La Junta pedirá la derogación de la ley estatal de vivienda en la Conferencia de Presidentes

El Gobierno de Extremadura solicitará la derogación de la ley estatal de vivienda en la reunión de la Conferencia de Presidentes que se celebrará la próxima semana por considerar que es perjudicial.

Cantabria acogerá la próxima semana la reunión de la Conferencia de Presidentes, el órgano en el que se dan cita los responsables de las comunidades autónomas junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar cuestiones de coordinación en administraciones.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha señalado que en ese encuentro la presidenta extremeña, María Guardiola, solicitará la derogación de la ley estatal de vivienda, por considerar que contribuye al aumento de los precios y porque no protege a los propietarios.

Bautista ha participado en el foro Constitución y Estatuto de Autonomía, organizado por el diario HOY y la Junta de Extremadura, que se ha celebrado este lunes en el Palacio de Congresos de Mérida. En su intervención ha recordado que en un principio el Gobierno central sólo quería dedicar la Conferencia de Presidentes a tratar el tema de la vivienda. La aportación extremeña en ese debate será pedir la supresión de la ley estatal. Pero también se abordarán otras cuestiones, después de que los gobiernos autonómicos del PP solicitaran incluir más asuntos en el orden del día.

De ese modo, también se tratará sobre financiación autonómica. La presidenta extremeña expondrá su rechazo al cupo catalán y a la disolución de la hacienda estatal en organismos autonómicos, dividiendo de esa forma la gestión de los recursos.

En la reunión también se hablará de la crisis migratoria. En este caso, el Gobierno extremeño solicitará que haya una inmigración controlada, que atienda tanto las necesidades internas del país como los derechos humanos de las personas que se desplazan miles de kilómetros buscando un futuro mejor.

Asimismo, los gobiernos autonómicos del PP también han conseguido que se hable del déficit de profesionales sanitarios que amenaza con mermar la calidad de la asistencia. Sobre este asunto, Bautista ha subrayado que Extremadura necesita una atención especial debido a su gran superficie y dispersión, lo que encarece la prestación de servicios en relación con otras comunidades que tienen la población concentrada en grandes ciudades.

En cuanto al objeto de celebración del foro, el consejero de Presidencia de la Junta ha defendido la vigencia de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, por lo que ha llamado a todas las fuerzas políticas e instituciones a hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre los cimientos del sistema legal.

En su opinión, «hay principios básicos que no deben ponerse en cuestión», y aunque ha afirmado que cabe una revisión de la Constitución, ha añadido que «para eso hace falta diálogo y altura de miras, que ahora no existen» por parte del Gobierno.

Bautista ha puesto el foco en las cesiones que ha hecho el Gobierno del socialista Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, ya que considera que se han vulnerado los principios de igualdad, solidaridad interterritorial y separación de poderes. A su juicio, la ley de amnistía ha rebasado todos los límites de la legalidad, de ahí que la Junta de Extremadura haya acudido a los tribunales. En el mismo sentido se ha expresado sobre el cupo catalán, que considera otra cesión para que el PSOE se sitúe al frente del ejecutivo en esa comunidad autónoma y que puede resultar perjudicial para las arcas extremeñas.

Asimismo, ha criticado que el PSOE no sólo recurre «al engaño» para mantenerse en el poder, sino que también utilice como argumento «la victimización». Sobre este asunto, ha indicado que es contrario a los principios democráticos denunciar una persecución judicial cuando se investigan casos de corrupción o atacar a periodistas y medios de comunicación por informaciones contrarias a los intereses del Gobierno.

En contraposición, ha asegurado que el Ejecutivo regional trabaja en favor de la igualdad y en defensa de los extremeños, con medidas que atienden a todos los sectores de la población, tanto a zonas rurales como urbanas, y que pretenden hacer frente a los grandes problemas de la ciudadanía, como la calidad en la prestación de los servicios, la población en riesgo de pobreza y la violencia machista.

El consejero de Presidencia ha afirmado que «Extremadura siempre ha sido leal a España, no está para más agravios». Por ese motivo, ha pedido la conclusión del AVE Madrid-Lisboa en el año 2030, la construcción de las autovías pendientes (como la Badajoz-Córdoba y la Mérida-Ciudad Real), la cofinanciación estatal del proyecto de regadío de Tierra de Barros y la reversión a la decisión de cierre de la central nuclear de Almaraz.

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