El Gobierno vasco identifica los restos de otros tres extremeños víctimas de la Guerra Civil

Los cuatro eran agricultores, vivían en pueblos de Badajoz y fueron trasladados a la fuerza a Orduña, en cuyo camposanto lleva años trabajando el Ejecutivo vasco a través de su Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora. También colaboran en el proyecto la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Ayuntamiento de Orduña.

En junio del año 2014 fueron exhumados del cementerio 14 cadáveres, y el pasado diciembre 57 más. La investigación sobre lo ocurrido en esa vieja prisión franquista permitió averiguar que pasaron por ella unas cuatro mil personas. «Los registros –explica Gogora– certifican que entre los años 1937 y 1941 murieron en ella 225 personas, de las que 127 eran extremeñas (todas de Badajoz excepto tres), además de 41 de Castilla La Mancha, 28 de Andalucía y 18 de Cataluña». Gran parte de los que fueron encerrados en la prisión procedían de la cárcel que en esos mismos años de enfrentamiento y de hambre funcionó en Castuera.

A partir de la información sobre las identidades de los fallecidos en Orduña, el Instituto se lanzó a la búsqueda de familiares, con la idea de poder tomarles muestras de ADN que cotejar con las de los restos hallados en las exhumaciones. Para ayudar en esta labor, el pasado enero una delegación del Gobierno vasco viajó a Castuera y presentó a los posibles familiares el proyecto y sus primeros resultados. Además, tomó muestras genéticas a algunos de ellos. Y esta tarea científica ha dado resultado.

Gracias a los análisis de ADN, el pasado mayo se produjo la primera identificación. Fue la de Fructuoso Llorens Tolosano, agricultor de 55 años nacido en Fuente del Maestre, casado y padre de cuatro hijas. Una de ellas, Juana, de 94 años, vive, y fue la que el pasado febrero aportó la muestra de ADN que ha permitido certificar que su padre es uno de los fallecidos en Orduña.

Tras esa identificación inicial, el Instituto Gogora siguió con su investigación, y ha logrado poner nombres y apellidos a otros tres extremeños. Uno de ellos es Alfonso Tena Prieto, agricultor de Don Álvaro de 47 años. Estaba casado y tenía ocho hijos. «Ingresó en la prisión central de Castuera –detalla el Gobierno vasco– el 29 de diciembre de 1939, y el 3 de febrero del año siguiente fue trasladado a Orduña, donde falleció el 23 de marzo de 1941».

La identificación de Alfonso Tena ha sido posible gracias a la muestra de ADN que se tomó hace unos meses a Antonia, una de sus hijas, fallecida la pasada Semana Santa.

La lista de los cuatro extremeños identificados se completa con los hermanos Manuel y Salvador del Amo Jiménez, agricultores de 48 y 52 años respectivamente. Los dos eran de Villagonzalo, estaban casados y tenían cuatro y tres hijos respectivamente. Según detalla Gogora, el primero fue condenado a treinta años de cárcel por un delito de rebelión, y el segundo a veinte por otro de auxilio en rebelión, que es el que el franquismo empezó a aplicar a partir del año 1940 a todos los que consideraba que durante la Guerra Civil se habían mantenido fieles a la República. Ha sido un nieto de Salvador quien ha aportado la muestra genética que ha permitido identificar los restos de los dos hermanos extremeños.

«Ambos ingresaron en la prisión central de Castuera el 13 de noviembre de 1939, y fueron trasladados en diciembre de ese mismo año a la prisión central de Orduña, donde fallecieron en 1941, Salvador el 13 de marzo y Manuel el 5 de abril», concreta Gogora, que también ha revelado la identidad de un quinto represaliado: Alejandro Gómez Hidalgo, de Carpio del Tajo (Toledo), agricultor, casado, padre de cuatro hijos.

Las familias de estas cinco víctimas están invitadas al acto que se celebrará este sábado, día 29, a las 11 horas en el Columbario de la dignidad del cementerio de Orduña.

Acudirán Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, y José Antonio Rodríguez Ranz, viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación. También estarán Aintzane Ezenarro, directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos; Iker Santocildes, alcalde de Orduña; y Lourdes Herrasti antropóloga de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Según la información recopilada por los investigadores de este programa, el campo de concentración de Orduña comenzó a funcionar en julio de 1937, «cuando el bando sublevado pone en marcha una red de campos para concentrar de forma masiva a los combatientes republicanos apresados –explica Gogora–, y los utiliza para clasificarlos dependiendo de su grado de responsabilidad en favor de la República».

Ese campo de concentración se estableció «en el colegio de los Padres Jesuitas, y en él vivían los prisioneros en condiciones inhumanas, ya que padecían hacinamiento, humillaciones, hambre, frío, enfermedades y condiciones de esclavitud, que llevaron a algunos a la muerte». «Tras la guerra y hasta 1941 –continúa Gogora–, este recinto se transformó en prisión central. También el perfil de los presos cambió, y ya no eran combatientes de la Guerra Civil sino ciudadanos de todas las edades y condiciones, apresados por ser sindicalistas, campesinos, políticos o cualquier persona considerada enemiga del Régimen».