Gallardo insiste en que la contratación de David Azagra se hizo «conforme a ley»

El presidente de la Diputación reitera su total disposición a declarar y colaborar en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la contratación del músico David Azagra, hermano del presidente del Gobierno. Avanza que lo hará «desde la seguridad que todo lo que se ha hecho desde la institución se ha realizado conforme a ley y con total transparencia».

Reitera la Diputación de Badajoz en su comunicado que mantiene  una actitud de «cooperación absoluta con la justicia y estamos prestando todo el apoyo necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados».

Un caso cuyas indagaciones recayeron en los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y cuya instrucción corre a cargo del Juzgado Número 3 de Badajoz. Su titular, la jueza Beatriz Biedma, ha firmado un auto este miércoles por el que se cita a declarar en calidad de investigados a David Azagra y al líder de los socialistas extremeños, que tendrán que ofrecer su versión de los hechos en el Palacio de Justicia de Badajoz el 9 de enero.  La resolución judicial se conoce un día después de recibir el informe de la UCO.

Según consta en el auto, al que ha tenido acceso HOY, «una vez analizado el contenido del informe Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y derivándose del mismo la existencia de indicios racionales de criminalidad relativos a los delitos contra la administración pública investigados, se consideran necesarias, pertinentes y útiles para continuar con la instrucción de la causa más diligencias de investigación».

Por este motivo, la jueza ve necesario pedir más documentación a la Diputación para aclarar las circunstancias en que esta institución pública asignó el contrato de alta dirección de coordinador de los conservatorios de Badajoz en 2017 al hermano del presidente del Gobierno.

«Es fundamental para la Diputación de Badajoz que se preserve la integridad de nuestras instituciones y la confianza de los ciudadanos», indica el organismo provincial, al tiempo que vuelve a repetir su disposición a colaborar en todo momento con las autoridades competentes y agradecemos el respeto y la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de esta investigación.

Además de Azagra y Gallardo, hay otras siete personas llamadas a declarar. Se trata de Elisa Moriano, directora del área de Cultura entre 2015 y 2019; Cristina Núñez, diputada de Cultura hasta julio de 2018; Juana Cintas, , que fue directora del área de Recursos Humanos y Régimen Interior entre 2015 y 2023, y Manuel Candalija Valle, que es ahora director del área de Cultura, Deporte y Juventud, pero que en el momento del contrato era jefe de servicio de actividades culturales.

También cita como en calidad de investigado a Félix González, Márquez, actual jefe de sección de Gestión Administrativa y Asuntos Generales y anteriormente jefe de servicio de Gestión de Recursos Humanos, Inspección y Evaluación; a Emilia Parejo Gala, que fue directora del Área de Cultura Juventud y Bienestar de la Diputación entre 2019 y 2023, y actual coordinadora de la Delegación del Área de Igualdad; además de Francisco Martos Ortiz, alcalde de Castuera y diputado delegado de Cultura y Deportes entre 2019 y 2023.

Por último, Beatriz Biedma solicita a la Asamblea de Extremadura que certifique que Antonio Garrote, exalcalde de Monesterio y diputado provincial, tiene escaño en el Parlamento regional, y comprobar así su condición de aforado.