La Fiscalía Europea investiga los fondos concedidos a la fotovoltaica Núñez de Balboa

El proyecto acumula varios procedimientos legales promovidos por la empresa Natura Mananger, propietaria de 525 hectáreas que fueron expropiadas para la construcción de la planta. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) dictaminó en 2022 la devolución de esos terrenos a su dueño, quien inicialmente firmó un contrato de alquiler pero con la intención de participar en la construcción.

Sin embargo, en 2018 tuvo conocimiento de que el proyecto había sido traspasado a Iberdrola, a pesar de que el contrato incluía una cláusula que exigía el consentimiento del propietario del suelo para cualquier cambio. Esto llevó a la ruptura del acuerdo y al inicio de una expropiación por debajo del precio acordado, que posteriormente fue anulada por el tribunal extremeño al estimar que no tenía sentido ese proceso cuando ya se contaba con un contrato de alquiler.

La planta fue promovida por Proyecto Núñez de Balboa, una firma que contaba con el respaldo de la empresa pacense Ecoenergías del Guadiana y que en 2018 fue traspasada íntegramente a Iberdrola. La multinacional recurrió el fallo del TSJEx ante el Tribunal Supremo.

Dorinda Aventín, abogada de Natura Mananger, inició otros procedimientos de forma paralela. Entre ellos, denunció ante el Banco Europeo de Inversiones (BEI) las irregularidades de un proyecto que había sido financiado con un crédito de 145 millones de euros por parte de esta entidad comunitaria. Para el resto de la obra, estimada en 290 millones, la planta obtuvo otro préstamo del Instituto de Crédito Oficial.

Aventín señala que se puso en contacto en julio del pasado año con el BEI tras conocer que se habían concedido más préstamos para otros proyectos. Tras aportar documentación, se inició una investigación, pero en diciembre le comunicaron que se había decretado su archivo.

Sin embargo, la abogada ha tenido conocimiento de que en julio de este año el procedimiento se pasó a la Fiscalía Europea, que investiga cuestiones relacionadas con el uso de los fondos del presupuesto comunitario en colaboración con las fiscalías nacionales, que son las que pueden promover acciones judiciales en sus respectivos países. Aventín asegura que los hechos que se investigan son los recogidos en la denuncia que presentó hace ahora un año.

La abogada de Natura Mananger señala que este no es el único procedimiento abierto por las instituciones comunitarias por la forma en que se financió la construcción de la planta Núñez de Balboa. Según indica, la Comisión Europea también investiga si las exenciones fiscales concedidas al proyecto por el Ayuntamiento de Usagre se pueden considerar ayudas de Estado ilegales.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea considera incompatibles con la libre competencia la concesión de ayudas a proyectos empresariales que no cumplen unos determinados requisitos. En este caso, Aventín afirma que la rebaja estaba asociada a la creación de puestos de trabajo. Pero nunca se llegó a las cifras prometidas, lo que no daba pie a la reducción en impuestos como el de construcciones y obras.

Pese a ello, asegura que se llegó a un acuerdo para el pago de una cantidad menor, una cuestión que fue denunciada ante el Tribunal de Cuentas, que archivó el expediente. Tras esto, la abogada de Natura Mananger acudió a la Comisión Europea, que ahora investiga esos hechos.