El ingreso mínimo vital llega al 18% de los solicitantes extremeños

Pero aquí no acaba la actualidad alrededor de esta prestación activada por el Gobierno el verano pasado para paliar los efectos de la pandemia. El retraso en el abono del ingreso mínimo vital (IMV) y la picaresca de algunos ciudadanos está provocando que algunas personas hayan percibido dos prestaciones sin tener derecho a ellas en su totalidad, algo que desde la Junta de Extremadura ya se ha detectado, por lo que están reclamando importes a familias desfavorecidas para corregir la situación, según ha confirmado la Consejería de Servicios Sociales a HOY, así como trabajadores sociales que tratan con estos usuarios.

La prestación que depende de la Junta es más antigua y por tanto está más rodada; y la segunda, que la concede el Gobierno central desde junio se está abonando con varios meses de retraso. Se pueden recibir ambas, pero no las dos de manera íntegra, ya que la de la Junta sirve para completar la del Estado o al revés, según el importe máximo. Es evidente que el IMV ha servido para descargar a las comunidades autónomas en esta tarea de asegurar unos ingresos básicos a su población.

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Para hacerse una idea, la renta extremeña garantizada contempla un arco de que va desde los 537 euros (un adulto y un menor) hasta los 860 euros (un adulto y cinco menores), mientras que el ingreso mínimo vital oscila entre los 461 euros (un beneficiario) y los 1.015 euros (seis y más miembros con al menos dos adultos). Lo habitual es que el IMV sea el 'suelo' de la percepción y la REG complete el salario.

Para ilustrar lo que está ocurriendo: si alguien percibiría 461 y le llegan vía IMV, tiene derecho a 76 euros que es la diferencia hasta los 537 euros que obtenía por la REG. En cambio, esa persona que ahora la Junta persigue ha pedido ambas prestaciones y se le han abonado las dos.

«El problema vieneporque intervienen dos administraciones que van a velocidades distintas»

Antonio Nisa, Trabajadores Sociales

«Hay familias pidiendo prórrogas y aplazamientos para devolver lo que han cobrado de más»

Ana Correa, Cáritas

Este diario ya informó en diciembre del posible fraude derivado de que muchos usuarios empezaban a tener derecho a dos prestaciones sociales porque trabajadores sociales notaban que algunos de sus asesorados pedían la estatal sin hacer constar que ya percibían la autonómica.

Aunque no ha precisado aún el número ni la cantidad de dinero que debería recuperar, ahora la Consejería de Asuntos Sociales ha confirmado a este diario que se están realizando requerimientos de devolución por «pagos indebidos realizados durante 2020, derivados en su mayor parte del efecto retroactivo al mes de junio de ese año de las concesiones del ingreso mínimo vital correspondientes a 2020, que conllevó que durante determinados periodos ambas prestaciones (REG e IMV) se percibieran simultáneamente».

Ana Correa, representante de Cáritas en Badajoz, avisó del problema que se venía encima y el tiempo le ha dado la razón. «Todo viene porque para cobrar el ingreso mínimo vital nadie ha investigado si ya se percibía la renta básica, y ahora muchas personas tienen un problema porque ese dinero de más se lo han gastado. Aunque están pidiendo prórrogas y aplazar el pago y se supone que habrá facilidades en ese sentido, de momento no han obtenido respuesta», dice esta orientadora.

Antonio Nisa, presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz, aporta algunas claves para entender estos desajustes. «Por un lado, se trata de dos administraciones distintas y distantes entre sí, como el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y la Junta de Extremadura, y no hay coordinación entre ellas. Por otro, el retraso de entre cinco y seis meses que está habiendo a la hora de abonar el IMV hizo que la Junta no suprimiera la renta básica como sí han hecho otras comunidades.

La renta extremeña garantizada de la Junta está mucho más rodada y es más ágil, ya que se abona prácticamente en el mes, así que parece que la Junta, para que a la gente sin recursos no se le interrumpa su caudal de ingresos, hace una especie de préstamo a los usuarios mientras les llega el ingreso mínimo vital, pero luego se encuentran con que tienen que devolver ese préstamo abonando la diferencia que han cobrado de más».

Debido a los retrasos del IMV Nisa habla de pagos retroactivos por parte del Gobierno central de entre 1.500 y 2.500 euros que han empezado a llegar de golpe y que algunos se han gastado cuando tendrían que devolver parte. «Cuando se les tramita –explica este trabajador social– se les pide el compromiso de que devuelvan la renta garantizada en cuanto les llegue el ingreso mínimo vital, pero a veces sabes que no van a pagar, incluso explicándoles que se cruzan los datos. Todo el problema viene de que ambas administraciones van a velocidades distintas».

Correa, de Cáritas, explica que este descuadre en las cuenta de muchas familias sin recursos que tendrán que devolver dinero está afectando en esta organización. «Vienen a nosotros a pedirnos ayuda, pero no podemos dar dinero para pagar deudas con la Seguridad Social. Es una situación incómoda, sobre todo para el que tiene que pagar».