El Gobierno y la Junta pactan la reforma de cuatro leyes autonómicas

Como adelantó HOY, una de las normas que se modifica es la Ley de Presupuestos de 2022, en concreto la disposición adicional que permitía compensar a las empresas contratistas por el aumento de costes de los materiales de construcción. La Junta acepta que esa revisión se enmarcará en la legislación básica estatal, así como en las medidas aprobadas por el Gobierno con el mismo fin.

Esa disposición adicional fue modificada por un decreto-ley autonómico a comienzos de este año. Esa norma también será reformada por la Junta para limitar su alcance al acuerdo alcanzado sobre la Ley de Presupuestos. Además, el Gobierno regional renuncia a la posibilidad de establecer nuevas medidas por alteración extraordinaria de los precios de los materiales. Junto a esto, se cambia un artículo que permitía reducir la importancia del precio en las ofertas presentadas para optar a concursos públicos. Ahora se precisa que deberá cumplir con los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público.

La medida de revisión de precios incluida en los Presupuestos de 2022 también fue modificada por otro decreto-ley aprobado en mayo para permitir su aplicación por las entidades locales y para ampliar el alcance de la medida. Como en el caso anterior, ahora se especifica que esas decisiones tendrán como límite la reforma de la citada disposición adicional.

En cuarto lugar, la Junta de Extremadura aprueba cambiar la Ley de medidas para el reto demográfico y territorial, que fue aprobada en marzo. En materia de contratación, se pone límite a la adquisición de productos de proximidad en los pliegos de condiciones de los concursos públicos. Tampoco se podrá emplear este criterio en la valoración de ofertas para los comedores escolares. Asimismo, se elimina para los contratos menores el requisito de consultar de forma preferente a pequeñas y medianas empresas y entidades de la economía social. En su lugar, se facilitará su acceso a estos procedimientos.

Por último, el Gobierno y el Ejecutivo regional han acordado iniciar conversaciones sobre otra norma que genera discrepancias, la Ley de racionalización y simplificación administrativa que se aprobó en julio. En este caso, la negociación se centra en un artículo dedicado a la acreditación de entidades colaboradoras en materia de certificación para trámites administrativos.