A 70 euros el metro cuadrado. Esa es la oferta de suelo industrial que el Gobierno ha anunciado para la plataforma logística de Badajoz. «Hemos utilizado de precio de referencia el mismo al que se ha comercializado en las últimas ocasiones», ha dicho Leire Iglesias, ... directora general del Sepes, la entidad estatal de suelo, al dar a conocer que se ponen en venta las siete parcelas que al Estado le quedan en propiedad en el polígono pacense.
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En conjunto, unas 100 hectáreas (un millón de metros cuadrados). Todas pertenecen a la primera etapa de desarrollo de la plataforma logística. «Están en condiciones de poder ser ocupadas inmediatamente por iniciativas empresariales», ha afirmado la directora general del Sepes.
Todas estas parcelas que todavía son propiedad del Sepes superarían, al precio fijado, un valor de venta de 70 millones de euros. Una cuantía cerca de un 40% superior a los 51 millones de euros que el Gobierno de España ha invertido en la plataforma logística, según ha recordado Iglesias.
La comercialización de ese suelo industrial la hará el Sepes, pero la entidad le ha solicitado a Extremadura Avante que efectúe todas las acciones comerciales que estime oportunas. «La venta y la formalización de escrituras la haremos nosotros, pero le hemos pedido a Avante que haga todas las gestiones de promoción de esas parcelas puesto que ellos estaban requiriendo que se pusiera este suelo a disposición; por eso se hace ahora, porque nos lo estaban pidiendo y por eso lo ponemos en manos de la Administración autonómica», ha remarcado Iglesias, destacando la buena disponibilidad de la Junta a acometer esa tarea promocional.
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Más caras se venden las parcelas del polígono El Prado, de Mérida: a 85 euros el metro cuadrado. Así lo ha confirmado la directora general del Sepes, que ha señalado que se ha hecho una rebaja en el precio del suelo. Algo que el Ayuntamiento de Mérida «había pedido muy insistentemente», como ha remarcado Iglesias.
En esa zona industrial, en concreto en la ampliación El Prado, el Sepes dispone de 119 parcelas pendientes de comercialización, que suman unos 200.000 metros cuadrados.
La entidad también dispone de suelo residencial e Iglesias también ha anunciado en su comparecencia de este jueves, junto al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que se proyectan 155 viviendas sociales en la región.
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En la ciudad de Cáceres, el Sepes adquirió en el pasado mes de febrero un suelo residencial en la avenida Juan Pablo II. Concretamente entre las estaciones de tren y de autobuses. «Es de los pocos que quedan pendientes de desarrollo en esa zona», ha asegurado Iglesias.
Por el momento, la entidad ya ha solicitado la segregación de esa parcela que está destinada a vivienda libre. «Nosotros las comercializaremos como vivienda asequible, tanto en régimen de compra como de alquiler», según Iglesias. El total del terreno permite la construcción de 100 viviendas, pero el Sepes únicamente es propietario del 35%, por lo que podrá levantar 35 inmuebles.
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Es un suelo que no ha tenido un coste directo para Sepes, ya que procede de una compensación, como ha explicado su directora general: «Lo ha descalificado Patrimonio para que lo podamos dedicar a uso residencial fruto de un proceso de compensación urbanística de carreteras».
Por último, Iglesias también ha avanzado que tienen intención de empezar a construir cuanto antes 120 viviendas en Navalmoral de la Mata. Para ello, desde el Sepes ya han remitido un convenio tanto a la Junta de Extremadura como al Ayuntamiento. «Estamos en disposición de firmarlo y tan pronto como la Junta nos ceda los suelos nos pondremos a construir», ha manifestado.
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La parcela en la que está prevista esa edificación se ubica en el PIR Los Viñazos y el Sepes tiene reservado un presupuesto de 16 millones de euros para la construcción.
Este proyecto nace del protocolo de colaboración firmado hace un año entre la Junta y el Ministerio para desarrollar suelo residencial en Navalmoral ante la previsión de que las iniciativas industriales que se promueven en la zona aumentaran la demanda de viviendas y con el objetivo de evitar un impacto directo en los precios.
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