La Fiscalía archiva la denuncia contra las 22 torres de alta tensión en Trujillo

La fiscal Sonia Castañeda Redondo considera que «no concurren indicios ni datos suficientes de los que inferir un posible delito contra el patrimonio», por lo que solicita a la Fiscal Jefe «el archivo de las diligencias de investigación penal». «Tan solo se constata -argumenta- que el tendido eléctrico es a fecha actual un proyecto, y en la copia de normativa adjunta (la DIA, Declaración de Impacto Ambiental), el mismo está en trámite con el estudio de las diferentes alternativas viables«. »Por este Ministerio Fiscal -concluye Castañeda-, no se van a iniciar actuaciones de clase alguna al no estimar de los antecedentes suministrados la existencia de delito alguno, sin perjuicio de que usted pueda reproducir su denuncia ante la autoridad judicial«.

La polémica en torno a estas 22 torretas surgió hace unas semanas, después de que un grupo de vecinos de la localidad se sorprendiera al verlas sobre el terreno, tumbadas en el suelo. más grandes y más cerca del casco urbano de lo que esperaban. Varios de ellos promovieron una plataforma cívica que organizó una manifestación a las puertas del Ayuntamiento –acudieron unas 130 personas–. También han celebrado antes y después otros actos informativos y reivindicativos para intentar evitar que esas torres se levanten donde está previsto, en una ubicación que afearía el característico perfil de Trujillo y su muralla vistos desde la distancia.

Este impacto visual lo admite la propia empresa, cuyos responsables se reunieron hace unas semanas con la alcaldesa, del Partido Popular, ya que el Consistorio también les ha solicitado que se replanteen la localización de esas estructuras. Una de las opciones sobre la mesa es el soterramiento, pero la empresa ya ha explicado que la opción más viable es la que los técnicos han elegido después de estudiar varias. No todas entre las 22 proyectadas tendrán la misma altura, pero alguna srondarán los 40 metros.

También la Declaración de Impacto Ambiental concreta que ese nuevo tendido eléctrico «supondrá, de forma cierta, simple y directa, una alteración negativa del paisaje, dado que la calidad visual del entorno disminuirá».

Esas estructuras estarán en el Berrocal trujillano, un espacio de valor medioambiental e histórico con el que los muchos trujillano mantienen un vínculo emocional. En este sentido, llueve sobre mojado, porque ese espacio natural está ya poblado de torres eléctricas, según denunció hace tres años y medio la asociación de protección del patrimonio Hispania Nostra, que lo incluyó en su lista roja de sitios degradados.

Tras conocer la petición de archivo de la Fiscalía, el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura ha remitido a la Fiscal Jefe de Cáceres, Marta Abellán, un escrito anunciándole que recurrirá a la vía judicial, mostrándole su «enérgica protesta» y pidiéndole «que revise el decreto en el que la fiscal investigadora pie el archivo, ya que no se puede recurrir». En su carta a Abellán, la asociación deja claro que acepta la decisión pero no la comparte, y de hecho critica el proceder de la representante del Ministerio Público, cuyo texto rechazando la denuncia considera «realmente decepcionante y »un bodrio«.

La fiscal utiliza «argumentos pobres y lamentables», cree Fondenex, que plantea que Castañeda «debe ser la única persona que no sabe que el proyecto ya no es proyecto, que está aprobado, en ejecución y que (la alternativa de las 22 torres) se eligió nada más y nada menos que el pasado mes de marzo».

«Es absolutamente falso la afirmación de la fiscal de que las torres son un proyecto», asegura el colectivo denunciante. «Se trata de una obra en fase de ejecución, autorizada por la DIA aprobada por resolución del pasado 24 de febrero». «No es nada proyectado, sino ya construido, solo falta erigir las torres», apunta Francisco Blanco, presidente de Fondenex, que también le afea a la fiscal «que no haya visitado el lugar de los hechos, ya que habría constatado que no está en fase de proyecto sino de construcción».

Tampoco está el proyecto «en trámite», contradice la asociación al Ministerio Público. Al contrario, está «aprobado y adjudicado, y con las obras comenzadas», afirma antes de añadir que «es falso que se estén estudiando las alternativas». En este sentido, aclara el colectivo que ya se eligió una de las cuatro propuestas -en concreto, la número tres-, según la resolución de la Junta publicada en el Diario Oficial de Extremadura el pasado marzo.

A criterio de Fondenex, la actuación de Sonia Castañeda «ha sido incompleta, sin planificación alguna, sin un mínimo estudio de la denuncia, que dudo se haya leído, porque es imposible entonces que haya indicado su archivo con las razones que ha esgrimido y sin practicar ninguna diligencia». «Es un informe -concluye la asociación conservacionista- que desprestigia al Ministerio Fiscal, que permite una agresión importante contra el patrimonio cultural y que si lo hubiera hecho en el ámbito de la empresa privada o en ciertos países como Estados Unidos, no seguiría ejerciendo como fiscal».