Las fiestas patronales, verbenas y procesiones, prohibidas en la región hasta agosto

Las fiestas patronales, las verbenas, las procesiones y los eventos populares quedan prohibidos en Extremadura hasta el 31 de julio, de momento, según anunció este sábado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

Esta es una de las medidas relativas a la nueva normalidad que publicará este domingo el Diario Oficial de Extremadura (DOE) en un número extraordinario.

En función de cómo evolucione la situación epidemiológica, algunas de las medidas de prevención se pueden flexibilizar, explicó Vergeles. Para ello usarán la clasificación que ha establecido la Organización Mundial para la Salud (OMS), de eventos de riesgo alto, moderado y bajo.

Si los datos son buenos se permitirán los de riesgo moderado y bajo, siendo de alto riesgo los multitudinarios que reúnen a personas de varias regiones o países, que no están sentadas, que en ocasiones no pueden guardar la distancia social y en los que puede haber aglomeraciones, como los festivales de música.

El DOE detallará una larga serie de medidas de prevención por sectores y generales, como el hecho de que para ingresar en un centro residencial será necesario que la PCR sea negativa.

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El decreto establece tres tipos de confinamiento, en caso necesario: de núcleos poblacionales, de pisos o viviendas, y de residencias de mayores.

Además, se ha advertido de que en caso de incumplirse las normas se aplicará la Ley de Salud Pública de 2011, cuyas multas que van desde los 1.000 euros para las infracciones más leves a los 1,2 millones.

El decreto establece tres tipos de confinamiento, en caso necesario: núcleos poblacionales, pisos o viviendas y de residencias de mayores.

Vergeles ha pedido la colaboración de la ciudadanía ante la llegada de la nueva normalidad, ya que ha advertido de que el virus no se ha ido y que hay que «mantenerlo a raya» hasta que haya un tratamiento efectivo o una vacuna.

En caso contrario, ha advertido, habría que aplicar el régimen sancionador que establece la Ley de Salud Pública de 2011, que van desde los 1.000 euros a 1,2 millones.