
17 años hace que dos asociaciones ecologistas (Adenex y Ecologistas en Acción-CODA) llevaron a los tribunales las obras que se estaban construyendo en la Zepa (Zona de Especial Protección de Aves) del embalse de Valdecañas. Difícil resultaba entonces imaginar que esa denuncia daría pie a una causa judicial tan larga y complejo, que ha pasado ya por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, El Supremo y ahora está en el Constitucional. Y que quizás llegue también al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Dos sentencias han ordenado el derribo del complejo residencial y de ocio ubicado en El Gordo y Berrocalejo, cerca de Navalmoral de la Mata, pero la ejecución de los fallos está suspendida cautelarmente, a la espera de que el Constitucional resuelva sobre tres recursos que se oponen a la demolición. Uno lo presentó la Junta de Extremadura, otro los dos ayuntamientos y el tercero las comunidades de propietarios del resort, un espacio enorme en el que tienen casa algunas las mayores fortunas de España. Así es Marina Isla Valdecañas.
Tras casi dos décadas de recursos y resoluciones, y de polémicas que han trascendido lo judicial para alcanzar la esfera política extremeña, el futuro de Marina Isla Valdecañas sigue sin resolverse, pendiente de los tribunales. La reciente providencia del Constitucional ha pospuesto el final de un procedimiento judicial que suscita interés más allá de Extremadura. El resort sigue teniendo muchos ojos pendientes de él. A su pesar.
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