La instrucción del caso de los amaños de partidos podría abandonar Zafra

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado un auto en el que insiste en la conveniencia de que el supuesto fraude en las apuestas deportivas por el que están siendo investigados, entre otros, los futbolistas pacenses Emilio José Pérez Tejero (Emilio Pinto), Víctor Aguinaco, Alberto Sansisena Chamorro (Tete) y tres jugadoras del Santa Teresa como son Marta Parralejo, Estefanía Lima (Estefa) y Nayadet López, debe ser instruido por la Audiencia Nacional y no por el Juzgado de Instrucción de Zafra dado que los hechos afectan a varias comunidades autónomas españolas.

Ese auto ha sido firmado por el tribunal pacense en respuesta a otro anterior de la Audiencia Nacional en la que se rechazaba esta posibilidad, por lo que será el Tribunal Supremo quien dé respuesta definitiva a este conflicto de competencias.

La conveniencia de que ese caso fuese investigado desde Zafra por ser este juzgado el que inició las pesquisas era defendida tanto por la Audiencia Nacional como por los letrados de varios de los acusados, entre ellos José Duarte, que representa a Emilio Pinto. Decía la Audiencia Nacional, basándose en el criterio del fiscal de la Audiencia Nacional, que el caso no revestía la entidad suficiente para que fuese instruido en Madrid.

Pero la Audiencia Provincial de Badajoz rechaza esa posibilidad y recuerda que los supuestos delitos de corrupción en el deporte y organización criminal que se han detectado consisten en el amaño de partidos de fútbol de Segunda División B y Tercera División del fútbol masculino y de Primera División de fútbol femenino, categorías a las que pertenecen equipos de todo el territorio nacional.

«Estas organizaciones criminales estaban integradas por diversos niveles y pluralidad de personas, que actuaban conjuntamente desde diversas ciudades y localidades de todo el territorio nacional: Jon Andoni, provincia de Barcelona; José Iván, provincia de Albacete; y Emilio Pérez, provincia de Badajoz. No estamos en presencia de un mero supuesto de codelincuencia o de confluencia de personas en la comisión de unos delitos, sino que existe un plan y acuerdo entre diversos individuos dotado de cierta continuidad temporal o durabilidad», explica el auto, en el que se recoge también que las defraudaciones económicas que se realizaron deben ser consideradas «un delito grave con evidente trascendencia económica dado que los partidos se amañaron en Andalucía, Murcia, Canarias y Extremadura, lo que conlleva la adulteración directa de la competición, defraudándose las expectativas de miles de aficionados y seguidores de los clubes, tanto los afectados directamente con el amaño como el resto de forma indirecta, en cuanto a clasificación».

La Audiencia Provincial de Badajoz insiste por tanto en que los efectos de los supuestos delitos han tenido consecuencias en distintas provincias españolas y han afectado a competiciones nacionales, por lo que apunta a la necesidad de que el Juzgado de Instrucción de Zafra se inhiba en este caso y la competencia de la investigación pase a la Audiencia Nacional.

Este conflicto de competencias está provocando un retraso en la instrucción de un caso que tiene decenas de investigados.