Qué está en juego en la mesa de funcionarios de Extremadura

La paz social entre la Junta de Extremadura y los sindicatos de la Mesa General de Negociación (UGT, CC OO y CSIF) saltó por los aires el pasado viernes. Después de un acuerdo sobre flexibilización de jornada en 2018, que ha terminado de materializarse hace unas semanas con el pago de un nuevo nivel de la carrera profesional, todo apuntaba a que la recuperación económica se trasladaba al bolsillo de los empleados públicos autonómicos. Pero el déficit regional del pasado año, que a falta de confirmación oficial rondará los 200 millones de euros, obliga a tomar medidas. Y el Ejecutivo autonómico trasladó una propuesta: abonar el 2% de subida salarial este año, lo que supone 40 millones de euros, a cambio de renunciar a mejoras pendientes. Hoy volverán a verse las caras en una reunión que podría terminar con acuerdo o con guerra total.

Las mejoras que están en juego son las que se firmaron en el acuerdo de 2018. Principalmente, dos. Por un lado, la reducción de horas lectivas para los docentes de Secundaria. En un marco de contención del gasto público, el Gobierno del PP acordó en 2012 que las horas lectivas semanales pasaran de 18 a 20. Hace dos años la Junta pactó con los sindicatos una reducción progresiva: de 20 a 19 en el curso 2018-2019 y de 19 a 18 en el presente.

La propuesta que hace ahora el Gobierno regional es revertir ese acuerdo y, por tanto, regresar a 19 horas lectivas a partir de septiembre.

Esa hora que se ha quitado en este curso obligó a incorporar a 230 profesores de Secundaria. Si se vuelve a la situación anterior, sobrarían esos contratos, lo que supondría para la Junta un ahorro de casi 10 millones de euros, según las tablas salariales actuales y sin contar con ningún complemento. Y para los docentes de plantilla implicaría un aumento de la carga de trabajo.

En cuanto a la carrera profesional, es un complemento anual que oscila entre 770 y 1.554 euros (dependiendo de la categoría del trabajador), por cada nivel reconocido.

Se estancó en el primero y el año pasado se pactó pagar la mitad del segundo en 2019 y el 100% a partir de 2020. El impacto económico no está estimado, pero solo el nivel 1 supone 13 millones. A esto habría que sumar el SES, que también acordó desbloquear nuevos niveles, lo que tendría un impacto de más de 7 millones este año.

Para la Junta, congelar estas mejoras es razonable y necesario. Para los sindicatos, en cambio, la subida del 2% es obligatoria y el resto de medidas son irrenunciables. Pase lo que pase hoy, en el aire quedará la desconfianza de cara a futuras negociaciones, ya que cualquier acuerdo estará en duda en función de la situación económica.