UPA pagará 500.000 euros por el fraude en las ayudas al asesoramiento

El acuerdo contempla la condena para el secretario general de la entidad en la región, Ignacio Huertas, y el secretario de Organización, Maximiano Alcón. Ambos recibirán dos años de prisión y multas de 3.240 euros por un delito de fraude de subvenciones en concurso medial con falsedad documental.

También han sido condenados dos trabajadores de la entidad. El contable Juan Miguel Apolo a un año y dos meses por los mismos delitos que Huertas y Alcón y el responsable técnico, Gervasio Martínez, por falsedad documental a un año y tres meses. Para los miembros de la directiva José Cruz, Miguel Leal y María Antonia Alcalá se retira la acusación.

Asimismo, UPA-UCE ha sido condenada a título lucrativo, por lo que se considera que se benefició del delito pero no participó de forma directa. Deberá abonar 500.000 euros a la Junta de Extremadura como entidad perjudicada, aunque el Gobierno regional se retiró como acusación particular y renunció a cualquier indemnización.

A pesar de esa falta de interés en el procedimiento, para la Fiscalía ha sido clave que se indemnice a la Junta, de lo que ya se ha adelantado una cantidad de 100.000 euros. El resto se pagará en diez años. Esto ha permitido aplicar una atenuante de reparación del daño. También se ha tenido en cuenta una rebaja por dilaciones indebidas. Para el contable, Apolo, se ha añadido además el atenuante de confesión, ya que su declaración en la fase de investigación fue clave para sostener la acusación.

El abogado de UPA-UCE, Pedro González, señaló ayer tras la firma del acuerdo de conformidad que la entidad asume que «pudo haber algún tipo de irregularidad en la tramitación» de estas ayudas, aunque no con la gravedad que sostenía la Fiscalía, cuyo escrito de acusación considera desproporcionado y con un relato de hechos que no coincidía con la realidad. Pero se ha optado por aceptar el acuerdo y evitar la 'pena de banquillo', a cambio de realizar un esfuerzo «muy importante» para abonar los 500.000 euros comprometidos. «Un mal menor que permite la supervivencia de la organización», añadió. Asimismo, destacó que la condena a título lucrativo evidencia que la directiva no obtuvo ningún beneficio.

Por su parte, Ildefonso Seller, abogado de Huertas y Alcón, añadió que ha recomendado aceptar el acuerdo por unas penas que no implicarán la entrada en prisión para evitar un juicio que, aunque por unos hechos que considera exagerados, podría implicar una condena mayor. El acuerdo se ha firmado este lunes, por lo que sólo falta la sentencia de conformidad.

En noviembre de 2016 la Guardia Civil puso en marcha la operación Tellus por un supuesto fraude en la gestión de ayudas al asesoramiento agrario entre 2010 y 2015, pagadas por la Junta de Extremadura con fondos europeos. Esto llevó a la detención de la cúpula de UPA-UCE en la región, entre otros Huertas y Alcón. Ambos fueron enviados a prisión provisional, que no abandonaron hasta mediados de febrero de 2017.

Tras una larga instrucción, a comienzos de 2021 la Fiscalía de Mérida aprobó el escrito de calificación, en el que solicitó una condena de 16 años de cárcel y 33 millones de multa para Huertas y Alcón. La acusación pública apreció cuatro tipos de delitos: contra la hacienda pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En el periodo citado la entidad recibió de la Junta de Extremadura un cantidad de 4,3 millones de euros por estas subvenciones.

Asimismo, la Fiscalía pidió más de diez años de prisión para los miembros de la ejecutiva Miguel Leal, José Cruz y María Antonia Alcalá; y nueve y medio para el técnico Gervasio Martínez. Para el contable de UPA, Juan Miguel Apolo, se reclamó seis años de cárcel como responsable del entramado creado para cobrar las ayudas. Pero su declaración fue clave para descubrir la supuesta trama, por lo que se le aplican atenuantes de confesión y reparación del daño.

En la petición inicial también se pedía la condena a UPA-UCE por un delito continuado contra la hacienda pública de fraude de subvenciones y otro de blanqueo de capitales, lo que conllevaba una multa de 11 millones de euros y la suspensión de actividades por un plazo de cinco años. También se pedía la indemnización conjunta y solidaria a la Administración regional de 4,3 millones de euros.

La suspensión de actividad hubiese supuesto el fin de la organización, algo que ahora se salva con un acuerdo que es positivo para todas las partes. Para la Fiscalía, porque consigue que se reconozca y se castigue una actitud delictiva que UPA-UCE siempre negó. Y para la entidad y sus responsables porque evitan el cierre y reciben condenas asumibles, aunque supondrán el pago de una cantidad importante.