Los informes en blanco del caso UPA

Aunque no es la base de su acusación, el Ministerio Público considera que estas prácticas confirman su teoría de que se creó un sistema fraudulento para cobrar subvenciones procedentes de fondos europeos, nacionales y autonómicos. De ahí que pida hasta 16 años de prisión y 33 millones de multa para los máximos responsables de la organización en la región.

Las ayudas al asesoramiento agrario estaban destinadas a evaluar que las explotaciones cumplieran la normativa europea en materia de salud pública, salud animal o vegetal y medio ambiente; también en la modernización de instalaciones y optimización de recursos hídricos.

Las organizaciones agrarias, como UPA, estaban habilitadas para prestar este tipo de servicio. Pero para eso debían cumplir una serie de requisitos. Entre otros, tener oficinas abiertas en horario compatible con la actividad agraria y en cantidad adecuada al número de explotaciones a las que asesorar. También se pedía un equipo técnico con al menos un titulado en Agronomía, Veterinaria, Biología, Ciencias Medioambientales o Ingeniería de Montes que haya realizado un curso específico y personal administrativo para las tareas de gestión.

La entidad presentó un proyecto para realizar esta labor entre 2010 y 2012 a través de 16 oficinas repartidas entre las principales comarcas de la región con un técnico titulado al frente: 14 ingenieros técnicos agrícolas, un veterinario y una bióloga.

Tras presentar las propuestas individualizadas de cada agricultor o ganadero, según la Fiscalía todas iguales y por el importe máximo de la ayuda (1.500 euros, el 80% del coste del servicio de asesoramiento, a lo que había que sumar el IVA), UPA-UCE recibió autorización para realizar 2.482 asesoramientos en ese primer periodo. En el trienio 2013-2015 llegó a 1.860. En total, 4.342 expedientes que recibieron una subvención de algo más de 4,3 millones de euros.

Sin embargo, a la hora de realizar la asesoría, este planteamiento no se llevó a cabo. Según el ministerio público, el número de oficinas se mostró insuficiente, había pocos trabajadores y faltó personal técnico. Unas carencias de las que se informó a los responsables de la entidad, pero que no se solventaron.

En dos casos, por ejemplo, los técnicos titulados no habían hecho el preceptivo curso de formación. También se enviaron informes de asesoramiento firmados por un administrativo, por tanto no cualificado, o bien aparecía el trabajador de otra oficina o se dejaba en blanco ese apartado.

En otros casos los informes aparecen confeccionados en parte de manera informática y en parte a mano, lo que para la Fiscalía evidencia que había textos hechos a ordenador que eran iguales para un bloque de explotaciones con datos como la fecha.

Utilizar una misma fecha en diferentes informes hizo que, en algún caso, se habría cobrado el asesoramiento antes de que se hubiese prestado, según Fiscalía. En otros casos se llegaron a aportar informes que no especificaban si eran de evaluación inicial o de continuación, o directamente en blanco, sin ser confeccionados.

Estas deficiencias se recogen en el escrito de acusación de forma pormenorizada, con deficiencias detectadas en doce de las 16 oficinas creadas por UPA-UCE para gestionar durante seis años los servicios bajo investigación.

La oficina de Talayuela nunca llegó a contar con los técnicos superiores identificados por la organización en el proyecto inicial. En su lugar, alrededor de 280 asesoramientos fueron realizados por licenciados en Derecho y Ciencias Políticas, contratados como administrativos.

La Fiscalía apunta como práctica habitual en estas oficinas la ausencia de personal administrativo, lo que obligaba a los técnicos a realizar esas tareas en lugar del asesoramiento. Como caso significativo, apunta que en Azuaga el administrativo llegó a hacerse el asesoramiento a sí mismo como titular de su explotación.

Estas carencias de personal impedían visitar las explotaciones para elaborar los informes, aunque lo cierto es que la normativa tampoco lo exigía, como alega UPA-UCE. Pero el fiscal recalca que en las facturas se desglosaba este desplazamiento. Además, considera significativo casos como lo ocurrido en los aproximadamente 76 asesoramientos presentados por la oficina de Almendralejo de 2013 a 2015, en los que no se realizó ninguna visita a las fincas y los informes se basaron en las evaluaciones iniciales.

El escrito de acusación recoge otros casos llamativos. Al frente de la oficina de Cabeza del Buey estaba un ingeniero técnico agrícola, pero en realidad trabajaba en las dependencias de Zalamea de la Serena. Por ese motivo, los asesoramientos de la primera localidad se hicieron realmente por una administrativa con titulación de delineante. Y en la comarca de Las Hurdes, adscrita a la oficina de Moraleja, este servicio llegó a ser prestado por un titulado en Bachillerato.

El fiscal también destaca que en ninguno de los más de 4.000 asesoramientos realizados por UPA se planteó mejora alguna en las explotaciones. Los epígrafes sobre recomendaciones, observaciones y notas están en blanco.

Para la acusación pública, la clave del fraude estaba en el sistema por el que la entidad, a través de una empresa interpuesta, prestaba los propios fondos al agricultor para que pagara el asesoramiento a UPA (momento en el que se generaba el derecho a la ayuda), que recuperaba así lo invertido y volvía a iniciar la rueda para generar más ingresos.

Cuando el profesional cobraba la subvención, devolvía ese préstamo, pero solo la parte correspondiente al 80% (sin contar además el IVA). Eso suponía asumir pérdidas, lo que para el fiscal solo tiene una justificación, apoderarse de la ayuda sin coste.

En esa misma línea, estima que las deficiencias en la gestión de los expedientes muestran un sistema organizado de antemano, además de probar numerosos incumplimientos sobre la normativa reguladora.