La Junta de Extremadura insiste en que ya no es una prioridad derogar la Ley de memoria histórica y democrática, aunque afirma que la norma ... es mejorable, pese a lo cual el Gobierno regional trabajará en su cumplimiento.
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La directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Montaña Rueda, ha señalado ante la Comisión de Cultura de la Asamblea de Extremadura que la norma, que fue aprobada a finales de 2018, aún no ha sido desarrollada.
«No hay un censo de víctimas, no hay un banco de ADN...», ha explicado. Tampoco se ha llegado a un acuerdo con los institutos forenses de Cáceres y Badajoz para desarrollar este banco, a pesar de que ha asegurado que ya se ha solicitado colaboración.
La directora general ha recordado que para el Gobierno regional no es prioritario revisar la Ley de memoria histórica, uno de los puntos que recogía el acuerdo con Vox, que ha quedado roto. En su lugar, ha indicado que «es prioritario el banco de ADN, exhumar lo que no se ha exhumado, un censo de víctimas que no se ha hecho...» Asimismo, ha recalcado que se está ejecutando un crédito de 261.000 euros de fondos propios de la comunidad que no se había gastado.
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«Cuando todo eso seamos capaces de organizar, intentaremos trabajar en mejorar lo demás», ha añadido. «Creo que la ley es mejorable, y en eso estamos trabajando». Como ha indicado, la norma se centra en las víctimas de la represión franquista. A su juicio, «habría sido deseable que en el espíritu y la redacción de la ley se hubiera contemplado el conjunto de víctimas de la guerra civil, de cualquier signo».
En cualquier caso, ha apuntado que «es lógico, loable y así lo estamos haciendo, que la actividad en materia de exhumación, identificación y reconocimiento de víctimas se centre actualmente en las ocasionadas por victimarios franquistas, sea durante la guerra civil o en la dictadura».
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«En la práctica, la inmensa mayoría de las que siguen en fosas comunes o en paradero desconocido son estas, y en estas víctimas se están centrando los trabajos de exhumación e identificación, que se vienen realizando con toda normalidad», ha añadido.
La directora general de Patrimonio ha comparecido en la comisión para responder a una pregunta del diputado socialista Ricardo Utrera, quien ha afirmado que el Gobierno regional no aclara qué víctimas del golpe de estado de 1936 y la dictadura franquista no reconoce la ley extremeña. «Sigue equiparando a las víctimas con los verdugos, es como si en Alemania pusieron al mismo nivel a los nazis y a los judíos», ha afirmado.
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Utrera ha recalcado que el PP se ha mostrado en varias ocasiones en contra de la norma. De hecho, votó en contra de su aprobación en el Parlamento regional. Pero reclama que se ejecute en toda su extensión para identificar y reconocer a las víctimas del «holocausto extremeño».
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