Dos de cada mil extremeños ·
Hacen este documento que refleja la voluntad de una persona con respecto a los tratamientos médicos que quiere o no recibir por enfermedad, cuando por su situación no le permita expresarse por sí mismaExtremadura es la región de todo el país que menos testamentos vitales registra. Según el Ministerio de Sanidad, hay hechos 2.645.
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Eso quiere decir ... que solo dos de cada mil extremeños hacen este documento, también denominado voluntades anticipadas o instrucciones previas. Es el escrito en el que se deja reflejado la voluntad de una persona con respecto a los tratamientos médicos que quiere o no recibir por enfermedad, cuando por su situación no le permita expresarse por sí misma.
La tasa en Extremadura (2,52 por cada mil habitantes) está muy por debajo de la media nacional, que es del 8,48. En España se han hecho 402.761. Navarra es donde más testamentos vitales realizan, con una tasa de 22,36.
Para la asociación Derecho a Morir Dignamente, que agrupa a 8.000 usuarios en todo el país, el hecho de que sean tan pocos los testamentos vitales, al igual que haya habido pocas solicitudes de eutanasia en la región extremeña (11) hasta el momento, no se debe a que no haya interés por este asunto.
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«Echamos en falta que la Consejería de Sanidad dé más información del proceso para el ciudadano», apunta Fernando Marín, vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente.
Hay que recordar que una persona que quiere ejercer su derecho a morir dignamente tiene que dirigirse a su médico de cabecera o su especialista y entregarle la primera solicitud. Ese médico la comprueba e inicia la tramitación. En caso de que sea objetor se lo debe entregar a un compañero, según explica Marín, que considera que «Extremadura es un territorio muy extenso y hay que saber si todos los centros de salud tienen un protocolo de respuesta a una solicitud de eutanasia y cómo lo están haciendo».
Marín apunta que «debe haber formación para los profesionales y desconocemos si esto se ha hecho o en qué formato» en Extremadura, comunidad que, según indica, «hizo sus deberes muy tarde, al publicar el decreto que regula la comisión de garantía y evaluación con mucho retraso».
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Hay que recordar que La ley regula el derecho que corresponde a toda persona que cumpla ciertas condiciones (entre ellas sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico) a recibir la ayuda necesaria para morir, así como el procedimiento a seguir. Esta prestación se incluye en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, con lo que se garantiza su financiación pública, determinando también los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas.
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