La Fiscalía solicita nueve años de cárcel para el exgerente del Festival de Mérida

La Fiscalía solicita una pena de nueve años de prisión para Pedro Salguero por su labor como gerente del Festival de Mérida hasta el año 2011 por delitos de malversación, prevaricación y ocultación de documentos públicos. Se le acusa, por ejemplo, de efectuar pagos por servicios que en realidad no eran realizados, además de obviar las leyes de contratación.

Asimismo, la acusación pública solicita cinco años de cárcel para A. J., auditor externo de la Consejería de Cultura.

Salguero ya ha sido condenado a dos años de cárcel por desviar 111.700 euros durante su labor como gerente de la fundación Orquesta de Extremadura, cargo que ejercía de forma simultánea al del Festival de Teatro. Por esta causa ya ha estado en prisión, aunque salió el pasado mes de febrero tras lograr un contrato de trabajo en el Ayuntamiento de Calamonte.

El encausado fue jefe de Administración del Festival de Mérida con delegación de la gerencia entre febrero de 2006 y marzo de 2008. En abril de ese año fue nombrado gerente, puesto que compaginó con el de gerente de la fundación Orquesta de Extremadura. Estuvo en el cargo hasta octubre de 2011, cuando presentó su dimisión después de que el PP se impusiera en las elecciones autonómicas de mayo de ese año.

La Fiscalía señala que entre los años 2007 y 2011, con conocimiento pleno de estar actuando arbitraria e ilegalmente, y con ánimo de enriquecimiento propio y de terceros, Pedro Salguero dispuso ilícitamente de dinero público para dictar órdenes de pago directas, emisiones de facturas, pagarés, cheques y transferencias a diversas empresas.

La investigación recoge hasta cinco casos. En julio de 2007, a través de un pagaré, abonó 24.000 euros a una empresa de Sevilla a la que conocía por su trabajo anterior. La Fiscalía afirma que en realidad no prestó ningún servicio al Festival, además de que se omitiera la normativa nacional sobre contratación y la Ley de hacienda pública de Extremadura.

En segundo lugar, indica que en julio de 2008 ordenó, a través de la empresa de su cuñado, un pago de 1.750 euros a una firma de transportes por un envío de fruta desde Mérida a la localidad italiana de Uzzano. Este servicio no guardaba ninguna relación con el Festival, además de que no se cumplieran las normas citadas anteriormente.

Junto a esto, y en connivencia con el beneficiario, en agosto de 2008 ordenó el pago de 28.000 euros mediante un cheque a A. J., quien, como auditor externo de Cultura, era perfectamente conocedor de la situación del Festival de Mérida. La acusación pública considera que no hubo trabajo ni asesoramiento alguno que justificara esta remuneración. Además, añade que Salguero contrató con él de forma verbal asesoramiento financiero, valorado en 25.170,58 euros, sin concretar la labor a realizar ni el periodo temporal, eludiendo de forma consciente la normativa sobre contratos públicos.

En cuarto lugar, la Fiscalía expone que en junio de 2011 acordó, como responsable de la Fundación Orquesta de Extremadura, el pago a unas empresas que habían prestado servicios de iluminación para el Festival de Mérida. Además, firmó un reconocimiento de deuda por importe de más de 580.000 euros, que abonó en parte con dos pagarés con cargo al Festival que resultaron impagados por falta de fondos y que forman parte de la deuda de la entidad, una cuestión que está pendiente de otro procedimiento judicial. En estos casos también se saltó las leyes sobre contratación.

Por último, recoge que Salguero contrató, saltándose las normas vigentes, a una empresa de restauración de Fuenlabrada a la que abonó 12.000 euros entre junio y julio de 2009 sin que conste servicio alguno al Festival de Mérida.

Por otro lado, la Fiscalía reseña que la Agencia Tributaria realizó una actividad de control de los años 2009, 2010 y 2011 por las liquidaciones de la entidad por el impuesto de sociedades, el IVA y las retenciones practicadas en la nómina a los empleados. Pese a que era su obligación, y a los múltiples requerimientos, señala que el exgerente no entregó y obstaculizó la presentación de la documentación correspondiente. Eso implicó sanciones por un importe total de 605.980,05 euros.

Asimismo, el servicio de Intervención de la Junta también requirió en los años 2008, 2009 y 2010 al Festival de Mérida, a través de su gerente, documentación sobre la situación contable y financiera de la entidad. Sin embargo, a pesar de que Salguero sabía que estaba obligado a dar esa información, no la aportó. En el año 2012 la deuda de la entidad llegaba a 3,36 millones de euros.

La acusación pública añade que, en el momento de abandonar su cargo en octubre de 2011, el exgerente sustrajo de la oficina del Festival de Mérida una torre de ordenador que contenía toda la documentación contable de la entidad. Este dispositivo fue finalmente entregado, previo requerimiento judicial, en octubre de 2014.

La Fiscalía pide para Salguero por el pago de facturas indebidas una condena de cinco años y medio de prisión por un delito continuado de malversación y nueve de inhabilitación por prevaricación. Para A. J., como cooperador necesario de un delito de malversación, reclama cuatro años de cárcel.

En cuanto al delito de ocultación de documentos públicos, pide para el exgerente una pena de tres años y medio de prisión, lo que hace un total de nueve años, y multa de 12.000 euros.