La Guardia Civil confina a más de 5.000 personas en Arroyo de la Luz

A las tres de la tarde, los vecinos de Arroyo de la Luz supieron que su pueblo de 5.800 habitantes se cerraba. El Ayuntamiento anunciaba, a través de una aplicación móvil, que la Consejería de Sanidad y la Delegación de Gobierno de Extremadura habían acordado el aislamiento social del municipio con más afectados por coronavirus en Extremadura.

Pocos minutos después entendieron qué significa ese hecho. Calles vacías, patrullas de la Guardia Civil recorriendo la localidad y agentes a la entrada de un pueblo acostumbrado a la calma, la misma que se perdió después de que COVID-19 acabara con la vida de Claudia P. B., una arroyana de 59 años.

Hay 17 (16 más la persona fallecida) casos confirmados en esa localidad por el SES a fecha de ayer por la tarde. Las autoridades sanitarias están estudiando a las personas que podrían haber mantenido contacto con los afectados. 50 de ellas viajaron a Sevilla para ver el Circo del Sol en el mismo autobús que lo hizo la fallecida el pasado día 29 de febrero.

Algunos de ellos, tal y como aseguran los vecinos consultados por este periódico, al regreso del viaje «hicieron una vida normal hasta que han empezado a notar síntomas y murió una persona».

Aunque han tomado medidas como la restricción de visitas en el centro de mayores, la cancelación de actividades o el cierre de la biblioteca municipal, donde trabajaba la fallecida, hay otras instalaciones que han seguido abiertas. Es el caso del colegio público en el que estudian 300 alumnos. Ayer, última jornada antes de la suspensión de las clases, sólo fueron 25.

Además, una empresa de desinfección procederá a la limpieza del centro escolar a principios de la semana que viene, según explica a HOY la directora del colegio Nina Bañegil.

Los pequeños, al igual que el resto de arroyanos, tendrán que permanecer en sus casas. Ahora se enfrentan a una situación totalmente desconocida. «La gente no para de compartir fotos desde las ventanas y hay controles en todos los accesos», decía en la tarde de ayer un vecino. «Aquí estamos encerrados y las calles están desiertas», comentaba minutos después de decretarse esta medida excepcional que ya se ha dado en otros municipios de España como Igualada, Ódena, Vilanova del Camí y Santa Margarida de Montbuí.

En el caso del extremeño, se anunció justo antes del que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el estado de alarma, y las consecuencias se empezaron a notar a la hora de la salida del trabajo. Muchos arroyanos que se desplazan hasta la capital cacereña para cumplir con su jornada laboral se encontraron con un atasco a su regreso a casa. La norma general dada por los agentes de la Guardia Civil es que si entraban en el municipio no podían salir salvo razón muy justificada.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, se refirió ayer a esas excepciones basadas «sobre todo en el sentido común».

En la rueda de prensa ofrecida ayer por la tarde puso algunos ejemplos antes posibles situaciones que se pudieran dar. «Hemos tenido la duda de si dejaban salir del pueblo a una mujer con un embarazo de alto riesgo, o si los ganaderos que tienen la finca ubicada en Arroyo de la Luz pueden ir a alimentar al ganado, o si los profesionales sanitarios que se tienen que desplazar pueden hacerlo. Ante eso la respuesta es sí», aclaró el consejero.

Dijo que el aislamiento se interpreta de la forma más permisiva posible para que haya seguridad. «No se puede prohibir la entrada al distribuidor del pan o a un proveedor de productos esenciales para la vida de las personas», recalcó.

Puso de manifiesto que es consciente de que «la medida es drástica» y pidió aislamiento domiciliario y límite de actividades sociales.

Para pedir responsabilidad dio un dato. «Estamos observando que hasta el 25 por ciento de las muestras que se han tomado para el estudio de las personas que realizaron el viaje en autobús a Sevilla, así como los controles de los contactos estrechos de esas personas, están dando positivo», detalló Vergeles. Se ha revisado hasta ahora un centenar de casos.

Destacó que es una «medida absolutamente necesaria para estudiar bien los contactos y no se produzca una transmisión descontrolada». Además, el consejero reconoció que «hay riesgo de transmisión comunitaria», es decir, para aquellos que no han tenido contacto con nadie que haya estado en zonas de riesgo y tampoco haya viajado al extranjero.