Un juez aprecia acoso laboral del director del Centro de Mínima Invasión

Pero el magistrado, titular del Juzgado de lo Social número 2 de Cáceres, va más allá y aprecia una situación de acoso laboral por parte del director científico del centro, Francisco Miguel Sánchez Margallo, hacia dicho empleado.

Los hechos se remontan al 21 de diciembre de 2019, cuando el trabajador remitió al director gerente, Luis Casas, un correo electrónico comunicando una situación de acoso laboral que, según afirmaba, «venía sufriendo por parte del director científico, Francisco Miguel Sánchez Margallo».

Con motivo de esa denuncia, hubo una reunión el 15 de enero de 2020 para analizar si se activaba o no el protocolo de acoso en dicho centro, ubicado en Cáceres. En ese encuentro, el trabajador manifestó que lo único que quería era que «le dejaran trabajar tranquilo», pero no se retractó del contenido de ese correo.

Como consecuencia de esa denuncia interna hecha por el trabajador, el 3 de febrero de 2020 recibió una notificación de la empresa en la que le informaba de una sanción de dos meses de suspensión de empleo y sueldo por la supuesta comisión de una falta muy grave.

El trabajador del CCMI se había decidido a comunicar la situación que vivía tras un episodio ocurrido el 4 de diciembre de 2019. Ese día tuvo conocimiento mientras trabajaba de que su suegra había sufrido un ictus. El empleado recibió permiso de su superior para ausentarse del centro. Sin embargo, cuando se encontraba en la zona de las puertas de quirófano fue abordado por el director científico que, según los hechos probados de la sentencia, se dirigió a él en los siguientes términos: «Se le paga por trabajar y no por hablar», y le conminó a que «volviera a su trabajo».

Según recoge la sentencia, el comentario lo hizo «en tono despectivo y delante de varias personas». Ante eso el trabajador le dijo que no le hablara así y Margallo trató de obligarle a que entrara en el quirófano, «llegando incluso al contacto físico con tal finalidad».

Con todo esto, el juez dice que la conducta del director científico constituye «un claro atentado a la dignidad del trabajador, que no tiene cabida alguna en la regulación de las relaciones laborales».

El magistrado indica que este único hecho no basta para demostrar el acoso laboral del que se queja el trabajador. Pero también subraya en el texto de la sentencia que «aunque no se ha probado con la misma claridad que el episodio que se produjo en las puertas de quirófano, existen indicios racionales y suficientes para dar por acreditada la situación de acoso que denunció en el 'mail'».

Consta que al menos en una ocasión anterior el empleado ya se había quejado de la conducta del director científico a su superior. También que el presidente del comité de empresa, en 2019, ya había oído rumores sobre que no había un buen trato a este empleado por parte de Sánchez Margallo.

Uno de los testigos que declararon en el juicio, propuesto por el centro, indicó que Margallo se dirigía habitualmente a su personal subalterno con «una exquisita cortesía», lo cual permite ver, según el juez, que el trato hacia el resto de empleados era muy diferente del que daba a este trabajador.

Para el magistrado también «resulta extraordinariamente significativa la reacción posterior al incidente». Tras lo sucedido, Sánchez Margallo conoció el problema que había tenido el trabajador (el ictus de su suegra, que falleció), pero no pidió disculpas por su comportamiento ni se puso en contacto con él para aclarar la situación. Por el contrario, se dirigió a la gerencia para poner una queja contra él por falta de respeto.

Por último, el magistrado valora que el trabajador nunca se ha retractado del contenido del correo que envió, sino que solo manifestó que no quería activar el protocolo de acoso laboral y «descarta cualquier intención de venganza frente a Sánchez Margallo». Añade que es una «expresión extraordinariamente significativa que se compadece plenamente con la situación de acoso denunciada, pues el mayor deseo que puede tener un trabajador que sufre acoso laboral es que le dejen tranquilo».

Tras esa argumentación, el juez dice que queda acreditada la situación de acoso laboral por parte de Sánchez Margallo que el trabajador denunció en su correo, y considera que la sanción fue «una represalia».

Sin embargo, el juez aclara que en este procedimiento no puede haber una condena por acoso laboral porque el trabajador solo demandó para impugnar la sanción recibida. Lo que sí hace el magistrado es ordenar que estos hechos se pongan en conocimiento tanto de la Inspección de Trabajo como de la Fiscalía.

Contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Cáceres no cabe recurso. No obstante, el CCMI y Sánchez Margallo tienen la opción de presentar queja ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que sí se les permita recurrir el fallo.