Guardiola reclamará a Sánchez un tratamiento especial para zonas rurales en sanidad y vivienda

Santander albergará la reunión de la Conferencia de Presidentes, el órgano en el que se dan cita los responsables de las comunidades autónomas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar cuestiones de coordinación entre ambas administraciones.

La convocatoria de este órgano fue habitual durante la pandemia. El último encuentro fue en 2022, en la isla canaria de La Palma, marcada entonces por la crisis causada por una erupción volcánica. De aquella cita salieron acuerdos en materia de ayuda humanitaria y acogida de refugiados, medidas ante el alza del precio de la energía, despliegue de fondos europeos y un plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Como órgano de coordinación, más que medidas concretas suelen adoptarse acuerdos generales en cuestiones de interés común, aunque con compromisos de cumplimiento.

La portavoz de la Junta, Victoria, Bazaga, afirmó este miércoles que la presidenta extremeña llevará las 80 medidas que trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión en Madrid el pasado mes de octubre. Como expuso, se resumen en «convergencia, igualdad, equilibrio y oportunidades», según recoge Europa Press.

En estos principios es clave la financiación autonómica, que en el caso de Extremadura supone cerca del 50 % de su presupuesto. La región tiene en juego 4.000 millones de euros al año con el modelo actual, que está caducado desde 2014, y que prácticamente todos los gobiernos regionales quieren cambiar, cada uno en función de sus intereses. De ahí que resulte complicado alcanzar una posición común que satisfaga a todos.

En principio, el Gobierno no planteaba abordar este asunto en la Conferencia de Presidentes, que esperaba dedicar únicamente a la vivienda. Sin embargo, los ejecutivos regionales del PP, que son mayoría, consiguieron incluir esta cuestión en el orden del día que se pactó en octubre y que fue aprobado también con el voto a favor del Ejecutivo central.

Más allá de la reforma del modelo actual, la cuestión de fondo es la aprobación de un concierto singular catalán, que podría restar al sistema hasta 30.000 millones de euros al año, según el centro de estudios Fedea. Cómo se compensaría esa reducción es la gran pregunta que debe responder el Gobierno central.

Tal como hizo en el encuentro con Pedro Sánchez, la presidenta extremeña mostrará mañana en la Conferencia de Presidentes su rechazo a este cupo especial, que forma parte del acuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de Cataluña. El Gobierno regional rechazará «cualquier reforma del sistema de financiación autonómica que vulnere los principios constitucionales o suponga una renuncia del Estado a los recursos de los que es titular en favor de una parte del territorio».

La financiación autonómica está muy relacionada con otro de los temas que se abordará en la reunión, las dificultades para encontrar profesionales sanitarios. Las comunidades autónomas quieren asegurar los fondos necesarios para sostener sus competencias, entre las que destaca la sanidad, que cada día requiere más recursos.

En este caso, el Ejecutivo extremeño ya ha anunciado que pedirá una atención especial debido a la gran superficie y dispersión de la región, lo que encarece la prestación de servicios en relación con otras comunidades que tienen más población concentrada en grandes ciudades.

Estos parámetros ya son tenidos en cuenta en el modelo actual de financiación autonómica, pero de forma reducida en comparación con el principal criterio de reparto, el número de habitantes, y sólo para algunos de los fondos existentes.

Las regiones lideradas por el PP también consiguieron que se incluyera en el orden del día un problema que atañe especialmente a Canarias, pero que también afecta el resto de territorios, como es la política del Gobierno central ante la crisis migratoria y el reparto de inmigrantes entre comunidades autónomas.

Extremadura reclama más coordinación y una financiación adecuada para hacer frente a los gastos que tienen que asumir en cuestiones como la sanidad y los servicios sociales para atender a estas personas. El Gobierno regional también ha señalado que se pretende evitar que caigan en las manos de mafias de trata de seres humanos.

«Insistiremos en la urgencia de una gestión eficiente del Estado en el control de fronteras y la activación de los mecanismos europeos de los que inexplicablemente no se ha hecho uso hasta el momento», añade.

En cuanto a la vivienda, el Gobierno quiere que las comunidades autónomas adopten un papel más decisivo en la contención del coste de los alquileres. Para ello, considera que deben hacer un mayor uso de la Ley por el derecho a la vivienda y de las medidas que ofrece, como la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios.

Sin embargo, varias comunidades autónomas, entre ellas algunas gobernadas por el PP, han presentado recursos contra esta ley ante el Tribunal Constitucional. Un paso que no ha dado Extremadura, pero que la Junta tampoco considera necesario.

El Constitucional ya ha fallado a favor de Andalucía, aunque sólo de forma parcial y por un escaso número de las cuestiones planteadas, declarando que algunos preceptos de la ley invaden competencias autonómicas.

Para la Junta, la Ley por el derecho a la vivienda no cumple con ese fin, sino todo lo contrario. En su opinión, medidas como la declaración de zonas tensionadas implican la intervención en el mercado libre y pueden causar un aumento de los precios. Además, estima que la norma estatal contraviene la propiedad privada. Por todo ello, Guardiola solicitará su derogación, así como un tratamiento especial para zonas rurales en materia de vivienda.