Las Hurdes se moviliza contra el cierre del programa de atención a las familias de la comarca

«Hemos creado una plataforma en defensa de este recurso vinculado a la protección de las familias de nuestra comarca porque consideramos necesario que continúe abierto», resume Azucena Crespo, portavoz de la plataforma.

El PAF es un recurso que cofinancian los ayuntamientos de Las Hurdes y la Junta, en el que trabajan un psicólogo y una educadora social cuya labor es orientar a familias de la comarca con problemas de diversa índole, darles las pautas precisas para su resolución y hacer un seguimiento de las mismas hasta su recuperación.

«Las Hurdes es un territorio extenso y es preciso contar con un recurso cuyos profesionales se trasladan hasta el lugar de residencia de la familia que tiene problemas y trabajan con ella sobre el terreno», detalla Azucena Crespo.

Según explica la plataforma en el comunicado que ha hecho público, la mancomunidad decidió en pleno el pasado 4 de diciembre no solicitar a la Junta de Extremadura la continuidad del PAF alegando razones económicas, «una pobre excusa para justificar prescindir de este servicio, pues sus resultados sociales avalan abrumadoramente el uso de los recursos económicos destinados».

Para la plataforma vecinal, «incomprensible resulta también que, cuando la lucha contra el despoblamiento en el mundo rural se sitúa en el centro del discurso político y social, la mancomunidad de Las Hurdes adopte el acuerdo de suprimir servicios a sus ciudadanos. La protección de nuestros hijos e hijas no puede estar supeditada a decisiones políticas en nuestra comarca».

Los habitantes de Las Hurdes, continúa el escrito, «estamos viendo con profunda preocupación cómo nuestros pueblos se quedan sin vecinos y la eliminación de servicios vitales para nuestra población nos condena sin remedio a desaparecer. Entre estos servicios, el PAF se ha configurado como un valioso recurso, contribuyendo a mantener el tejido social y la supervivencia de nuestras poblaciones».

La plataforma hace un llamamiento a los ayuntamientos integrantes de la comunidad -Caminomorisco, Casar de Palomero, Casares de Las Hurdes, Azabal, Ladrillar, Nuñomoral y Pinofranqueado- para que rectifiquen la decisión que han tomado y mantengan abierto el programa de atención a familias. «Su supresión afectaría gravemente a la sociedad hurdana, pues no solo dejaría desamparadas a las familias que precisan de su atención, sino que también generaría una situación de vulnerabilidad que podría repercutir significativamente en el desarrollo y bienestar de muchos menores», concluyen.

Pero el cierre del PAF no se acordó por unanimidad en el pleno del 4 de diciembre. A favor votaron los cuatro ayuntamientos gobernados por el PP -Casares, Nuñomoral, Casar de Palomero y Azabal- y en contra el único de los tres alcaldes socialistas que acudió, José Luis Azabal, de Pinofranqueado.

No asistieron los alcaldes de Caminorisco y Ladrillar, «pero los tres hemos solicitado otro pleno para revertir la decisión; de lo contraro, estamos dispuestos a sumir en solitario los costes del recurso que cofinancia la Junta de Extremadura para mantener el PAF abierto, porque no queremos que la comarca se quede sin él», explica José Luis Azabal.

El alcalde de Pinofranqueado también recuerda que la decisión de cerrar el PAF llega después de que los dos trabajadores del servicio demandaran en vía judicial a la mancomunidad para exigir que se les subiera el sueldo de acuerdo a convenio. «Antes de llegar a juicio se les abonó lo que reclamaban, que supone un incremento de unos 200 euros al mes, porque eran los peor pagados de la mancomunidad y tenían razón en su petición», aclara Azabal.

Por su parte, Unidas por Extremadura ha solicitado a la Junta que intervenga en el conflicto de Las Hurdes para garantizar la continuidad del PAF. El diputado José Antonio González, portavoz de Servicios Sociales de la coalición, asegura que «estamos ante una prestación que debe garantizar el Gobierno autonómico y, por tanto, debe buscar la solución adecuada para que un servicio esencial del sistema público de servicios sociales se preste».