Más de 100 interinos piden ser indemnizados cuando se rescinden sus contratos

Ana B. Hernández

Jueves, 16 de agosto 2018, 21:45

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Es un nuevo conflicto para la Junta de Extremadura, que de momento se centra especialmente en la Consejería de Educación, pero que comienza a alcanzar ya a otros departamentos administrativos. En todos los casos de la mano de trabajadores interinos que han ido concatenando contratos en el tiempo y que reclaman su reconocimiento como indefinidos no fijos, de tal manera que puedan cobrar una indemnización cada vez que se les rescinde el contrato.

En el caso de Educación son más de un centenar ya los que han pedido a la Dirección General de Personal Docente este reconocimiento. Las peticiones comenzaron a llegar a la Junta entre los meses de enero y febrero, pero ante la falta de respuesta por parte de la Administración, en torno a una veintena ya están en la vía judicial, pendientes de que se comiencen a fijar las fechas de los juicios.

«La Administración tiene un plazo de tres meses para responder a las reclamaciones y, al transcurrir este plazo y no hacerlo, al no atender por tanto la petición, hemos iniciado la vía judicial», explica Luis López Domínguez, abogado de buena parte de los interinos que reclaman su reconocimiento como indefinidos no fijos.

El letrado afirma que es desde el año 2000, cuando Extremadura asumió las competencias educativas, desde cuando se ha venido dando «esta situación que tenemos en fraude de ley». Señala que «estamos hablando de interinos que llevan desde entonces trabajando, curso tras curso, de tal modo que se les rescinde el contrato el 31 de agosto y se les vuelve a contratar unos cuantos días después, a partir del 8 de septiembre en cualquier caso, pero sin que cada año tenga lugar su incorporación el mismo día porque no hay un criterio para la Administración, más allá que el de ahorrar costes».

De hecho, y aunque este año hay una sentencia que dice que los interinos deben comenzar a trabajar cada curso escolar el 1 de septiembre, como los funcionarios de carrera, es decir, los docentes que tienen una plaza en propiedad, el próximo septiembre tampoco lo harán. La Consejería de Educación ha optado por recurrir la sentencia y ha establecido que se incorporen el día 10. Un retraso que conlleva un ahorro superior al millón de euros para las arcas públicas.

No obstante, y más allá de la fecha de incorporación, «estos docentes están siendo contratados en fraude de ley, porque deben ser indemnizados cada vez que sus contratos son rescindidos y es lo que estamos reclamando», resume el letrado.

Asegura, además, que no importa si cada curso el docente ocupa una plaza diferente, si un curso por ejemplo está en un instituto de Badajoz y el siguiente en otro de Cáceres, «porque estamos hablando de que la empresa, en este caso la Consejería de Educación, es siempre la misma». Y según los datos hechos públicos por la Junta, en Extremadura son alrededor de 3.000 los interinos que trabajan el curso completo en la región, los que cubren vacantes en las que empiezan desde septiembre. «Son los que optan a ser considerados indefinidos no fijos, aunque todo docente, como cualquier trabajador, tiene derecho a ser indemnizado cuando finaliza su contrato», agrega el letrado.

Ha sido Europa la que ha abierto la opción de estas reclamaciones, con una sentencia a favor del reconocimiento en 2016. Desde entonces las peticiones de indefinidos no fijos se han comenzado a producir en diferentes lugares del país. Y en algunos casos, según López Domínguez, ya hay sentencias favorables en primera instancia, si bien no habrá jurisprudencia al respecto hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.

Estas reclamaciones que ya están tanto en la vía administrativa como en la judicial forman parte de las acciones emprendidas por la nueva plataforma de interinos de Extremadura. Felipe Dávila Tena, uno de sus integrantes, detalla que, además del reconocimiento en indefinidos no fijos, desde la nueva plataforma se está trabajando para que los exámenes de oposiciones no sean eliminatorios, se puedan ver y sean transparentes, con criterios claros de evaluación, y se establezca una doble vía de acceso a los interinos con concurso de méritos para los de más años.