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Investigadores en formación critican que la Universidad de Extremadura (UEx) les paga por debajo de lo que marca la ley. El Estatuto del Personal Investigador ... Predoctoral en Formación (EPIPF) se aprobó en 2019 y fijó unas retribuciones que la UEx no atiende, según la Asociación de Doctorandos de la UEx. En unas situación análoga se encuentra el Personal Contratado Investigador (PCI). Por ello, ayer se reunieron en Cáceres con el rector, Pedro Fernández y la consejera de Investigación, María de Guía Córdoba. Este diario ha preguntado a la Universidad de Extremadura su versión, pero prefiere no hacer declaraciones.
Según los afectados, les han prometido que en los próximos presupuestos la UEx recogerán sus demandas después de que no les hayan pagado ni la subida salarial que entró en vigor en enero de 2023 para los empleados públicos, primero del 2,5% y luego del 0,5%, ni lo que marca el Estatuto, lo que se traduce en deudas de entre 600 y mil euros anuales a cada uno de estos investigadores, cantidad que va subiendo a medida que pasa el tiempo.
Los afectados señalan que en varias ocasiones les han prometido que recibirán el dinero que la UEx les adeuda, la última vez en junio del año pasado, cuando les emplazaron a septiembre, pero cuando llegó ese mes les dijeron que esperaran a enero. Al no haber cumplido la UEx, solicitaron la reunión de ayer, en la que les han vuelto a decir que esperen a que se aprueben los próximos presupuestos. Este personal investigador cobra entre 1.478 euros brutos al mes (primer año) y 1.979 euros brutos (cuarto año). Los impagos, dicen, afectan a «varios cientos de investigadores».
ADUEx e InvestigaEx
Afectados
Tanto la Asociación de Doctorandos de la Universidad de Extremadura (ADUEx) como la Agrupación Extremeña de Jóvenes Profesionales de la Investigación (InvestigaEx) consideran «crucial garantizar el respeto y protección de los derechos laborales y la dignidad de los doctorandos y el personal investigador, colectivos que contribuyen significativamente a la comunidad académica. Estos atrasos representan una deuda pendiente con los trabajadores y un quebrantamiento del diálogo social. El cumplimiento de la palabra dada garantizaría un trato justo para quienes dedican años de su vida a la investigación», señalan en una nota de prensa.
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