Los jueces que mantienen la paz en el pueblo

José Pedro Farrona trabaja en un complejo hotelero en el kilómetro 730 de la A-66, en el término municipal de Monesterio. Es el encargado del autoservicio durante el turno de noche. Sin embargo, cuando sale por la puerta de ese establecimiento, se convierte en juez. Este hombre de 55 años se sabe la carta del restaurante igual de bien que muchos de los artículos que hay en el Código Civil y Penal. En su día a día compagina su tarea en torno a comidas de restaurante con la de mediador en pequeños conflictos entre vecinos. También lleva el control de los nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios del pueblo. Él está al frente del juzgado de paz desde hace 11 años de la localidad pacense de Monesterio. Fue elegido por la mayoría absoluta del pleno del ayuntamiento, al igual que las 367 personas que ejercen ese cargo de manera titular en la región extremeña, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Son nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y sus despachos están ubicados en los municipios donde no existe juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

Para acceder a ello, según la Ley Orgánica 6/1985, del 1 de julio, del Poder Judicial, puede ser nombrado juez de paz cualquier persona que sea española, mayor de edad y que no esté condenada por ningún delito. Para demostrarlo deben presentar un certificado de penales.

Además, el juez de paz está obligado a residir en la población que tenga su sede dicho juzgado. Sin embargo, el TSJEx puede autorizar la residencia en un lugar diferente si es por una causa justificada.

Por regla general, asumen competencias de menor importancia sobre todo del orden civil. Asimismo facilitan la comunicación de los demás órganos judiciales con los ciudadanos residentes en los municipios donde el juzgado de paz tiene su sede.

Pero si por algo se les conoce en los pueblos donde desarrollan su labor es por su papel conciliador entre dos partes enfrentadas. Intentan que lleguen a un acuerdo con el objetivo de evitar un proceso judicial. «Normalmente hacemos de mediadores cuando hay riñas entre vecinos. No son casos complicados, aunque en ocasiones sí son bastante curiosos. Los hay que vienen porque le han hecho un agujero en la fachada de su casa o por problemas de goteras. Intento que lleguen a un acuerdo, la mayoría de las veces es así pero en otras ocasiones es imposible», confiesa Farrona.

Los juicios verbales a los que se refiere son sobre reclamaciones que no pueden superar los 90 euros. «Son pequeñas disputas», matiza Farrona, que dedica a esta función unas siete horas a la semana.

En lo que va de 2018 ha intervenido en una decena de asuntos. «Aunque no es mucho, algo de trabajo le quitamos al juzgado de Zafra», aclara tras aludir a otras funciones que desempeña. Suele llevar el control de los nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios. También expide libros de familia y celebra bodas.

Antes los juzgados de paz acogían juicios de faltas como amenazas, coacciones, maltrato de animales domésticos o perturbaciones del orden y daños leves de bienes inmuebles. Sin embargo, con la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vieron reducidas sus funciones.

«Nosotros no podemos darle la razón a un vecino o a otro. Si no lo solucionan tienen que recurrir a otra vía. No tenemos potestad para eso», explica José Pedro, quien apunta a que «es muy probable que renueve por otros cuatro año más». Lamenta que no haya personas que suelan estar dispuestas a ser juez de paz.

Hace unos años el perfil de esta figura en Extremadura era el de un hombre mayor sin estudios universitarios que había estado toda su vida trabajando en el municipio. Sin embargo, eso está cambiando con el paso de tiempo. Va disminuyendo la media de edad, aumenta el número de licenciados en Derecho y también hay juezas.

De hecho, actualmente existen varios ejemplos que ponen de manifiesto esa nueva tendencia. Hay mujeres, con y sin estudios, jóvenes y de mediana edad que también están al frente del juzgado de paz de su pueblo. Es el caso de Rocío Lorenzo, que vive en Aliseda y se encarga de dicha sala desde 2016. Cursó un ciclo de grado superior de Administración y Finanzas y actualmente estudia Derecho por la Uned. Lo compagina con las clases de flamenco que imparte a una veintena de mujeres en su localidad. Antes también trabajaba en el ayuntamiento pero su contrato finalizó hace una semana.

«Cuando opté a ser juez de paz de Aliseda hubo una decena de candidatos. Nos hicieron un examen y, entre los que mejor lo hicimos, eligió el Pleno por mayoría», recuerda Rocío, quien reconoce que tomó esta decisión para poner en práctica sus estudios. «También me hacía especial ilusión sacar en Semana Santa a nuestra patrona, la Virgen del Campo, de la iglesia. Es algo que hacen cada año el alcalde, el juez de paz, el sargento y representantes de la cofradía», comenta.

Esa es una de las funciones que desarrolla durante el año. Las otras pasan por firmar documentos relacionados con el registro civil y por actos de conciliación. «Recuerdo uno en el que dos vecinos discutían por la extensión que les correspondía de un olivar. Hay diferentes casos y la mayoría no se suelen solucionar», detalla esta joven, que lamenta lo poco valorado que están los juzgados de paz actualmente. «Tengo que estar 24 de horas de guardia. Si se muere alguien a las tres de la madrugada, necesitan mi firma para la licencia de sepultura. Lo hago encantada, es solo un ejemplo», matiza. «Además, deberíamos recibir acciones formativas conjuntas como cursos para desarrollar este tipo de trabajo», añade.

En ese sentido están encaminadas algunas de las reivindicaciones de las diferentes asociaciones de jueces de paz que hay en varias comunidades autónomas. En Extremadura no existe ninguna que agrupe a todas las personas que ocupan estos puestos.

Una de las más activas está en Madrid. De hecho, ha enviado una carta al Ministerio de Justicia para reclamar mejoras en la retribución económica, más competencias, nuevos recursos materiales y humanos, así como soluciones ante los problemas que supone la disponibilidad total.

Lo que está claro es que los jueces de paz realizan este trabajo por servir a sus vecinos. Reconocen que la compensación económica que reciben no es muy alta y depende del número de habitantes que tenga la localidad.

Los que ejercen en municipios con menos de 2.000 personas cobran 1.110 euros al año. En los que hay empadronados entre 2.000 y 5.000, la cifra asciende a 1.666. Para los pueblos donde viven entre 5.000 y 7.000 vecinos, la asignación es de 2.221. En el siguiente tramo se agrupan los que tienen hasta 15.000 habitantes. En ellos cobran 3.332 euros. Los que sobrepasan esa población perciben 4.442 euros.

Domingo Fernández recibe unos cien al mes, tiene 64 años y vive desde los 14 en la localidad cacereña de Arroyo de la Luz. Antes de ser juez de paz, cargo al que accedió en septiembre de 2015, trabajó en el departamento de personal de una empresa en Barcelona, de encofrador en la central nuclear de Almaraz y de empleado de notaría. Los últimos años de su vida laboral fue director de una entidad bancaria en el municipio arroyano.

«Vengo todas las mañanas al juzgado de paz, con este trabajo intento servir a mis vecinos y hacerles la vida más fácil», comenta Fernández mientras coloca uno de los libros del registro civil en los que están los documentos que certifican los nacimientos, matrimonios y fallecimientos desde 1871 en Arroyo de al Luz.

Asegura que esta figura es conocida por la mayoría de vecinos. De hecho, si se les pregunta por el despacho del juez de paz a las personas mayores de Arroyo, casi todas saben guiarte hasta el número 30 de la Travesía Regajal, donde se ubica. No sucede los mismo con los jóvenes. «No lo conocen ni lo utilizan tanto», reconoce Domingo.

Los datos confirman su reflexión. Las nuevas generaciones utilizan menos este servicio. Los juzgados de paz de Extremadura resolvieron 38.102 asuntos en el año 2017.

De ellos, 15.088 fueron civiles que se dividieron en juicios verbales, que solo se registró uno; en actos de conciliación, con 614, y en 11.510 exhortos civiles, que se refiere a la solicitud de cooperación judicial que un juzgado hace a otro. Normalmente es una notificación, requerimiento o emplazamiento que ha de efectuarse a una persona. Finalmente, la estadística alude a restos de asuntos que no especifica. En ellos agrupa 2.963. Por provincias, Badajoz registró 9.482 y Cáceres un total de 5.606.

Si se atiende a los asuntos penales, la cifra llega hasta los 23.014. De ellos, 19.287 fueron exhortos y 3.727 no se especifican. En la provincia pacense resolvieron 12.961 y en la cacereña 10.053.

Si se comparan con los datos de hace una década, se observa que esta figura ha ido perdiendo trabajo con el paso del tiempo. En 2007, se registraron un total de 20.812 asuntos civiles y 25.673 penales en la región extremeña. Sumaron 46.875, lo que supone un 18,71% más que actualmente.

Pese al descenso del número de asuntos resueltos, ciudadanos y profesionales de carrera judicial coinciden en que «la labor de los juzgados de paz es necesaria». Apuntan a que el relevo generacional es positivo. Ya se está produciendo en varias localidades de la región y esperan que siga así.

Es el número de asuntos que resolvieron los juzgados de paz de Extremadura en 2017. Cada año son menos y si se comparan con los de hace una década se observa un descenso del 18,71%. En 2007 se registraron un total de 46.875.

Mª Ángeles Martínez Mauricio es pionera en el pueblo en el que vive por partida doble. Es la primera mujer taxista de Santa Amalia y jueza de paz, un puesto que, por regla general, lo han ocupado hombres en la mayoría de los municipios de Extremadura. Sin embargo, eso está cambiando en la última década y tanto en la provincia pacense como en la cacereña hay cada vez más ejemplos.

Ella tiene 44 años y desde 2012 es la encargada de realizar sobre todo las labores del registro civil. Lleva los libros de nacimientos, fallecimientos y matrimonios. «Oficio bodas y es una de las funciones que más me gusta. Sobre todo cuando me felicitan por haberlo hecho bien», reconoce.

A este puesto llegó porque vio en el tablón de anuncios del ayuntamiento que solicitaban juez de paz. «Decidí presentarme y fui la única que optó al puesto, que es por cuatro años y se puede renovar».

Confiesa que cuando empezó a interesarse por ello era una figura de la que había oído hablar, pero no conocía en profundidad sus competencias. «Tenía algunas nociones. Por ejemplo, sabía que casaban y que cuando había elecciones uno de los cometidos era llevar los votos de los vecinos hasta el juzgado de Badajoz».

Mª Ángeles recibe unos 420 euros cada tres meses por ser jueza de paz en Santa Amalia, un municipio de 4.108 habitantes, según el INE. Aunque la retribución económica no es mucha, a ella le compensa. «No es un trabajo complicado. Lo único que puede dar más problemas son los actos de conciliación. En un pueblo pequeño todo el mundo se conoce y hay que saber mediar para no enemistarte con nadie. Al fin y al cabo nosotros intentamos que se pongan de acuerdo pero no damos la razón a ninguna de las partes».

Le gusta lo que hace y si se organiza bien no le quita mucho tiempo. Lo dice desde el coche que conduce cada día. Recorriendo kilómetros con él es como se gana la vida principalmente. Al taxi le dedica muchas más horas. «Mi marido y yo nos dedicamos a lo mismo y nos organizamos las rutas, pero ya se sabe que en esta profesión no hay horarios».