«Mi hija de 9 años necesita ayuda y la Junta no se la da»

«Todos los niños van al colegio a aprender, y mi hija no debe ser una excepción», resume María Isabel Perogil, que en este tiempo ha llamado a todas las puertas a su alcance. Entre ellas, a la del Defensor del Pueblo, al que ha escrito varias veces. La última, el pasado 4 de noviembre, tras la tutoría que mantuvo en el CEIP Arias Montano de Fregenal de la Sierra. «Si nadie pone remedio, va a terminar su escolaridad en este centro, de hecho ya le queda poco, sin haber aprendido nada, aparte de los números uno, dos y tres, colores básicos y poco más».

Elena está matriculada en tercer curso de Primaria, aunque en primero y segundo suspendió todas las áreas en todos los trimestres, «un dato que debería hacer reflexionar al equipo docente sobre la tarea que hasta ahora han estado desempeñando», apunta la madre de la menor.

Según detalla ella en los escritos dirigidos al Defensor del Pueblo, la niña necesita para comunicarse y aprender una tableta con un método específico de aprendizaje, el SAAC (Sistema de Comunicación Alternativa y Adaptativa). Además, no tiene desarrollada la motricidad fina, por lo que no maneja la tableta con los dedos, sino con la mirada, por lo que necesita que el equipo disponga de un sensor que capta la información que la pequeña transmite con sus ojos.

«Para poder aprender, mi hija necesita que el personal docente esté formado en Grid 3 (una metodología para alumnos como Elena), y que los profesores introduzcan los contenidos curriculares de ella en el SAAC, pero esto no ocurre», expone Perogil.

Además, no puede mantenerse en pie sin un bipedestador, que requiere de dos personas para poder usarse. También necesita Elena un ATE (Auxiliar Técnico Educativo), que le asista en las tareas de su día a día en el colegio, desde ponerse de pie hasta alimentarse o cambiarle el pañal.

Y a día de hoy, el centro no cubre estas necesidades, asegura la madre, que lleva seis años exponiendo la situación ante varias instancias de la Consejería de Educación (la delegación provincial, la unidad de inspección y la dirección general de innovación e inclusión educativa) y también a la dirección del centro.

Asegura la progenitora que el ATE es compartido, y que si falta, no se le sustituye. De hecho, añade, cuando este profesional se ausenta, han llegado a mandarle un mensaje por Rayuela diciéndole que esos días, corre de su cuenta encargarse de la niña.

No acaban aquí los problemas. «Elena –cuenta su progenitora– lleva desde los tres años sin la posibilidad de jugar en el patio de recreo por no haber en el centro una zona acolchada por la que ella pueda desplazarse libremente (su fragilidad la tiene muy expuesta a lesiones, de hecho ya ha sido operada de cadera dos veces)». Además, el baño para personas con movilidad reducida «obliga a girar la silla de ruedas para entrar, tiene el lavabo en una esquina y el grifo se activa con un pulsador, lo que dificulta su manejo por personas con diversidad funcional», detalla Perogil, que lamenta también que el Arias Montano «no es un centro accesible en todas sus plantas».

El Defensor del Pueblo analizó el caso, y en sus conclusiones especifica que según la Junta, el equipo de orientación educativa y psicopedagógica del centro aconsejó que la niña fuera escolarizada en un centro de educación especial, opción que la madre rechazó.

Analizada toda la documentación, la oficina que dirige Ángel Gabilondo volvió a escribir al Ejecutivo regional recomendándole que adoptara las medidas oportunas para agilizar el proceso que dotara al centro de equipamiento específico para alumnos con necesidades educativas especiales. La Consejería de Educación aceptó las sugerencias, pero ha pasado más de un año y casi todo sigue igual, asegura María Isabel Perogil.

Preguntada por el caso, la Junta explica que «una vez que ha tenido conocimiento de la situación de la menor, y sensible a su caso, ha considerado volver a analizar el caso de manera personalizada». Para ello, el delegado provincial de Educación y un representante de la Inspección educativa se entrevistaron con la madre y responsables del centro.

Los representantes de la Consejería de Educación, Ciencia y FP «han podido apreciar no solo lo que afecta a la cuestión académica, sino también a los espacios físicos del centro». «Además –sigue la Consejería–, han estudiado respuestas que se le puedan a ofrecer a esta alumna en este centro mientras esté escolarizada en él, siempre teniendo en cuenta las valoraciones e informes de los técnicos, y buscando el interés de la menor y escuchando a la familia».

«El Arias Montano ha seguido y sigue atendiendo las necesidades de la menor, como no puede ser de otro modo, y siempre con los recursos de que dispone», asegura la Junta, que añade que «es innegable el esfuerzo y dedicación que el equipo docente y no docente del dentro viene desarrollando para atender las necesidades educativas especiales que demandan esta alumna y el resto». Más allá de reuniones y buenas intenciones, y vistos los años transcurridos, la madre lo que reclama son hechos.