La inflación encarece en más de 200 euros la declaración del IRPF de los extremeños

Una situación que, unida al mantenimiento de los mínimos personales y familiares que están exentos de tributación, supone que las rentas bajas en Extremadura vean aumentar en más de 200 euros lo que tienen que pagar a la hora de hacer la declaración de la renta.

Tampoco el Ejecutivo autonómico extremeño –el IRPF se compone de un tramo nacional y otro regional– se ha abierto a deflactar las tarifas. Únicamente lo ha hecho Canarias, que también ha incrementado los mínimos exentos de tributación.

La deflactación consiste en un ajuste de las tarifas al movimiento del IPC (Índice de Precios de Consumo). El motivo que arguyen los defensores de esta medida es que los contribuyentes a quienes les han subido el sueldo acorde a la inflación pueden subir de escalón en el IRPF y tener que pagar más en la liquidación del impuesto sin haber ganado poder adquisitivo. Al revés, lo perderían.

El mayor impacto de esa deflactación del tramo estatal de las tarifas para los ingresos de hasta 45.000 euros se produciría en Extremadura, según los cálculos del REAF. Los contribuyentes extremeños hasta ese límite de ingresos se ahorrarían entre 210 y 433 euros en su declaración de la renta.

Así, se extrae de las simulaciones elaboradas dentro del Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral del año 2025, que publicó la semana pasada el Consejo General de Economistas de España. En ellas se compara, para diferentes cuantías de renta, el IRPF a pagar con las tarifas sin deflactar y con las ajustadas a una inflación del 12,5%, que es la que el IPC recoge para los tres últimos años, entre enero de 2022 y diciembre de 2024.

Los ejemplos del REAF reflejan que un contribuyente extremeño con unos ingresos de 25.000 euros anuales, debe pagar de IRPF 3.278,3 euros, que se quedarían en 3.068,09 con la tarifa deflactada en función de la inflación acumulada en 2022, 2023 y 2024. Es decir, un ahorro de 210 euros, que sería el mayor de todas las comunidades autónomas. Aunque la horquilla es reducida y se mueve entre ese máximo de Extremadura y los 200 euros de la Comunidad Valenciana.

Las rentas extremeñas de 30.000 euros notarían con la deflactación un ahorro fiscal de 261 euros y las de 45.000 euros, 433 euros. En ambos casos el mayor de España. Los menores serían los de Madrid, con 250 y 424 euros, respectivamente. Lo que significa que, pese a las diferencias, todas las comunidades autónomas se mueven en cifras muy similares.

Los ahorros, como es lógico, se incrementan en las rentas muy altas y llegarían a superar los 1.500 euros para los ingresos de 350.000 euros anuales.

Más allá de los efectos de la inflación, los contribuyentes extremeños sí tendrán una ligera reducción en el IRPF del presente ejercicio en relación al año anterior. Se notarán en menos de dos euros en las rentas inferiores a 45.000 euros.

El informe del REAF recoge también las novedades en el IRPF para 2024 y 2025. Entre ellas están las deducciones que se establecen para los propietarios de vivienda que las pongan en alquiler. Los cambios afectan a las actuaciones de rehabilitación para viviendas destinadas al alquiler, cuyo coste se puede desgravar; los mismo que sucede con las donaciones a entidades del ámbito artístico o para el patrocinio de deportistas. Además, se habilitan bonificaciones para las personas que trasladen su domicilio a Extremadura y para los enfermos de ELA.

En general, los técnicos del Consejo General de Economistas consideran que las deducciones que aplican las comunidades autónomas son de «poco coste recaudatorio porque se suelen establecer para contribuyentes con circunstancias muy concretas y, normalmente, con rentas bajas».

En ese sentido, una de las conclusiones del Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral del año 2025 es que los gobiernos regionales han utilizado mucho su capacidad para incluir modificaciones, «lo que crea muchas desigualdades según se sitúe la residencia de los ciudadanos». De hecho, el presidente del REAF declaró en la presentación del informe que «la normativa fiscal autonómica es deficiente porque muchos de los beneficios fiscales son complejos de verificar, poco relevantes para los contribuyentes y de baja recaudación, además de generar un alto coste administrativo y dudas sobre su eficacia».

Una realidad que llevó a Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, a pedir una reforma del sistema de financiación autonómico «para evitar las diferencias cada vez mayores entre las comunidades autónomas en lo que respecta tanto a los niveles de gravamen como a la configuración de muchos de los impuestos cedidos».