«¡Extremadura nos roba!»

El pasado domingo, la periodista Rocío Romero contaba en estas páginas la situación en que la crisis del coronavirus ha colocado a Mamen Vázquez, una autónoma de 55 años que ha perdido todas sus oportunidades de empleo aunque ha debido de seguir pagando las cuotas de la Seguridad Social; que ha gastado sus ahorros; que vive de la ayuda de sus hijos y que ahora se ve obligada a pedir el ingreso mínimo vital. Después de leer esta historia, que refleja con crudeza los estragos laborales y económicos que deja la pandemia y que los sufren miles y miles de personas en circunstancias diversas pero con resultados parejos, he recordado las protestas de los sindicatos pidiendo el 2% de subida salarial prometido y no pagado por la Junta a sus empleados.

Lo sé: relacionar la historia de Mamen Vázquez con las reivindicaciones de los funcionarios es una simplificación. Hasta no sería capaz de defenderme con argumentos sólidos si alguien me dijera que es, además, una simplificación injusta: porque los empleados de la Administración autonómica no son responsables de las dificultades por las que atraviesa Mamen Vázquez. Los sindicatos que los representan protestan porque les prometieron una subida y no se la van a pagar ahora, sino «cuando se pueda», según las últimas declaraciones de Fernández Vara. Incluso podría decirse que, formalmente hablando, tanto Mamen Vázquez, que ha perdido su empleo y que ahora sólo le queda recurrir a la ayuda del Estado, y los empleados autonómicos, que por ahora no cobrarán su 2%, son víctimas de esta crisis. Todo eso es verdad. ¡Pero qué víctimas más diferentes, una y otros! En cuanto uno levanta la vista para mirar alrededor no es difícil concluir que, aun como víctima, se necesita cuajo para exigir el 2% de subida prometida en medio de una crisis sanitaria y económica que se ha llevado por delante, en Extremadura, a más de medio millar de personas y ha empujado al desempleo en solo dos meses a más de 6.000, sin contar los otros miles que están acogidos a un ERTE. ¿Qué tipo de ceguera aqueja a unos sindicatos, algunos de los cuales se denominan 'de clase', para exigir que se les pague sin demora ese 2% justo en medio de un paisaje en que hay tantísimas personas que lo han perdido todo? ¿Y qué clase de partidos políticos tenemos para que no digan esta boca es mía ante tal demostración de insolidaridad con el conjunto de la sociedad, buena parte de la cual no tiene para pagar los impuestos de los que habría de salir ese 2%?

Los sindicatos que representan a los funcionarios autonómicos se quejan de que esa subida la disfrutan empleados de otras regiones, pero callan que tienen ventajas que no las disfrutan los de la mayoría de comunidades, como las 35 horas semanales, según señaló en este diario la vicepresidenta Blanco-Morales el pasado día 14. Y en cualquier caso deberían esforzarse por situar en el lugar preciso su exacta condición de víctimas de la crisis. Por ética y por estética. Aunque solo fuera por no dar lugar a que su actitud recuerde a la de Torra en Cataluña y parezca que están a punto de gritar: «¡Extremadura nos roba!».