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La Fiscalía de Extremadura velará por que las agresiones a sanitarios y profesores sean consideradas como delito de atentado contra los funcionarios públicos, ... castigados con penas de seis meses a tres años de prisión.
Pedirá mayores condenas para este tipo de hechos, según recoge una nueva instrucción publicada por la Fiscalía de la comunidad autónoma de Extremadura tras mantener varias reuniones con sindicatos y colegios oficiales de profesionales sanitarios. En ellas se ha puesto de manifiesto la preocupación que existe por este asunto en la región. De hecho, Extremadura es el territorio con más agresiones a médicos.
En 2024 registró 38, lo que supone un incremento del 40% respecto al año anterior. La comunidad extremeña alcanzó la tasa más alta por cada mil facultativos, con un índice del 5,80, lo que supone el doble de la media nacional (2,71).
«Los profesionales afectados demandan la imposición de mayores sanciones penales a dichas conductas, y más concretamente, mediante la calificación de las mismas como delito de atentado», ha indicado durante la presentación de la nueva instrucción el Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes.
Lo que se pretende es que no se castigue con penas leves lo que son delitos y por tanto que se cumpla estrictamente la ley. «Que estas conductas no queden sancionadas levemente como se ha visto en algunas ocasiones con una simple falta que se solventa con una pequeña multa», ha insistido Montero Juanes.
Lo ha asegurado en una rueda de prensa junto a los presidentes de los colegios de médicos de Badajoz y Cáceres, Pedro Hidalgo y Evelio Robles, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Han insistido en que en la reuniones mantenidas entre Fiscalía y colegios sanitarios han puesto de relieve determinadas sentencias condenatorias que tan solo han impuesto al agresor una pequeña pena de multa, obviando la tipificación como atentado del artículo 550 del Código Penal.
Desde la Fiscalía extremeña eso lo consideran insuficiente y eso es lo que ha llevado al fiscal superior en esta región a dictar la instrucción 1/2025 sobre el delito de atentando en los ámbitos sanitario y educativo. Por tanto, las conductas que consistan en agresión física, acometimiento o resistencia grave o violencia, cuando se dirijan contra profesionales sanitarios o educativos que ejerzan sus funciones en la administración pública sanitaria o educativa, serán considerados como delitos de atentado contra funcionarios públicos.
«Esta instrucción pretende que la sociedad sepa que se va a luchar contra las agresiones, que se va a procurar por todos los medios dar un castigo adecuado y, en definitivamente, simplemente, cumplir la ley», ha asegurado Montero Juanes, que ha especificado que esta publicación es de obligado cumplimiento para los fiscales de Extremadura, se centra exclusivamente en el ámbito público de la sanidad y la educación e incluye a todos los sanitarios, no solo a los médicos.
Desde los dos colegios de facultativos extremeños insisten en que esta instrucción supone un antes y un después en la protección a los sanitarios. "Cuando empezaron las primeras agresiones creíamos que eran hechos aislados, hasta que hemos tenido que crear un observatorio. Hasta ahora no se han dado soluciones y por eso agradecemos a la Fiscalía esta instrucción que le dice a la sociedad que no estamos hablando de pequeñas faltas leves, sino de delitos”, ha incidido Pedro Hidalgo, que considera esta publicación de especial relevancia y que tendrá un gran calado a nivel nacional.
Según estimaciones del Organización Médica Colegial, cada diez horas se produce en España una agresión a un médico y en 2024 se ha alcanzado el máximo histórico con 847 casos. Sin embargo, solamente se han denunciado el 43,5% de esas infracciones y la principal causa, según la OMC, es que “la interposición de la denuncia no va a tener efectos significativos”.
"Animo a todos los médicos a denunciar porque si no no figura y no se actúa, y a la Consejería de Salud a que esté al lado de sus trabajadores", ha añadido Hidalgo. Un mensaje al que se ha unido Robles, que ha lamentado que "sale muy barato, desde el punto de vista jurídico, agredir, maltratar o amenazar". Espera que eso cambie a partir de ahora con esta nueva instrucción por la que se ha mostrado agradecido a la Fiscalía de Extremadura.
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