Funcionarios con cita previa

La semana pasada HOY publicaba una carta de un lector, Juan Carlos Nieto, en la que expresaba su malestar por cómo están funcionando algunos servicios de la administración como consecuencia de las cautelas contra el coronavirus. «Siento vergüenza ajena por el trato que estamos dando los empleados públicos a los ciudadanos que precisan de nuestros servicios», escribía rotundo. Y ponía como ejemplo el caso de un ciudadano que acudió a una oficina del Sexpe con cita previa y no se le permitió acceder con el menor que le acompañaba, que se tuvo que quedar en la calle.

Me llamó la atención la carta porque no es frecuente que un profesional de cualquier ámbito critique a su colectivo. Todos tendemos al corporativismo y preferimos echar la culpa a los demás antes que admitir nuestros errores. Y me salió de ojo también porque desde que terminó el estado de alarma, el 11 de mayo, y empezaron a abrirse comercios, bares y empresas, muchas instituciones siguieron 'blindadas' al público, (esa es la palabra utilizada por el lector) mientras la Administración invitaba a la ciudadanía a hacer vida normal con el fin de reactivar la economía. Tenemos que aprender a convivir con el virus, se insiste, y probablemente sea lo acertado si no queremos que la ruina económica produzca a la postre más daños que el coronavirus. No parece prudente irse de botellón, pero sí retomar con todas las cautelas algunas de las rutinas de la vida pre-covid.

Sin embargo, tres meses después del fin del confinamiento, sigue siendo imposible hacer con normalidad gestiones imprescindibles para los ciudadanos. Uno sale por la mañana de casa y puede comprarse desde unos zapatos a un piso, pero como se le ocurra acercarse a Hacienda o a la Seguridad Social para resolver asuntos pendientes lo va a tener mucho más difícil.

Algo no funciona bien cuando no hay ningún obstáculo para entrar en los comercios o en los bares y resulta imposible acceder con normalidad a un edificio público, al que la mayoría de las veces se acude por razones de mucha mayor importancia.

Si, como dicen nuestros gobernantes, el país no puede seguir indefinidamente parado por la crisis sanitaria, habría que preguntarse qué parte de ese parón que hemos sufrido se debe a que la Administración echó el cierre y todavía no se ha decidido a abrir, mientras que todas las empresas que han podido lo han hecho. ¿O no tienen impacto en la economía y en la vida de las personas los retrasos en la tramitación de documentos, en la resolución de pleitos, ayudas o permisos? La opción del teletrabajo, que ha resultado positiva para infinidad de sectores y ha salvado a multitud de empresas, no se ha implantado de manera general en la relación entre Administración y administrados.

En estas circunstancias, la Administración se convierte en rémora de la recuperación económica, pero sufre además un daño importante en su reputación. La conclusión a la que llegan los ciudadanos es, una vez más, que lo privado funciona mejor que lo público, y eso no es nada positivo para una Administración que debería aspirar a ser más eficaz que cualquier empresa privada.

El próximo comienzo del curso va a poner a prueba la capacidad de las comunidades autónomas para organizar las clases con seguridad. Con todas las medidas que se requieran, y que ya se aplican en las empresas que están abiertas, o que nunca cerraron. Si lo están haciendo en Alemania, ¿por qué no en España?