¿Tiene Extremadura excesiva protección?

El gran revés del Supremo que obliga a demoler el complejo de Valdecañas ha puesto sobre la mesa el debate sobre si Extremadura está demasiado protegida medioambientalmente. Es hablar de una refinería, una mina, un complejo turístico... y aparecer dos partes tirando en dirección opuesta de la misma soga mientras surge la pregunta de si la protección de las aves frena el desarrollo de las personas.

Según datos de la Junta de Extremadura, el 26,1% (sobre un millón de hectáreas) de la superficie de Extremadura es Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), el 19,9% (828.949 has) son Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y el 7,5% (314.110 has) Espacios Naturales Protegidos (ENP). Algunas de estas protecciones se solapan, pero al final entre ZEPA, LIC y ENP suman 1.276.288 hectáreas, el 30,6% de la superficie de la región.

Para Carlos Garrón, miembro de Ecologistas en Acción, «que la Junta crea ahora que esto es exagerado obedece a una pataleta. Aquí ha habido unas personas gobernando durante los últimos cuarenta años que son los que han desarrollado esa Red Natura, no nosotros (los ecologistas)». Además, según Garrón, en España otras comunidades se manejan con unas superficies protegidas naturales similares, de entre el 25% y el 30%. Pone el ejemplo de Cataluña o Andalucía, que tienen un porcentaje similar de protección de su territorio y están más desarrolladas.

Julián Mora Aliseda, catedrático de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Extremadura, afirma que las ZEPA son más unas figuras jurídicas que científicas. «En Extremadura los espacios naturales como tales no existen, ya advertí de ello hace años, cuando dije que muchas protecciones estaban siendo arbitrarias sin criterios científicos, ya que la directiva europea establece que debían tener los requisitos de singularidad, rareza, excepcionalidad y vulnerabilidad, pero de repente hemos empezado a decir que todo era espacio natural».

Según razona Mora Aliseda, la mano del hombre ya ha transformado antes lo que ahora llaman ZEPA, y pone como ejemplo los Llanos de Cáceres, donde todo era un bosque cerrado hasta que hace siglos el Consejo de la Mesta lo transformó para el ganado porque era lo rentable. Y añade que precisamente zonas fuertemente antropizadas por los cultivos como las Vegas del Guadiana concentran un gran número de aves esteparias porque allí encuentran alimento.

Llegados al complejo de Valdecañas que el Tribunal Supremo acaba de ordenar demoler en su totalidad, este profesor de la UEx opina que la decisión es «un auténtico dislate» pues este lugar se declaró ZEPA sin ser un humedal natural y además se ha demostrado que desde que existe el complejo hay casi el triple de grullas y la cifra de anátidas se ha multiplicado.

Los ecologistas lo ven de otro modo y creen que en lugares de fuerte pendiente y riberas y zonas de pantano no se debe construir. «No hace falta ni que haya una figura legal, es una cuestión de lógica», apunta el representante de Ecologistas en Acción.

En cualquier caso, la Red Natura, que empezó a tejerse alrededor del año 2000 de manera progresiva, no es inamovible. El pasado mes de septiembre una noticia de HOY explicaba que se estaba estudiando una revisión de al Red Natura 2000 con el fin de ampliarla en algunos lugares para que el sisón común no se extinga y reducirla en otros para permitir el desarrollo urbanístico de algunos pueblos, asfixiados por las protecciones. Sobre estas cuestiones se pronuncia inicialmente el consejo asesor de Medio Ambiente, que se creó en 1999, y luego se van elevando administrativamente sus propuestas.

Al respecto de una posible modificación a favor del sisón común, Marcelino Cardalliaguet, de SEO-Birdlife, negaba que Extremadura estuviera demasiado protegida. «Es falso y a algunos les sirve para echar balones fuera, sobre todo agricultores y ganaderos. Lo que no se puede es poner regadío en toda Extremadura porque no hay ni agua ni mercado para la producción».

Germán Puebla Ovando es empresario agrícola y exdirector del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura y, según tiene contrastado, dice, la idea es ir ampliando las ZEPA allí donde se vayan moviendo las especies protegidas, de ahí las tensiones continuas entre la Consejería de Agricultura y la de Transición Ecológica, que muchas veces tienen intereses contrapuestos.

Además, cambiar una ZEPA no es sencillo, la última palabra la tiene Europa con los informes que se remiten desde que aquí. «El problema de esta región es que los políticos que gobiernan la Junta son rehenes de los técnicos, que en la Junta tienen un sesgo demasiado ambientalista, y mientras no haya hechos detonantes como el de la isla de Valdecañas que agravie a los extremeños viste mucho decir que aquí en Extremadura todo es muy verde, aunque esto lo que produce es una parálisis», afirma

Por su parte, Carlos Garrón, de Ecologistas en Acción, habla de que, en materia medioambiental, la Junta «echa balones fuera muchas veces» y recuerda cómo las plantas fotovoltaicas se están multiplicando por la región, lo que considera «una barbaridad».

Sobre reducir la superficie protegida dice que «cuando se nos presentan proyectos se estudian, pero no es lo mismo hablar de que hacen falta 10.000 hectáreas para un proyecto especulativo». Y añade que culpar a los territorios protegidos del despoblamiento de las zonas rurales «es una falacia» y lo justifica apuntando que «abandonar los pueblos para concentrarse en las ciudades es una problemática mundial, no solo de aquí, donde habría que potenciar los usos de esa Red Natura con proyectos como el turismo rural, el avistamiento de aves o vender productos que cobran valor por el lugar donde se producen», señala.

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