El fiscal de Tráfico pide a los alcaldes extremeños que no dejen de multar antes de las elecciones

El fiscal regional de tráfico valora de forma positiva el compromiso que están manteniendo las autoridades municipales para controlar la velocidad, el uso del cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil y también las conducciones bajo los efectos del alcohol y las drogas.

«Los datos de 2022 no se conocerán hasta que termine el año, pero sólo en la provincia de Badajoz fueron denunciados el pasado año 346 conductores por consumir droga y hubo más de 41.000 que fueron sancionados por circular a una velocidad excesiva. Esos datos hablan del interés por combatir comportamientos que causan accidentes», indica Yebra.

También en la provincia de Cáceres hubo localidades que impusieron un número significativo de denuncias por circular bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Plasencia, con 33 denuncias de este tipo, y Talayuela, con 27, son dos de las poblaciones que han comunicado ese dato a la Dirección General de Tráfico.

En esas cifras sólo se incluyen las denuncias que han sido impuestas en los cascos urbanos, por lo que el número de conductores denunciados es mucho mayor, especialmente en lo referido al exceso de velocidad puesto que esos números dejan fuera las multas impuestas por los radares fijos con los que cuenta la DGT en las autovías y en las carreteras de la región.

Pero la cifra es suficientemente significativa en la provincia de Badajoz desde que la Diputación pacense facilitó a los ayuntamientos de la provincia radares fijos y móviles para combatir el exceso de velocidad en los puntos más conflictivos. Sólo en la ciudad de Mérida hubo el año pasado 10.117 denuncias de este tipo y casi las mismas (10.633) se impusieron en Villanueva de la Serena, la localidad en la que es alcalde Miguel Ángel Gallardo, que como presidente de la Diputación ha dado ejemplo en la lucha contra la velocidad excesiva, un factor que multiplica las consecuencias graves en caso de atropello o colisión.

Pero no sólo las grandes ciudades se han implicado en esta lucha. También en Montijo (2.478 denuncias), Santa Amalia (1.677), Oliva de Mérida (1.158) o Herrera del Duque (564) se hicieron controles de velocidad en 2021.

La influencia de esos radares se ha notado en el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz, donde se gestionan las multas impuestas por los municipios en la provincia pacense. De hecho, este organismo pasó de las 58.064 denuncias tramitadas en 2019, cuando no había radares, a las 102.964 tramitadas en el año 2020, con los radares ya en uso.

«La Diputación de Badajoz se ha comprometido con esta causa y los efectos se notan en las localidades, donde se aprecia una pacificación del tráfico evidente. Lo importante ahora es que los ayuntamientos no relajen los controles ahora que se acercan las elecciones locales», insiste Yebra.

A nivel regional el número de denuncias por exceso de velocidad impuestas en 2022 por los radares fijos de la DGT en carreteras y autovías y los radares móviles de la Guardia Civil (no se incluyen los dispositivos propiedad de los ayuntamientos) ascienden a 135.579, según se desprende de los datos facilitados por las Jefaturas de Tráfico. A ello se unen 1.433 positivos en alcohol y 949 positivos en droga.

Pero no sólo la droga, el alcohol o el exceso de velocidad generan sanciones de tráfico. Las estadísticas facilitadas por la DGT indican que en el año 2021 se impusieron en la región 1.077 denuncias por circular haciendo uso del teléfono móvil. En esa cifra se incluyen las 218 denuncias impuestas en Badajoz, las 160 de Mérida, las 122 de Don Benito y las 80 de Cáceres.

Este riesgo de relajación en los controles ya fue incluido en las memorias que realizó Diego Yebra tras el período electoral de 2019. Entonces alertó de que el miedo de los alcaldes a perder apoyos si sancionaban infracciones en el tráfico hizo que se redujeran de forma importante las multas en los meses previos. «Cuando el alcalde delega el área de tráfico en un concejal o en el jefe de la Policía Local las cosas suelen funcionar mejor que cuando lo lleva directamente», concluye el fiscal.