La Fiscalía pide 50 años de cárcel para una veterinaria por sacrificar perros sanos

La acusación pública sostiene que entre 2017 y 2019 esta veterinaria, con actividad en una localidad de la provincia de Badajoz, causó de manera continua y a requerimiento de sus propietarios la muerte de diferentes perros de caza, como galgos, podencos y mestizos.

En concreto, afirma que los propietarios de los animales acudían a la veterinaria alegando que los perros ya no cumplían de manera adecuada con las funciones de caza, por lo que querían deshacerse de ellos. La Fiscalía sostiene que la principal acusada se ofrecía a facilitar una muerte indolora mediante una inyección letal. Después los dueños se llevaban el cadáver, que solían enterrar en terrenos de su propiedad o en las afueras de sus poblaciones de origen.

La acusación pública añade que ninguno de estos animales padecía enfermedades que comprometían su vida ni alteraciones en el comportamiento, y tampoco constaba riesgo para la sanidad animal ni orden de la autoridad al respecto, requisitos para poder practicar la eutanasia a los animales de compañía.

De hecho, incide en que prácticamente ninguno de los perros sacrificados pasaba de 5 años de edad. Teniendo en cuenta que su esperanza de vida oscila entre los 10 y los 14 años, considera que la única justificación para su muerte era la inutilidad en la práctica de la caza.

Uno de los argumentos que emplea la acusación es el alto número de fallecimientos de perros en comparación con otras poblaciones similares. En concreto, apunta que entre 2017 y 2019 la acusada dio de baja casi al 12% de los perros censados en su zona de actividad. De ellos, dos tercios eran de razas dedicadas a la caza y más de la mitad tenía menos de 5 años. La Fiscalía compara esos datos con dos localidades con un censo parecido y recalca que en esos casos los fallecimientos en el mismo periodo no llegaron ni al 1,5% del censo.

Asimismo, apunta errores en la documentación. El Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura debe recoger la edad, raza, nombre del propietario y la causa y fecha de la muerte junto con la baja del animal en cuestión. Estas operaciones deben ser certificadas por un veterinario colegiado. En estos casos, la acusación pública asegura que la acusada recogía que morían a causa de enfermedad o accidente.

De hecho, así se inició la investigación, al hallar en un campo los restos de una perra muerta en avanzado estado de descomposición. En su chip informativo se indicaba que había fallecido por accidente, lo que llevó al Seprona a tomar declaración a su dueño, quien reconoció que el animal había sido sacrificado por la veterinaria mediante una inyección por la que pagó 15 euros. La Fiscalía apunta que el precio habitual es de 40 euros, por lo que considera que intentaba captar clientes. Al comparar las fechas y otros canes dados de baja por la misma profesional se llegó al resto de investigados.

La acusación pública añade que de forma sistemática la veterinaria registraba la fecha y causa de muerte de perros sin comprobar esos datos, basándose únicamente en la declaración del propietario. Así llegó a certificar que distintos fallecimientos de un mismo dueño ocurrían el mismo día, en función de la fecha de visita a su consulta, en base a enfermedades no comprobadas.

Por estos hechos la Fiscalía acusa a otras once personas como propietarias de un total de 39 perros, fallecidos presuntamente bajo estas prácticas.

Por todo ello, pide para la principal acusada una condena por 39 delitos de maltrato animal con una pena de 15 meses de prisión y dos años y medio de inhabilitación por cada uno. A esto suma un delito continuado de falsedad documental, por el que reclama dos años y ocho meses de cárcel y una multa de 4.500 euros.

En cuanto a los propietarios, pide su condena como inductores de delitos de maltrato animal a razón de quince meses por cada perro sacrificado. La pena para cada uno depende del número de animales fallecidos, entre dos y ocho por acusado, por lo que la petición de cárcel oscila entre dos años y medio y diez años.

Además de la Fiscalía, en este caso destaca el número de acusaciones particulares, un total de siete. En líneas generales coinciden en el relato de los hechos, aunque elevan a 41 el número de perros sacrificados. Pero modifican la petición de pena para los implicados.

Entre ellas destaca la Federación Extremeña de Caza, que de esa forma persigue prácticas ilegales entre los cazadores. Solicita por cada delito de maltrato animal un año de prisión y para la veterinaria, además, tres años por falsedad documental.

Las asociaciones protectoras de animales Adana, SOS 112 Vagabundos, SOS Perrera Badajoz y El Refugio piden condenas similares para todos los implicados, aunque en algunos casos elevan a un año y medio de cárcel la petición por cada delito de maltrato.

Por su parte, Ecologistas en Acción reclama tres años de cárcel para la facultativa por falsedad documental, pero considera que el delito de maltrato animal debe calificarse de continuado en todos los casos, por lo que solo reclama 22 meses de prisión para cada acusado.