a manos de la Junta de Extremadura.

Tras la convocatoria de los concursos, la empresa extremeña Plalyso resultó adjudicataria de las promociones en las tres capitales. En Badajoz hubo dos ofertas, pero en Cáceres y Mérida su propuesta fue la única que se presentó. Los contratos se firmaron a finales de noviembre, tras lo que hay que proceder a la inscripción de las fincas y a la tramitación de las licencias de obras para poder iniciar los trabajos. El consejero de Infraestructuras de la Junta, Manuel Martín, ha anunciado recientemente que la construcción de esas promociones está cerca de empezar.

La empresa adjudicataria asumirá el coste de las obras y a cambio recibirá los ingresos procedentes del alquiler. Asimismo, recibirá financiación de la Junta con cargo a los fondos europeos de recuperación. La ayuda asciende a 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, con un máximo de 50.000 euros por piso. A esto se suman otros 20.000 euros en caso de que se planteen soluciones residenciales basadas en el modelo cohousing, que consiste en fomentar espacios de convivencia e interrelación en comunidad. En los tres casos ha propuesto mejoras como un espacio para taller y almacenamiento de bicicletas y un punto de recarga comunitario para vehículos eléctricos.

Por tanto, la cuantía máxima de la ayuda asciende a 70.000 euros por vivienda. En consecuencia, la aportación de la Junta para las promociones de Badajoz, Cáceres y Mérida asciende a 14.840.000 euros.

El objetivo de este programa es facilitar el acceso a la vivienda en edificaciones que tengan un máximo nivel de eficiencia energética y sostenibilidad. La norma que regula este plan recoge que en España un 37,4% de la población que vive en alquiler destina más de un 40% de su renta disponible al pago de su vivienda, mientras que en el conjunto de la Unión Europea la media es del 24,2%.

Este plan coincide con otras políticas destinadas a controlar el coste de la vivienda, como la declaración de zonas tensionadas que promueve el Gobierno y el índice de precios de alquiler. La Junta de Extremadura ha descartado recurrir a esas medidas, ya que considera que se trata de actuaciones intervencionistas y que en la región este problema no llega al nivel de otras comunidades. Pero no por ello renuncia a otro tipo de acciones, como la construcción para alquiler asequible.

Tal como recoge la documentación que acompaña a los concursos convocados por la Junta para la cesión de suelo para estas promociones, se pretende contar con un producto intermedio entre las viviendas sociales y las de protección oficial.

En Badajoz, Cáceres y Mérida el porcentaje de viviendas sociales, destinadas a colectivos vulnerables, es del 3,65%, 2,50% y 5,49%, respectivamente. Las tres ciudades están por encima de la media regional, que es del 2,11%. Por tanto, se considera que los sectores más desfavorecidos tienen sus necesidades cubiertas.

Sin embargo, hay otros grupos de población que no pueden acceder a una vivienda en propiedad pero que por sus ingresos tampoco cumplen los requisitos para una vivienda social, por lo que deben destinar un elevado porcentaje de su renta a sufragar el precio del alquiler. Se trata sobre todo de jóvenes, solteros y familias con sueldos medios.

Los pliegos de condiciones para estos concursos recogen que en las tres capitales extremeñas el alquiler había subido entre un 6,6% y un 7,9% en el último año, según los principales portales inmobiliarios. A esto se suma el incremento de los tipos de interés y por tanto el encarecimiento de las hipotecas, lo que complica aún más la compra. De ahí que se plantee una solución que permita acceder a una vivienda digna con un coste asequible, con financiación pública y la colaboración del sector privado.