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En la farmacia de María del Mar Calvo el tiempo parece que se detiene. Las cuatro horas diarias que pasa en su botica se le hacen más lentas de lo normal. Allí no atiende a un paciente tras otro como les sucede a algunos de sus compañeros del sector en la ciudad. En su mostrador reina la calma. Demasiada para su gusto. La puerta de su establecimiento situado en Aljucén, un pueblo a 14 kilómetros de Mérida, apenas la cruzan cuatro personas al día. «Esto está muy parado y estoy aguantando el tiempo justo para jubilarme», dice a sus 62 años desde el único negocio que dispensa medicamentos en este municipio que ronda los 200 habitantes. «Llevo 30 años como farmacéutica en este pueblo. Al principio no tenía tiempo ni para sentarme, pero eso cambió hace mucho, cuando los jóvenes se empezaron a ir y los mayores se marcharon a residencias o a vivir con sus hijos. Lo de que el farmacéutico está forrado ya pasó a la historia. Al menos en los pueblos pequeños. La bajada de precios de los medicamentos la he notado mucho», explica antes de confesar que no gana más de mil euros mensuales.
Lo dice justo cuando está entrando por la puerta un paciente. «Espere un momento, es que tengo aquí a un cliente, y para una vez que tengo uno», comenta con cierto sentido del humor y resignación.
Así se toma Calvo una situación por la que también pasan otras farmacias de la región. Extremadura cuenta con un total de 670. De ellas, solo 101 están en las capitales de provincia y el resto se encuentran en municipios que en muchos casos no superan los mil habitantes. Es lo que le sucede a 215, según especifica el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Extremadura (Coexfar), Cecilio Venegas. «A menos población, mayores dificultades», aclara Cecilio para aludir a las que se denominan VEC (Viabilidad Económica Comprometida).
Se trata de una catalogación que tienen aquellas cuya facturación pública por dispensación de recetas es inferior a los 12.500 euros mensuales o 200.000 al año. En España hay 858 farmacias en esa situación y la Consejería de Sanidad de la Junta detalla que hay 33 en la región (30 en Cáceres y tres en Badajoz). En 2018 había 37.
Todas ellas no alcanzan el 11,4% de la facturación de una farmacia media y, como contrapartida, reciben la aplicación gradual de un índice corrector a su facturación.
Se trata de una ayuda que puso en marcha el Gobierno central en el año 2008 y que fue modificada con un real decreto en 2011. A ella suelen acceder farmacias ubicadas en núcleos de población aislados.
Es el caso de la que dirige María del Carmen Urbano en Oliva de Plasencia, de 300 habitantes. Además, desde hace un mes también abre una hora y media al día el botiquín de Villar de Plasencia, localidad en la que ha cerrado la única botica que había. «A su titular no le salían las cuentas y no le quedó más remedio. Ante eso la Junta me mandó un escrito para hacerme cargo del servicio en ese pueblo», explica. Si ella lo hubiera rechazado se lo habrían planteado a la farmacéutica del siguiente pueblo más cercano. «Ahora mi jornada laboral es más complicada, pero cuantas más personas atienda mejor. Cuando el pueblo tiene menos de 500 habitantes, la farmacia suele ser VEC», reconoce.
La subvención que ella recibe consiste en el incremento de los márgenes de los medicamentos dispensados con receta y oscila entre cero y 833 euros al mes. «Para establecer la cantidad, se tiene en cuenta la diferencia entre 12.500 euros y el importe de la facturación mensual de las recetas de medicamentos dispensadas con cargo a fondos públicos por la oficina de farmacia. A mayor diferencia, mayor subvención», explica la Consejería de Sanidad.
Sin embargo, se trata de una medida que ha sido criticada por la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) porque la consideran «insuficiente». Dicen que la escala de compensaciones ni tan siquiera es anualmente actualizada en función de las variaciones del IPC. En su denuncia se basan en los costes básicos fijos mensuales que acarrea para el titular de una farmacia abrir su negocio, una cantidad que esta sociedad sitúa en 1.230 euros mensuales.
Ante esos gastos y las bajas ventas algunas boticas han bajado la persiana. Según los datos que maneja Coexfar, desde 2015 en la región se han cerrado al menos cinco farmacias rurales. De hecho, en 2019 tres (Alcollarín, Aldehuela del Jerte y Carmonita) se despidieron de sus vecinos, según la subdirección de Atención Farmacéutica.
En esos municipios han puesto en marcha botiquines de los que se encargan los titulares de farmacias de pueblos cercanos. Manuela Prados, la teniente alcalde de Alcollarín, una localidad cacereña que según el INE cuenta con 225 habitantes, explica su funcionamiento. «Solo se diferencian en dos aspectos. Antes ponía farmacia en la puerta y ahora pone botiquín. Además, antes el establecimiento estaba abierto tres horas por la mañana y ahora abre también por la tarde», detalla. «El farmacéutico de Zorita viene a nuestro pueblo y si necesitamos algún medicamento se lo pedimos a él y nos lo trae enseguida», comenta antes de explicar que la persona que llevaba la farmacia se desplazaba desde Cáceres todos los días. «Entiendo que decidiera dejarlo, pero en este caso no hemos notado la falta de servicio gracias al botiquín», especifica Manuela, quien sí alude a que están sufriendo los recortes horarios del médico. «Antes venía diariamente y ahora solo seis horas a la semana», lamenta.
El objetivo es que todos esos locales pasen a ser botiquines. Es lo que sucederá previsiblemente en municipios como Santa Cruz de la Sierra (Cáceres), de unos 300 habitantes. Al frente de su única farmacia está desde hace más de dos décadas María José Duchel. «Los precios de los medicamentos están bajando continuamente. Ya no me enfado porque si no estaría de mal humor todo el día», dice consciente de que la marcha de los vecinos a otros lugares más poblados también afecta a la ventas. «Muchos se van a residencias en otros pueblos», dice antes de apuntar a algunos aspectos positivos. «También hay jóvenes que deciden hacer su vida aquí. De hecho, al menos el colegio público se mantiene abierto. Además, mi trabajo me encanta. En una farmacia rural tienes un trato más cercano con los pacientes. En las capitales eso es imposible. No puedes dedicar tanto tiempo a cada persona», confiesa Duchel, que tiene una hija que está estudiando la carrera de Farmacia. «Yo le digo que se vaya fuera», comenta cuando habla de su futuro.
Precisamente sobre los próximos años del sector muestra su opinión el presidente de Coexfar, que no cree que estemos ante la última generación de farmacéuticos rurales. «Mientras haya población habrá farmacias», afirma Venegas.
Sin embargo, otros profesionales son menos optimistas. Uno de ellos es Rafael Moyano, farmacéutico en Risco, un municipio de unos 150 habitantes que pertenece a la comarca de la Siberia. «Antes vivían aquí más de 400 personas y eso se nota mucho. Los precios no paran de bajar y con esto solo es imposible llegar a fin de mes», dice. «El Gobierno se ha olvidado de que hay muchos pueblos en los que el único profesional sanitario es el farmacéutico», añade Moyano.
Él lleva 25 años dedicándose a esta profesión y asegura que seguirá en la farmacia hasta que se jubile. «No me queda otra, pero estoy seguro de que este servicio tenderá a desaparecer en los pueblos más pequeños».
Apunta a que el municipio en el que trabaja es un claro ejemplo de la España vaciada. «Creo que estamos ante la última generación de profesionales farmacéuticos en localidades de menos de 500 habitantes. No creo que ningún joven quiera apostar por esto. No tenemos ventajas y no se dan cuenta de que hacemos un gran servicio».
Carmen Urbano, Oliva de Plasencia
María del Mar Calvo, Aljucén
Alicia Borja, Plasenzuela
Rafael Moyano, Risco
Sin embargo, como en todo, hay excepciones. Una de ellas es Alicia Borja. «Empecé en una farmacia de Cáceres, pero me enteré de que se vendía la de Plasenzuela hace diez años y la compré», detalla. «Me quiebro la cabeza para intentar innovar y obtener más beneficios. Por ejemplo, cuando yo entré había muy pocos productos de parafarmacia y he ido introduciendo algunos como colonias y tintes del pelo. Es algo que los vecinos del pueblo agradecen mucho. No solo es el beneficio económico, sino que la gente valora más tu establecimiento», explica antes de confesar que su farmacia no es VEC.
La cifra de boticas cuya viabilidad económica es comprometida, así como sus fluctuaciones al alza o a la baja, suele ser considerada un buen termómetro para medir la salud financiera del sector. Además, sirve para comparar la situación con años anteriores. En el caso de Extremadura los números oscilan entre las 30 y 40 en los últimos años.
Ante esto el Consejo General de Colegio Oficiales de Farmacéuticos habla de «cronicidad del problema» en esta comunidad, ya que hay variaciones positivas o negativas de pocos establecimientos, algo que también sucede en Cataluña y Baleares. A una situación similar se enfrentan regiones del litoral norte como Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, que han visto permanecer intactas sus cifras de farmacias inviables.
Normalmente en torno a un cinco por ciento de las boticas extremeñas están en una mala situación económica año tras año. En otras autonomías como Canarias ese porcentaje se reduce a cero. En el otro extremo se sitúa Castilla y León, con la red de farmacias más empobrecida. Allí un 14% reciben la aplicación de un índice corrector a su facturación, como consecuencia de su marcado carácter rural y la dispersión poblacional. Le acompañan Navarra (11%) y Castilla-La Mancha (10,9%).
Esos porcentajes ponen de manifiesto que la farmacia ya no es la gallina de los huevos de oro. Lo confirman las entidades colegiales y los profesionales del sector. Venegas lo resume en pocas palabras: «El farmacéutico de un pueblo pequeñito no es rico. Eso se ha acabado en todas esas zonas. Es un héroe que presta un gran servicio y lucha cada día para que no se pierda».
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Cristina Cándido y Álex Sánchez
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