Hacienda da un respiro al hermano de Pedro Sánchez, aunque la jueza sigue investigando

El jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la institución provincial está en el punto de mira del juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias a la que luego se han sumado otras asociaciones y partidos políticos. La titular del juzgado, Beatriz Biedma, estudia las condiciones en las que se gestó el puesto que Sánchez desempeña en la Diputación, así como el desarrollo que realiza de su trabajo y su tributación durante estos años.

La consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano, sugirió en la Asamblea que el músico vivía en Elvas (Portugal) para no tributar en España. No obstante, como parte de las actuaciones judiciales en marcha, la Agencia Tributaria ha emitido un informe que avala la actuación de David Sánchez ante la Hacienda pública.

El documento, al que ha tenido acceso HOY, recoge que la residencia fiscal en Portugal «no es incompatible con la condición de empleado público de la Administración española, implicando en este caso que las rentas percibidas por la Diputación de Badajoz están sujetas en España por el Impuesto sobre la Renta de no residentes (IRPN) y no IRPF».

Noticias relacionadas

La lupa sobre David Azagra: una tarjeta a cargo de sus padres y tres casas

David Sánchez ha puesto en marcha tres óperas en la 'tranquila Extremadura'

La mayoría de los datos que incluye el citado informe proceden de las autoliquidaciones del IRPF en 2019 y 2020, y del IRPN entre 2021 y 2023, así como las declaraciones de bienes aportadas por él mismo a la Diputación y las facturas energéticas.

Los técnicos de Hacienda precisan que han elaborado un documento con «los datos que obran en poder de la Agencia Tributaria a la fecha de la emisión de este informe (este verano) y teniendo en cuenta que no se han llevado a cabo actuaciones de comprobación cerca del obligado tributario».

A partir de ahí confirman que «en 2021 y 2022, el contribuyente no tiene retenciones por Impuesto de la Renta de No Residentes, sino por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, y en 2023 tiene retenciones por ambos tributos». El informe profundiza: «El tipo de gravamen para los rendimiento del trabajo y de actividades profesionales del IRPN es del 24% en caso de residentes de un estado de la UE y del 19% en caso de residentes en otro Estado miembro de la UE».

Según sus datos, incluso podría existir «un posible saldo neto a favor del contribuyente si las contingencias y hechos analizados se confirmasen». Además, inciden los técnicos, ese diferencial se ha calculado «sin considerar los cambios en sus circunstancias personales y familiares que pudieran suponer una reducción de sus bases imponibles y, por tanto, de sus cuotas».

La investigación fiscal ha ido dando a conocer detalles de la vida de David Sánchez, como que fue padre en 2022 y que disfrutó de una baja paternal entre abril y agosto de ese año. También que tomó un año de excedencia de su trabajo en la Diputación de Badajoz a partir de mediados de 2020.

El contenido del informe de la Agencia Tributaria entregado a la jueza, que no está firmado por ningún técnico, da un respiro al hermano del presidente del Gobierno al apuntar que no tienen datos que puedan llevar a pensar en un delito contra Hacienda. En cualquier caso, la investigación del juzgado continúa para aclarar cómo se gestó su contratación por parte de la institución provincial, si se lo prepararon para él y si cumple realmente con sus funciones.

Las acusaciones han pedido este mes de agosto más actuaciones para profundizar en el conocimiento de estas circunstancias. El primero en denunciar fue Manos Limpias, en mayo. Posteriormente se sumó Vox y más tarde colectivos como Hazte Oír, Fundación Abogados Cristianos, 'Natura Manager', 'Iustitia Europa'. Y, el último, Liberum, asociación para la que la defensa de Azagra ha pedido su expulsión del proceso.

Esta asociación ya está incorporada a la representación única del conjunto de las acusaciones populares que desempeña Manos Limpias por designación de la jueza, por ser la primera en llevar el asunto a los juzgados. Una decisión que está recurrida ante la Audiencia Provincial por las propias asociaciones, que no están conformes con esa decisión de la jueza Biedma.

Cada acusación pide además pruebas distintas. Hazte Oír solicita la citación de una serie de testigos para aclarar las condiciones de trabajo en la Diputación, incluido el actual inquilino del domicilio que Sánchez proporcionó a la Diputación cuando comenzó a trabajar en el año 2017. También quieren las agendas de los principales investigados para saber qué hace cada día el músico.

Vox, por su parte, pide llamar a varios investigados. Entre ellos, al propio Azagra para que hable de su patrimonio. También que declare la madre de su hija y, entre otras cosas, responda sobre su baja paternal. Manos Limpias pretende que esta mujer, de origen japonés y llamada Kaori Matsumoto, se convierta en investigada por garantía de sus derechos, pues alega que debe saber el origen del patrimonio reunido por el hermano del presidente del Gobierno. Las dudas se extienden ahora sobre Matsumoto, que, según The Objective, es funcionaria de la ONU y se iba a beneficiar de un puesto impulsado por el Ministerio de Exteriores que finalmente ha rechazado.

Manos Limpias también quiere que presten declaración los funcionarios que elaboraron el propio informe de la Agencia Tributaria, así como aquellos de la Diputación que recibieron la orden de organizar su despacho en la plaza de España de Badajoz esta primavera para dilucidar dónde trabajaba hasta entonces.

Según La Razón, las acusaciones también han pedido a la juez que reclame a las autoridades de Portugal, Rusia, Japón y Tailandia las cuentas bancarias que el hermano del presidente del Gobierno pudiera tener en estos países.

Si las acusaciones no paran de realizar movimientos, las defensas tampoco han cesado. Entre otras cosas, quieren forzar que la Audiencia se pronuncie sobre la incautación de los correos electrónicos de Sánchez, del presidente de la Diputación y de otros siete trabajadores y políticos.

La UCO de la Guardia Civil acudió dos veces a la institución provincial en julio para llevarse el contenido de las cuentas corporativas desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2022. Esto es, un año y medio antes de que convocaran formalmente el puesto de coordinador de conservatorios y hasta que lo convirtieron en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. En el caso de Azagra se extienden a la actualidad.

En estos correos buscan datos que avalen las sospechas de la UCO de que se realizaron «actos preparatorios» para asignarle la plaza al hermano del hoy presidente del Gobierno. En ese momento aún no lo era, aunque ya ostentaba la Secretaría General del PSOE.

Tanto David Sánchez como la Diputación han pedido la nulidad de los correos incautados. Argumentan que no existen indicios de delito que hagan necesaria la intervención de sus comunicaciones. Pero la jueza lo ha desestimado y, por ello, la institución ha presentado un recurso de apelación que obligará a la Audiencia a pronunciarse, según ABC. El músico se ha adherido a dicho recurso.