La Fiscalía del Tribunal Constitucional está a favor de demoler Valdecañas

En dicho informe, al que ha tenido acceso el diario El Mundo y se prevé que llegue a las partes la próxima semana, el fiscal jefe del TC, Pedro Crespo, «solicita que se desestime la demanda de amparo promovida por el Gobierno regional al no apreciar ninguna vulneración de derechos fundamentales».

El Ministerio Fiscal es parte en todos los procedimientos de amparo en defensa de la legalidad, y su opinión es una de las que se debe tener en cuenta.

A preguntas de este diario sobre este paso procesal, la Junta responde que «no tienen mayor alcance que una alegación más que tendrá que valorar el alto a tribunal cuando tome su decisión. Al igual que la de los demás personados: ayuntamientos, propietarios, Ecologistas en Acción y Junta de Extremadura».

Hay que recordar que en noviembre el tribunal de garantías acordó admitir a trámite los recursos de amparo que se prevé decidan el futuro de Marina Isla de Valdecañas. Fueron planteados por la Junta de Extremadura, la comunidad de propietarios de las villas que forman parte del complejo urbanístico y los ayuntamientos afectados.

Con división de posturas entre sus magistrados (seis frente a cinco votos), el órgano judicial de garantías admitió finalmente entrar a conocer el fondo del recurso porque las cuestiones planteadas tenían «especial trascendencia constitucional al estimar, por una parte, que el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna y, por otra, que el asunto suscitado trasciende del caso concreto por su relevancia social y económica«.

Hay que recordar que el complejo urbanístico fue objeto de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el año 2011, en las que se anulaba la decisión del proyecto adoptada por la Junta y se ordenaba la reposición de los terrenos a la situación anterior a la aprobación del citado proyecto, decisión que fue confirmada por el Supremo tres años más tarde.

En 2021, el TSJEx declaró mediante un auto la imposibilidad de ejecutarlas en sus propios términos y acordó el derribo parcial. Es decir, echar abajo lo que está en fase de estructura o no está terminado y en funcionamiento, así como la conservación del hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento.

Recurrido ante el Tribunal Supremo el citado auto, la Sentencia 162/2022, de 9 de febrero, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, estimó el recurso de casación. La sentencia del Tribunal Supremo considera que no concurren causas que justifiquen la imposibilidad de ejecución de las sentencias en sus propios términos en cuanto a la demolición también de lo construido y en funcionamiento.

Las partes afectadas por la amenaza de derribo decidieron seguir adelante con el largo litigio judicial tras el jarro de agua fría que supuso para ellos la sentencia del Supremo que ordenaba la demolición, y contra el fallo se interpusieron los tres recursos de amparo pendientes de ser resueltos. Y habrá que ver si se decantan o no por la postura del Ministerio Público.

Conectado con este litigio, la pasada semana el Pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó la ley de ZEPA que legaliza Valdecañas, una propuesta del PSOE con la crítica de la oposición por considerar la norma una 'chapuza jurídica'. En Extremadura hay 71 ZEPA, pero el Gobierno regional afirma que 55 de ellas nunca tuvieron una declaración expresa. La propuesta de ley del Grupo Socialista da ese paso para asegurar su protección y dar seguridad jurídica.

Un cambio legislativo que los propietarios del resort aplaudieron pues consideran que viene a respaldar sus tesis. Es decir, que la declaración de la zona ZEPA nunca fue realizada formalmente. Tanto es así que el letrado de los 185 dueños de las villas, Luis Díaz-Ambrona, señaló a HOY que «la nueva ley pesará más que la sentencia del Supremo».