Extremadura recibirá a 169 menores migrantes tras el pacto de Gobierno y Junts

Aunque el real decreto en el que se plasma el pacto con Junts no establece cifras concretas, serán unos 169 menores migrantes no acompañados los que llegarán a Extremadura en base a los criterios de reparto que se establecen en la nueva norma, que es de obligado cumplimiento. Entre ellos, la población y su dispersión, la renta per cápita, la tasa de paro y el número de plazas de acogida creadas de forma estructural en las comunidades.

Estos datos, no obstante, no son definitivos. Son proyecciones calculadas en base a los criterios apuntados y las cifras de menores y plazas de acogida de cada región de que dispone el Gobierno. De hecho, el real decreto da de plazo hasta el 31 de marzo para que las comunidades actualicen sus números y ajustar en función de los mismos el reparto de menores migrantes.

El Gobierno extremeño rechaza, en cualquier caso, este reparto y vincula la acogida de nuevos menores, en la misma línea que el resto de comunidades del PP, a la disposición de más medios y una mayor financiación, según comunicó ayer el consejero de Presidencia, Abel Bautista.

La región no rechaza de manera explícita la acogida de más menores migrantes por parte de la comunidad, pero sí que el reparto y sus condiciones no se hayan negociado en la conferencia de inmigración ni lleve aparejada la transferencia de más fondos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez a las regiones.

No solo porque la ayuda estatal se ciñe únicamente al primer año de acogimiento de los menores, y son por tanto las comunidades autónomas con fondos propios las que después tienen que asumir el gasto que conlleva la acogida hasta su mayoría de edad, sino también porque la ocupación de la red regional de acogida se encuentra con un 115% de ocupación, según el consejero de Presidencia e Interior.

Los últimos datos hechos públicos el pasado enero por la Consejería de Salud y Servicios Sociales cifraban en 73 niños y adolescentes los menores migrantes acogidos. Se superaba así en un 30% la capacidad de la red regional, que dispone de 56 plazas específicas para ellos.

Abel Bautista criticó que el reparto de menores no se negociara en la conferencia de inmigración que se celebró el lunes y que ayer, «apenas 12 horas después hayamos conocido el pacto con Junts, por el que se quiere imponer por decreto el reparto». Para el consejero de Presidencia, esta manera de actuar del Gobierno plasma «su deslealtad, oscurantismo y falta de respeto a las comunidades autónomas». A gobierno regionales, dijo Bautista, «que acometen sus competencias de manera impoluta y cumplen con la legislación».

El número dos del Ejecutivo de María Guardiola arremetió ayer contra «el pacto xenófobo del Gobierno con Junts por solo 7 votos, porque el interés de ese pacto no es garantizar la dignidad de los menores migrantes no acompañados, sino que el presidente permanezca en la Moncloa».

Bautista lamentó igualmente que se haya decidido que no serán más de 30 los nuevos menores que llegarán a Cataluña «y que el resto de comunidades nos tengamos que enterar por la prensa o por el BOE». Según el reparto provisional hecho público por diferentes medios, Cataluña será la región que menos menores acoja (27), Madrid la que más (806) y Extremadura está en la media junto con Cantabria y Navarra, con unos 170 menores.

El Gobierno autonómico no rechaza acoger a más menores, pero sí hacerlo «de esta manera», reiteró ayer el consejero. «De manera impuesta y sin negociación ni diálogo», matizó. El Ejecutivo regional defiende la necesidad de abordar junto al reparto, la financiación de la acogida. «Con el pacto con Junts por la puerta de atrás, el Gobierno no actúa de buena fe, porque su fin no es trabajar por la dignidad de los menores, sino contar con los 7 votos» que el partido de Puigdemont tiene en el Congreso de los Diputados, insistió Abel Bautista.

El portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández, valoró el «pequeño acercamiento» del PP que desde su punto de vista supone que no se acepte un nuevo reparto de menores migrantes sin financiación suficiente para ello, pero reiteró que esa no es la postura de su partido, que no acepta otro reparto «de ninguna manera».

Fernández celebró que en la Comunidad Valenciana PP y Vox hayan consensuado los presupuestos, tras asumir Carlos Mazón los postulados del partido de Abascal en materia de inmigración, y lamentó que en Extremadura no haya sido posible. A su juicio, «el problema en Extremadura no es de partido. Tiene nombre y apellido y se llama María Guardiola, porque ha sido la que no quiso pactar con nosotros unos presupuestos, con unas condiciones y con unas propuestas que sí se han aprobado en Valencia y que parece, en palabras del señor Feijóo, que pueden aprobarse en Murcia, en Aragón o en Baleares».

Por último, el PSOE critica la postura del PP en cuanto a un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados. La portavoz regional, Isabel Gil Rosiña, la calificó ayer de «indigna y de un claro ejemplo de cómo este partido está destruyendo las instituciones simplemente porque no gobierna». La portavoz socialista cree que «al PP no solo le falta humanidad, sino que está dinamitando el sistema democrático con tal de que el país no funcione», y ha alertado de «la peligrosa deriva del PP, que ha pasado a un abrazo amoroso y peligroso con la ultraderecha».