Los jueces extremeños de violencia de género rechazan asumir nuevas competencias sin contar con más recursos

Aunque en el caso de los juzgados de violencia de género no se aplicará hasta dentro de nueve meses, el próximo septiembre, «rechazamos que se apruebe una ley que conlleva un incremento sobresaliente de nuestras competencias sin que se haya determinado antes cómo asumirlas», resume Cristina Mendigutía, titular del juzgado de violencia contra la mujer de la provincia de Cáceres.

Además de este juzgado provincial especializado en violencia de género, en Extremadura hay otros 14, por cada uno de los partidos judiciales de la provincia pacense, que conoce este tipo de causas. Todos ellos, a excepción del de Badajoz capital, son mixtos o, lo que es lo mismo, además de casos de violencia llevan también civiles y penales.

Los asuntos de violencia de género que vienen viendo hasta ahora estos juzgados son aquellos en los que la víctima ha tenido o tiene una relación sentimental con su agresor. La nueva ley, por el contrario, traspasa a los juzgados de violencia de género todos los delitos en los que la víctima sea una mujer.

«De este modo, asumiríamos también todas las agresiones a mujeres, sin que medie relación sentimental, así como asuntos relacionados con matrimonios forzados, mutilación genital femenina, trata y acoso con connotación sexual cuando la víctima sea una mujer», detalla la jueza de violencia de la provincia cacereña.

La ampliación de las causas conllevará un aumento muy importante de los procedimientos. «Solo en los asuntos por motivo de las agresiones, de los 10 casos de media que vemos al mes en el juzgado, pasaríamos a una media de 55 porque asumiríamos agresiones a mujeres por personas con las que no tienen ni han tenido relación sentimental», explica Cristina Mendigutía.

Un incremento sobresaliente que se daría tanto en el juzgado provincial de Cáceres como en el especializado en violencia de género de la capital pacense, los dos que en la región ven exclusivamente asuntos de violencia de género. El resto de Extremadura, que también lleva a cabo procedimientos de esta materia, son los 13 restantes que hay en los partidos judiciales de la provincia de Badajoz, en todos los casos juzgados mixtos.

Pero el incremento de causas llega en un momento en el que los juzgados especializados ya están saturados. «Este provincial se diseñó para tramitar 1.600 procedimientos y hemos superado los 2.000. Si ya estamos sobrepasados, los nuevos procedimientos nos van a colapsar».

«La sobrecarga que conlleva la nueva ley desvirtúa el objetivo que motivó la creación de los juzgados especializados en violencia de género», sostiene Mendigutía. «Esa sobrecarga hará imposible conceder a las víctimas de violencia de género el cuidado y la atención que requieren; sus declaraciones no duran 15 minutos, no estamos hablando de un hurto en un supermercado», expone. Por eso, al igual que está ocurriendo en el resto del país, «los jueces de Extremadura también nos oponemos a que nos aumenten las competencias sin ampliar los recursos al mismo tiempo. Esto conllevará una merma notable en la atención que requieren las víctimas de violencia de género».

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ante las quejas de los jueces, ha asegurado que el Gobierno trabaja en la modificación de un Real Decreto para adaptar los juzgados de violencia de género a la nueva carga de trabajo que asumirán y ha adelantado, en este sentido, que en los próximos 9 meses se transformarán algunos juzgados de instrucción en juzgados de violencia de género y se ampliarán los recursos para dar salida al incremento laboral.

«Estamos en contra de que se apruebe una ley antes de disponer de los recursos para poder aplicarla, dudamos de que en nueve meses haya tiempo para contar con los recursos y rechazamos que consistan en la reconversión de juzgados de instrucción en secciones de violencia de género», afirma Mendigutía. «Ese cambio supondrá solo trasladar el problema, porque generaría más carga a los juzgados de instrucción que seguirían como tales; la solución no es pasar la sobrecarga sino crear más juzgados y plazas de jueces, aumentar el personal», indica.

No es la única reivindicación laboral de los jueces. También reclaman que quienes juzgan asuntos de violencia de género en las audiencias provinciales, por ser las penas que se solicitan para los acusados superiores a nueve años de cárcel, tengan la especialización. «Ésta es una realidad en la primera instancia, pero no se exige en segunda; todos los jueces podemos optar a esos puestos porque en mi caso por ejemplo, aunque especializada en violencia de género, no se tiene en cuenta para optar a una plaza en la audiencia; a estos efectos se nos considera jueces mixtos y creemos que esta realidad, si de verdad queremos avanzar en la especialización, debe cambiar», concluye la jueza del provincial de Cáceres.