El juzgado de Zafra asume el caso del fraude del aceite

A los investigados se les considera presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, relativa al mercado y consumidores, y contra la salud pública. El hecho de que el juzgado de Zafra asuma el caso responde a la denuncia que presentó la Junta de Extremadura ante la Guardia Civil en ese municipio del sur extremeño. Allí, en una nave de la localidad segedana, se almacenaba gran parte de los miles de litros de aceite retirados del mercado en Extremadura cuando se detectó que había posible fraude en el etiquetado. No solo eso. Más tarde, cuando se realizaron las primeras muestras de aceite decomisado, se confirmó que no era de oliva sino lampante, no apto para el consumo.

Se da la circunstancia de que de Zafra procedía el primer lote de garrafas de aceites que se distribuyeron en Salvatierra de los Barros (1.590 habitantes, Sierra Suroeste) y en otros pueblos del entorno sobre los que la Junta realizó los primeros análisis sanitarios.

Ahora, la Guardia Civil ha terminado la investigación del caso, la llamada 'operación 'Edesia'. Comenzó tras la alerta sanitaria emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), en la que comunicaban que supuestamente empresas dedicadas al envasado y distribución de aceites, estarían comercializando de manera irregular aceite de oliva con deficiencias e irregularidades en su etiquetado, careciendo de registro sanitario y, por tanto, fuera de control oficial en su trazabilidad en Extremadura. De la investigación se encargó el equipo del servicio de protección de la naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz.

Durante la investigación de los agentes, en colaboración de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura, así como farmacéuticos y veterinarios de distintas áreas de salud y análisis realizados por el laboratorio de referencia, se comprobó que el producto se estaba ofreciendo para su venta al público envasado en garrafas de 5 litros, etiquetado como aceite de oliva virgen extra (AOVE) cuando en realidad no lo era, tratándose de mezclas de aceite vegetal con aceites de oliva refinados (orujo de oliva), conocidas más comúnmente en el sector alimentario como 'aceite lampante', este se caracteriza por ser de muy mala calidad y «no apto para consumo humano», según informa el instituto armado. El producto fue localizado en múltiples puntos de venta en las provincias de Badajoz y Cáceres en diferentes sitios. Desde mercadillos y gasolineras, hasta en almacenes y en tiendas de barrio y establecimientos alimentarios de mayor volumen.

El etiquetado de estas garrafas carecía de información real de la composición del producto ofertado, así como registro sanitario por algunos operadores comerciales partícipes en la producción, envasado y distribución del mismo, que evidenciaban graves defectos de trazabilidad en aras a eludir su verdadero origen. Por todo ello, se declaró de «no apto para su consumo» al no existir un control y se declaró la retirada inmediata del mercado de 17 marcas afectadas, 13 de ellas de venta en Extremadura. En total, se han inmovilizado unos 70.000 litros, la mayor parte en Extremadura.

La cifra se corresponde con dos alertas alimentarias, como ya adelantó HOY. Unas 50.000 son litros retirados de la alerta decretada entre noviembre y diciembre (de la que no se informó en su día) y 26.000 son de la alerta que estalló en marzo y sí se dio completo detalle.

Los investigadores del Seprona han identificado tanto a los productores y envasadores como a los etiquetadores y distribuidores.

Según los agentes, la ubicación e identidad de los productores de las mezclas, así como sus envasadores, estaban ubicados en Córdoba y Sevilla, por lo que se solicitó el apoyo del Seprona en estas provincia, quienes instruyeron diligencias a tres de estos.

Con las pruebas incriminatorias, se le han instruido diligencias como investigados a siete vecinos de la provincia de Sevilla como productores, envasadores y etiquetadores y dos en la provincia de Badajoz como etiquetadores y distribuidores a los que se considera presuntos autores del comercio ilegal de aceite de oliva virgen extra por estafa, falsedad documental, relativo al mercado y los consumidores, así como contra la salud pública.