La Fiscalía denuncia a dos alcaldes extremeños y un concejal por vacunarse ilegalmente

La Fiscalía ha denunciado ante los tribunales a los alcaldes de Valverde del Fresno, Amalio Robledo, y de Higuera de la Serena, María Triviño; además del concejal de Olivenza Ramón Jiménez, por haberse vacunado de manera presuntamente ilegal. Los tres pertenecen al PSOE. Después de recibir una denuncia de la dirigente de Podemos Irene de Miguel, el Ministerio Público considera que se ha producido «una evidente vulneración del protocolo de vacunación, lo que no solamente contraviene la legalidad vigente, sino que incluso, siempre desde un punto de vista indiciario, podría ser constitutivo de delito».

Considera la Fiscalía que estos tres cargos públicos podrían ser coautores de los delitos de prevaricación y/o falsedad en documento oficial. La autoría de estos delitos correspondería, según el fiscal, a aquellos responsables que incluyeron a estos políticos en los listados de vacunación. En concreto, apunta a directivos de los centros de Higuera de la Serena y Olivenza, mientras que en el caso de Valverde del Fresno no se conoce quién elaboró el dictado.

Como viene informando HOY, estos tres cargos públicos fueron vacunados debido a que constaban como trabajadores de los pisos tutelados de Valverde del Fresno e Higuera de la Serena, en los dos primeros casos; y de la residencia de mayores Virgen de Guadalupe de Olivenza en el caso de Ramón Jiménez. Sin embargo, sostiene la Fiscalía que no hay constancia de que ninguno de los tres fuera trabajador de estos centros.

Asimismo, la Fiscalía no ve indicios para actuar contra Soraya Cobos, directora del centro sociosanitario de Plasencia y concejal del PSOE en esta localidad. Aunque reseña que recibió la primera vacuna antes de lo que correspondía en Valdeobispo, indica que se debió a que sobró una dosis por la renuncia de una persona y porque otro trabajador rechazó ponérsela, y todo ello a instancias de la responsable del equipo de vacunación.

El fiscal también se inhibe en el caso de Monserrat Rincón, gerente territorial del Sepad en Badajoz, que dimitió tras saltarse el orden de vacunación. En este caso la acusación pública señala que ya está siendo investigada por la Fiscalía Provincial de Badajoz.

Por ese motivo, remite las denuncias correspondientes y las diligencias realizadas a los juzgados de Coria, Castuera y Olivenza "a fin de que los hechos sean debidamente investigados".

La portavoz de Podemos Extremadura, Mavi Mata, ha pedido que se investigue a fondo lo ocurrido, ya que considera que saltarse el protocolo de vacunación es equiparable a la corrupción. A su juicio, supuso poner en riesgo a personas vulnerables o con atención preferente, como mayores y trabajadores de residencias.

"Es muy grave que cargos públicos del PSOE extremeño se salten el protocolo de vacunación mientras nuestros mayores han tenido que esperar", ha afirmado.

Mata ha recalcado que en otros territorios el PSOE ha presentado denuncias por casos similares, por lo que pide al partido en la región que haga una investigación interna y exija responsabilidades políticas. También ha lamentado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, criticara a Podemos por hacer pública esta denuncia.

La portavoz de la formación morada ha añadido que no pone en duda que los tres implicados realizaban labores en las residencias, pero ha añadido que las normas están para cumplirlas.

Por su parte, la secretaria de Organización de los socialistas extremeños, Marisol Mateos, ha respetado la decisión de la Fiscalía y ha recalcado que "ningún alto cargo del PSOE de Extremadura se ha saltado el protocolo de vacunación".