Investigados por el robo de cobre en Extremadura y otras regiones declaran este martes

El letrado José Antonio Sires, del Bufete Sires Abogados y encargado de la defensa de varios de los encartados, ha manifestado al respecto, en declaraciones a Europa Press, que de este modo, este martes «llegará el turno para defenderse» ante el juez instructor, para 15 de los 23 investigados, diez de ellos de nacionalidad rumana y los cinco restantes españoles.

Entre los 15 citados a comparecer, según ha precisado el abogado, figuran precisamente «los principales» investigados por esta organización.

Para el desmantelamiento de esta red, según informaba la Guardia Civil, fueron acometidos 16 registros en las localidades sevillanas de Guillena, Camas y Sevilla capital. Durante esas operaciones se intervinieron 3,2 toneladas de cobre, 70.865 euros en metálico, múltiples herramientas específicas para el robo de este material, maquinaria especializada para el tratamiento del cobre, un escopeta del calibre 12 que se encontraba sustraída, 39 teléfonos móviles, ordenadores y joyas valorados en 109.000 euros, además de nueve vehículos y útiles para la comisión de los delitos.

Los investigadores atribuyeron a esta organización un total de 103 delitos de robo cometidos por valor de 1,3 millones de euros, la mitad de este dinero en concepto de daños provocados en los robos.

Para la Guardia Civil, esta organización estaba «perfectamente estructurada y jerarquizada e integrada por distintos clanes o familias provenientes de países del Este», que se dedicaban a cometer los robos mientras otro grupo regentaba desguaces o chatarrerías, donde compraban los efectos sustraídos, consiguiendo de esta manera «suculentos beneficios de los ilícitos».

Tras los robos, los miembros de la organización encargados de la receptación del material sustraído compraban el cobre y lo introducían en el mercado legal a través de una empresa de recuperación de metales y residuos ubicada en la localidad de Guillena. Este grupo revendía el cobre robado a más del doble del precio que lo compraban, obteniendo «grandes beneficios» por ello, según la Guardia Civil.

Según un reciente auto del TSJA, las pesquisas han puesto de releieve «un grupo y subgrupos muy numeroso de personas asentadas en Sevilla capital y poblaciones cercanas, dedicados unos a perpetrar robos de cables de cobre, para después venderlos a otros subgrupos».

«La mecánica comisiva», según el Alto tribunal andaluz, «permite constatar de forma indiciaria el reparto de tareas delictivas tendentes a un mismo fin, actuando de manera concertada y coordinada en la comisión de cada uno de los actos delictivos».