El Gobierno regional estudiará asumir la gestión del ingreso mínimo vital

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R. H.

José Antonio González, diputado de Unidas por Extremadura, ha preguntado en el pleno del Parlamento regional si el Ejecutivo autonómico contempla hacerse cargo de esta prestación. En su opinión, presenta problemas de gestión, ya que el sistema de información no funciona y requiere mucha burocracia, lo que implica una lista de espera de siete u ocho meses de media. Sin embargo, las comunidades autónomas que gestionan prestaciones como la renta básica, como es el caso de Extremadura, consiguen resolver las ayudas en uno o dos meses. Por ese motivo, considera que la Junta podría agilizar la concesión del ingreso mínimo vital.

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta, Sara García Espada, ha apuntado que el Gobierno regional aboga por la eficiencia en la ejecución de las competencias, y si se considera que la gestión del ingreso mínimo puede mejorar, se solicitará.

García Espada se ha mostrado dispuesta a escuchar las propuestas del Gobierno y analizar cómo se haría esa cesión y en qué condiciones, pero ha recalcado que hasta la fecha no tiene información oficial de cómo sería la gestión y de dónde procederá la financiación. Según ha recalcado, el traspaso debe estar acompañado de los recursos económicos, técnicos y personales necesarios, «respetando siempre la igualdad entre españoles».

La consejera de Salud ha recalcado igualmente que el PP siempre se ha mostrado a favor de este tipo de prestaciones para cubrir necesidades básicas e inclusión social y que fue el Gobierno regional del popular José Antonio Monago el que aprobó la renta básica en Extremadura.

Sin embargo, considera que el Gobierno central ha fracasado con la creación del ingreso mínimo vital en 2020 y con la ley reguladora de 2021, ya que no llega al número de beneficiarios previsto. Asimismo, lamenta que sólo se ofrecen datos sobre expedientes concedidos y número de beneficiarios, pero no se sabe cuántos lo han pedido ni desde cuándo.