El Consejo de Ministros ha concedido este martes su autorización a la Junta de Extremadura para formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un ... importe máximo de 2.138,3 millones de euros.
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Esta decisión se enmarca en lo recogido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la normativa sobre financiación de las comunidades autónomas, que exigen que la concertación de nuevas operaciones de endeudamiento deben contar con el visto bueno del Gobierno.
En el caso de Extremadura, las operaciones de deuda a largo plazo se destinarán a la refinanciación de créditos existentes con la finalidad de conseguir ahorro financiero, ya que se conseguirán mejores condiciones y por tanto se pagarán menos intereses.
La autorización del Gobierno sólo podrá amparar operaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de este año.
La consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano, anunció en febrero en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura que el Gobierno regional había pedido autorización para recurrir al endeudamiento ordinario con el objetivo de refinanciar las cantidades que se deben con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
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En 2023 y 2024 la región optó a 2.138 millones de euros del FLA, más de la mitad de lo que adeuda la región con cargo a los mecanismos extraordinarios de financiación y casi el 40% de su deuda total, según los últimos datos oficiales del Banco de España.
El objetivo de la Junta de Extremadura es refinanciar esos préstamos en el mercado ordinario para ahorrar este año 12,2 millones por los créditos del FLA de 2023 (86 millones de euros hasta 2035) y 11 millones del FLA del pasado ejercicio (67 millones hasta 2035).
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El Gobierno regional defiende esta medida en lugar de acudir a la propuesta del Ministerio de Hacienda de asumir 1.718 millones de euros de la deuda extremeña. Esa cantidad representa casi una tercera parte de sus préstamos pendientes de pago. Según los últimos datos del Banco de España, del tercer trimestre del pasado año, ascienden a 5.453 millones de euros.
La Junta critica las condiciones planteadas por el Gobierno central para lo que considera además una condonación ficticia, ya que la deuda seguirá existiendo, sólo que será asumida por el conjunto del Estado.
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