La Fiscalía pide cárcel para la cúpula de CC OO en Extremadura en 2013 por fraude en los cursos de formación

El juicio todavía se aplazará varios meses, pero de la acusación formulada por la Fiscalía se deduce que el Ministerio Público encuentra indicios sólidos para proponer que cada uno de los seis procesados sea condenado a 2 años y 6 meses de prisión, además del pago de una multa de 500.000 euros por parte de cada uno de ellos.

El escrito solicita también que a CC OO Extremadura y Forem Extremadura les sean impuestas sendas multas de 700.000 euros y se les imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años.

Estas penas se justificarían por el incorrecto uso de casi 500.000 euros entregados a estas organizaciones para la realización de cursos formativos para empleados, unos fondos que habrían sido utilizados para cubrir gastos de personal que nada tenían que ver con esas acciones formativas.

Las subvenciones fueron convocadas por la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura para la realización de planes formativos dirigidos, primordialmente, a trabajadores ocupados de la región. Eran subvenciones dirigidas a organizaciones empresariales y sindicales y a CC OO le fueron concedidos 1.830.487 euros para 97 actividades formativas destinadas a 2.480 alumnos. De esa cantidad, el sindicato justificó 1.770.851 euros.

La subvención fue otorgada a CC OO, pero el sindicato se subrogó en los cursos para que fueran impartidos por la fundación Formación y Empleo (Forem), que se encargó de la gestión, diseño, planificación, dirección y coordinación, así como de la justificación de los costes. Forem era una entidad sin ánimo de lucro creada por CC OO y con carácter final de entidades vinculadas, contando en su órgano de mando con personas que también dirigían CC OO Extremadura.

Forem asumió bajo su responsabilidad actividades formativas por 1.281.341 euros, mientras que CC OO se atribuyó la realización de acciones formativas por 519.160 euros.

En el escrito de acusación se explica que los costes subvencionables «debían responder a costes reales y ser justificados con facturas». En primer lugar, los «costes directos», consistentes en la contratación de formadores y tutores, gastos de amortización de equipos didácticos y plataformas didácticas, alquileres, transporte y publicidad.

Existía un segundo capítulo de «costes asociados», que son los derivados de la contratación del personal de apoyo y del gasto en infraestructuras para actividades. Finalmente, había otros gastos subvencionables, como los de evaluación y auditoría.

La acusación indica que por la realización de esos cursos CC OO Extremadura recibió de la Tesorería de la Seguridad social el 50% del importe (915.243 euros) en agosto de 2012. A esta cantidad se unieron otros 457.558 euros entregados en febrero de 2013, por lo que los pagos ascendieron a 1.372.802 euros.

Los cursos fueron impartidos entre abril de 2012 y mayo de 2013. Con posterioridad, el 21 de agosto de 2013, CC OO Extremadura presentó la cuenta justificativa de la subvención con sus correspondientes justificantes de gastos y pagos. Pero surgieron discrepancias cuando la Fundación Tripartita, que era el organismo contratado por el Servicio Extremeño de Empleo (Sexpe) para analizar la documentación, detectó partidas no justificadas correctamente, razón por la que la Junta solicitó al sindicato la devolución de 145.959 euros. Además, el Gobierno regional, en manos del PP, denunció los hechos ante la Fiscalía. Entonces se dudaba de 150.000 euros, una cantidad muy inferior a la que ahora se refleja en la acusación.

La Fiscalía entiende que la investigación ha evidenciado que una parte sustancial de los fondos fue derivada «de forma deliberada, ilícita y concertada» a la cobertura de gastos corrientes de las organizaciones sindicales investigadas, cuyos responsables justificaron «gastos superiores a los efectivamente realizados con fines formativos».

De esos hechos se acusa a Miguel Coque Durán en su calidad de secretario de Formación y Empleo de CC OO Extremadura en el período investigado, además de presidente del patronato de Forem. Aparece también como acusada Encarna Chacón Belmonte, que entonces era secretaria de Organización y Finanzas de CC OO en Extremadura y tesorera de Forem, razón por la que intervenía en el control de los contratos que les transmitía Forem. Chacón es además la actual secretaria general del sindicato en la región.

El tercer procesado es Jaime Javier Fenollera de Miera, director ejecutivo de Forem Extremadura hasta febrero de 2013 y máximo responsable de esa Fundación, razón por la que intervino en la justificación de los cursos.

La cuarta acusada es María del Carmen Muelas Peña, economista y coordinadora del área de administración y gestión económica de Forem Extremadura. Ella se encargaba de la contabilidad, nóminas, facturación y control de la documentación justificativa.

Completan la lista Rocío Ballester Morales, responsable de recursos humanos y financieros de CC OO Extremadura, quien se encargó de examinar la documentación, y Julián Carretero Castro, que era secretario general de CC OO Extremadura y representante legal del sindicato.